Los expertos culpan del caos urbanístico a la competencia conseguida por las autonomías
Bajo el sugerente título El Urbanismo: Una práctica teórica. Su dimensión moral y política, la Universidad Pontificia de Salamanca celebró ayer en Madrid una jornada de reflexión y debate sobre las circunstancias que han provocado el hecho de que sólo se hable de urbanismo para referirse a escándalos de corrupción y denuncias por delitos contra el medio ambiente.
Una de las conclusiones que arrojó el debate es que la transferencia de competencias en esta materia a las comunidades autónomas ha tenido mucho que ver en la situación de inseguridad jurídica en la que en ocasiones deben trabajar operadores públicos y privados, tal y como afirmó Francisco Perales, abogado socio de Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios.
Sobre el proyecto de ley estatal de suelo que actualmente se encuentra en tramitación en el Senado, Perales afirmó que, tal y como está redactada, puede plantear algunos problemas de inconstitucionalidad. En cuanto a los cambios que propone en el actual sistema de valoraciones, Perales advirtió que se generará una situación en la que cada terreno tendrá dos valores, el establecido por el justiprecio de la expropiación y el real de mercado que seguirá teniendo en consideración la transformación futura que sufrirá ese terreno.
Por su parte, el que fuera director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid de 1995 a 1999, Pedro Ortiz, lamentó que en urbanismo haya prevalecido sólo lo legal y no también lo ético. 'En urbanismo teníamos que haber pensado más en qué debíamos hacer y no en qué se podía hacer. Los políticos y los técnicos tendríamos que habernos sentado a debatir si un desarrollo urbanístico era bueno o malo para el conjunto de la ciudadanía y en los últimos 30 años se ha hablado poco en esos términos', explicó.
José María de la Riva, que también tuvo responsabilidades en esta materia como vocal del Consejo de Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid con el gobierno socialista, lamentó que las administraciones públicas hayan ido perdiendo poder en favor de los operadores privados. Criticó la desaparición del modelo de 'Madrid región' y el aislamiento de los nuevos ensanches.