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Energía

La CE da a España un mes para alegar sobre el déficit de tarifa

La Comisión Europea ha concedido un mes (a contar desde el 27 de febrero) para presentar alegaciones a su investigación sobre el déficit de la tarifa eléctrica en España, un régimen que a juicio del organismo comunitario generó unas ayudas de estado ilegales de 3.811 millones de euros en 2005.

Bruselas ofrece confidencialidad a todas las partes que deseen contribuir por escrito a un expediente que puede sacudir el mapa energético e industrial español. Entre los actores concernidos figuran desde las cinco compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Fenosa, Cantábrico y Elcogás) que han tenido que adelantar los fondos de Estado, a las grandes empresas consumidoras (como Alcoa, Arcelor y Asturiana del Zinc) que se han beneficiado.

El expediente también puede interesar a las organizaciones de consumidores, porque la presunta ayuda ilegal se financia con un recargo sobre el recibo de la luz durante 14 años.

'Toda ayuda ilegal puede recuperarse del beneficiario', advierte Bruselas en la carta que anuncia al Gobierno español la apertura del procedimiento. Y recuerda que, en este caso, la principal ventaja la han obtenido 'los usuarios profesionales finales, por la diferencia entre la tarifa y el precio del mercado liberalizado'. Y, en menor medida, 'los distribuidores, por el beneficio garantizado en sus actividades reguladas'.

Las ayudas para los usuarios de la llamada tarifa G-4 (gran consumidor industrial a muy alta tensión) pueden superar, según la CE, los 40 euros por megavatio. Para los 'grandes consumidores con suministro interrumpible' la tarifa es de 27 euros por megavatio frente a los 84 euros que podrían tener que pagar en un mercado totalmente liberalizado.

La investigación no afecta a las tarifas aplicadas a las pequeñas empresas (donde la diferencia ronda los 15 euros) ni a los hogares (que sin regulación sólo pagarían ocho euros más por megavatio).

Denunciante

Centrica ha sido la denunciante e instigadora del expediente. La compañía británica, que opera como comercializadora en España, ha facilitado a Bruselas detalles como el precio del kilovatio: 'Entre 10 y 20 euros por megavatio' sobre el coste medio conocido.

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