Las grandes ciudades reclaman más participación en impuestos estatales
Las grandes ciudades reclamaron este viernes al Gobierno central el aumento del porcentaje de participación en impuestos estatales que la Ley de Haciendas Locales les permite y que se encuentra en torno a un 2% del IRPF, IVA e impuestos especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos y cerveza).
La solicitud de mayor recaudación se hizo en el seno de unas jornadas tributarias organizadas por el Ayuntamiento de Madrid y que contó con la participación de representantes de los siete grandes municipios (Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Málaga, Sevilla y de la propia capital de España).
'Somos los que más riqueza aportamos al Estado, por el crecimiento de la población, y los que menos ingresos recibimos de ese mayor dinamismo económico', recalcó Montserrat Ballarín, responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, en una mesa redonda de cierre de las jornadas en la que estaban presentes los concejales de cinco de las siete grandes urbes.
La falta de financiación es una de las rémoras arrastradas en los últimos años por los municipios y a la que se dio sólo 'solución parcial', según los presentes, con la ley de Haciendas Locales, de 2003, en la que se aumentaron las subvenciones a todos los municipios y permitió, además, a los de mayor tamaño y las diputaciones provinciales participar de una cesta de impuestos estatales (el resto se financia exclusivamente de transferencias del Estado).
Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que esta financiación resulte insuficiente, dado el aumento demográfico y la asunción por los municipios de servicios sociales que les corresponde a las comunidades pero que no se ocupan de ellos (los denominados gastos impropios que acarrean los entes locales).
El incremento del porcentaje de impuestos estatales cedidos serviría también para vincular más las finanzas de estos municipios a los de la marcha de la economía en general. El Ayuntamiento de Madrid, regido por Alberto Ruiz-Gallardón, propone que de esta cesta de impuestos estatales se dé más importancia si cabe al IVA. 'Es el que mejor recoge la evolución de la economía', dijo Juan Bravo, concejal de Hacienda del consistorio madrileño. La intención de Gallardón es, no sólo aumentar el 1,79% del IVA que reciben las grandes ciudades de este tributo, unos 150 millones de euros anuales en el caso de Madrid, sino que se mejoren los procedimientos de cálculo (se efectúa en función del número de residentes), para que se incluya la población flotante de los grandes municipios. En Madrid entran y salen todos los días 1,8 millones de personas, que utilizan servicios municipales y no son computados para el cálculo del IVA. En Barcelona el 50% de los coches que circulan no están registrados en la ciudad, por lo que ni siquiera pagan el impuesto de circulación.
Tipos progresivos en el IBI
Las reclamaciones no sólo se circunscriben a los impuestos cedidos. Las grandes ciudades y el resto de municipios quieren también que se permita mayor margen para que impuestos como el de bienes inmuebles (IBI) se cobren de forma progresiva, según la circunstancia personal. Otra petición, ya sobre la mesa del Ministerio de Hacienda, consiste en que este tributo varíe en función de precios de mercado de las viviendas en vez de utilizar valores catastrales, muy desfasados. Hacienda ha dicho que esta negociación (una nueva ley de Haciendas Locales) se hará paralela a la de la financiación regional.
Buscan crear un G-7 dentro de la FEMP
'No queremos romper la unidad de acción en la Federación Española de Municipios (FEMP) pero consideramos que tenemos una especificidad que nos hace diferentes, con problemas distintos a los de los pequeños municipios', insistió Juan Bravo al término de la jornada. De hecho, los responsables de las grandes ciudades se mostraron partidarios de potenciar este tipo de reuniones con el fin de 'debatir y fijar propuestas conjuntas', en un futuro foro de grandes municipios, emulando al G-7 que reúne a los países más desarrollados del mundo.Todos ellos se hicieron eco de otra propuesta, que es también común al del resto de municipios. No es otra que la de pedir a las comunidades autónomas que arrimen el hombro, financiando los servicios que los municipios prestan en su nombre y que la FEMP cifra en 6.000 millones de euros.