Las regiones apuestan por contratar obras con financiación privada

España se ha convertido en tres años en el segundo país más activo de Europa tras el Reino Unido en la utilización de fórmulas de financiación público-privada para construir grandes infraestructuras de transporte y equipamientos. De los 183 proyectos licitados por 14.229 millones en ese periodo, el 53% (7.647 millones) fue de las regiones, con independencia de su color político.

Fueron muy criticadas a finales de los años noventa cuando estas fórmulas de financiación público-privadas comenzaron a implantarse en la Administración General del Estado. Sin embargo, ahora todos los gobiernos en los tres niveles de la administración las utilizan para financiar nuevas obras ante la escasez de recursos presupuestarios, según se pone de manifiesto en varios estudios realizados recientemente.

El análisis de la situación del sector concesional en España elaborado por KPMG revela que en la actualidad todas las regiones, a excepción de Extremadura, han construido o tienen en marcha proyectos de infraestructuras o equipamientos en los que el capital es aportado por uno o varios socios privados (ver mapa adjunto).

Los sectores tradicionales donde con más frecuencia se aplican estos sistemas son el del transporte por carretera, el tratamiento de residuos y desde hace muy poco tiempo las instalaciones hidráulicas.

Telecomunicaciones y defensa son los sectores donde no se aplica esta fórmula

Sin embargo, la necesidad de abordar nuevas obras, la falta de recursos públicos y la imposibilidad de incurrir en déficit ha precipitado que ya se estén llevando a cabo proyectos ferroviarios, tanto de trenes ligeros como metropolitanos o enlaces de largo recorrido (conexión Figueres-Perpiñán) e infraestructuras o equipamientos de índole social como hospitales, colegios o juzgados, según explica Ignacio Andino, de KPMG.

En contra de lo que ocurre en Reino Unido, en España todavía no se aplican estas fórmulas para construir dotaciones militares o equipamientos de telecomunicaciones, recuerda un estudio elaborado por PricewaterhouseCoopers (P&C).

Una vez consolidado el modelo y conocidas las condiciones que impone Eurostat para no tener que computar de una sola vez en el balance de la Administración los gastos contraídos, son ya numerosos los proyectos que se han apuntado a este sistema.

La Comunidad de Madrid tiene en marcha, entre otros, un plan de construcción de siete nuevos hospitales más la renovación de un octavo, cuya inversión supera los 700 millones de euros.

'En apenas tres años estarán inaugurados, cuando con los métodos tradicionales se habría tardado 10 años', destaca José Manuel Albaladejo, consejero-director general de Gerens, la empresa de consultoría en project management.

Fueron las autopistas de peaje tradicional las primeras obras en las que todo el riesgo fue trasladado al socio privado y se implantó el sistema de 'pago por uso', cada vez más arraigado en los principales países europeos.

Después llegó el peaje en sombra en el que los pagos los realiza la administración que licita la obra a cambio de que la empresa privada la construya y, ahora cada vez más también, la explote y mantenga en perfecto estado hasta el final de la concesión. æpermil;ste es el sistema que, por ejemplo, se emplea en el plan de hospitales madrileño sin que por ello el servicio de atención sanitaria deje de ser universal para todos los ciudadanos.

Y es que el fantasma de la privatización siempre ha planeado cuando las administraciones se han decantado por la utilización de estos métodos. Esto explicaría, según los analistas, que algunas formaciones políticas hayan tardado más en llevarlos a la práctica. De hecho, el Ministerio de Fomento, impulsor de la renovación de las autovías de primera generación mediante inversión privada que supondrá casi 5.000 millones de euros, ha hecho hincapié en que los usuarios no tendrán que pagar peaje alguno, aunque la gestión de estas carreteras pase a manos privadas.

Además de Madrid, gobernada por el PP, Cataluña, en manos del tripartito formado por PSC, ERC e IU también aplica estas fórmulas en la construcción de juzgados o comisarías. Y los ayuntamientos de Córdoba o Gijón, ambos en manos de formaciones de izquierdas, han puesto en marcha bajo la colaboración público-privada cocheras de autobuses, un palacio de congresos, un centro polideportivo o un parking municipal, entre otras dotaciones.

Desde Gerens y P&C coinciden en resaltar los efectos beneficiosos de este sistema. Al traspasar el riesgo de la construcción y posterior explotación de la infraestructura al capital privado, la disponibilidad de recursos con que deben contar las administraciones es menor. Pero, esto no quiere decir que 'por ello se retrase la puesta en marcha de proyectos que mejoran la competitividad y productividad de la economía', sostiene Sean Fitzpatrick, técnico del Consejo Económico y Social (CES) de Madrid.

Las únicas incertidumbres con las que trabajan las concesionarias son las que provienen del marco legal, ya que para que estas fórmulas sigan consolidándose es esencial la seguridad jurídica.

Centro de coordinación nacional

La creciente importancia que están adquiriendo estas fórmulas ha provocado que incluso las autoridades europeas estén planteándose elaborar una normativa europea al respecto.Desde España, empresas y expertos ven con buenos ojos la iniciativa, ya que todavía están recientes las llamadas de atención que Eurostat dedicó a Mintra, empresa pública de la Comunidad de Madrid encargada de llevar a cabo las obras de ampliación de la red de metro o las objeciones impuestas al proyecto del Ayuntamiento de la capital para soterrar la M-30 a través de la empresa mixta Madrid Calle 30. No obstante, los analistas reclaman que la futura ley comunitaria tenga en cuenta las especificaciones locales de cada territorio.Lo que sí es urgente, en opinión de los expertos, es que el Gobierno, de acuerdo con el resto de administraciones, decretara la creación de un organismo central encargado de coordinar e informar de todas las iniciativas que se realizan en cada región o ayuntamiento. 'Sería muy efectivo contar con una base de datos donde estuvieran volcadas todas las experiencias que se están llevando a cabo en cada momento', subraya José Manuel Albaladejo, consejero-director general de Gerens.