El difícil equilibrio de la vivienda
La bonanza de la economía española, que creció un 3,8% en el tercer trimestre, está en buena parte sustentada por la construcción. El Gobierno se enfrenta, según el autor, al complicado reto de mantener el motor que ésta supone para el PIB y, a la vez, frenar sus negativos efectos sociales o medioambientales
A la hora de evaluar la gestión de un Gobierno, sería injusto olvidarse de lo que fue su herencia y, en materia de vivienda, es preciso reconocer que la recibida por el PSOE en 2004 dejaba pocas posibilidades de actuación. El producto interior bruto del sector de construcción había pasado de 31.431 millones de euros en 1996, año en el que el PP accedió al poder, a 80.994 en 2004, con tasas de variación interanual del 15%, y que el mercado fuera capaz de absorber subidas de precios de las viviendas superiores al 17% resultaba milagroso, dada la existencia de más de tres millones de viviendas vacías, según el Censo de 2001, a las que se iba sumando la construcción anual de más de 600.000 nuevas viviendas.
Este milagro había sido posible por la conjunción de diversas causas, como unos tipos de interés bajos y un mercado de valores escasamente atractivo, lo que propiciaba la inversión en segundas viviendas, y por el acceso a la propiedad de viviendas principales de matrimonios, parejas o emancipados de generaciones del baby boom que superan los 800.000 efectivos, de inmigrantes y de quienes, por separarse o divorciarse, necesitaban una nueva vivienda. Además, han seguido incrementando la demanda de viviendas aquellas personas residentes en el extranjero, sobre todo de países comunitarios, que decidían tener en España una vivienda de carácter principal o secundario.
El Gobierno se ha visto obligado a una política tanmodesta como lade suavizar las subidas de precios, lo que parece que se está consiguiendo
Pero mantener este difícil equilibrio en un bien de naturaleza social como es la vivienda no deja de tener un coste importante para un Gobierno de izquierdas. El temor a actuar de manera decidida sobre un sector, como el de la construcción, que además de su señalada aportación al producto interior bruto, aglutina a 2,5 millones de ocupados directos más un número importante de los ocupados de otros sectores que contribuyen con sus inputs a la producción de dicho sector, limita extraordinariamente las posibilidades de tomar medidas como gravar las viviendas vacías o invadir el mercado de viviendas sociales, lo que acarrearía una caída de precios de consecuencias incalculables.
De este modo, el Gobierno, además de la nueva Ley del Suelo que todavía no ha podido surtir efecto, se ha visto obligado a una política tan modesta como la de suavizar las subidas de precios, lo que parece estarse consiguiendo al haberse reducido a la mitad los aumentos de precios que se registraban en 2004, evitando por todos los medios pinchar esa burbuja que acecha de modo permanente.
Nada más ilustrativo de la servidumbre heredada que la satisfacción mostrada porque los precios de la vivienda sólo hayan subido el 9,8% en el tercer trimestre de 2006 o porque el crédito hipotecario esté moderando su ritmo de crecimiento y sólo haya crecido en septiembre un 24,7% interanual.
Pero el problema de la vivienda no se restringe al difícil mantenimiento de su nivel de actividad sino que tiene muchas otras implicaciones en materia social y medioambiental. En relación con su aspecto social, al problema de un endeudamiento sin precedentes históricos se suman la subida que se está registrando en los tipos de interés, que encarece el abrumador endeudamiento de las familias, y las noticias de enriquecimientos escandalosos de alcaldes y concejales, que quizás no por casualidad se inician en un municipio como Marbella donde no había responsabilidad del PSOE ni del PP, pero que ya empiezan a salpicar a ayuntamientos gobernados por ambos partidos.
La combinación de estos dos factores es explosiva y, de hecho, comienzan a proliferar manifestaciones de toda índole donde, sobre todo los jóvenes, expresan su derecho a la vivienda sin tener que ser las víctimas propiciatorias del enriquecimiento de los especuladores.
Por lo que se refiere a los aspectos medioambientales, tal y como resalta el Informe sobre Sostenibilidad en España 2006, la ocupación de lo que denominan zonas artificiales, como por ejemplo el primer kilómetro de franja litoral, ha crecido desde 1987 hasta 2000 un 34,1%, estimándose en el informe un incremento acelerado entre 2000 y 2005.
El impacto ambiental de estas acciones es tremendamente negativo y un buen ejemplo de las consecuencias que puede acarrear la ocupación de suelo artificial lo ha ofrecido el municipio de Cee en La Coruña, donde se han juntado los efectos de los incendios de este verano con la construcción en espacios ganados al mar y a la ría, provocando inundaciones y la ruina marisquera.
Como se ve, un gran reto este de mantener el motor que la construcción está suponiendo para nuestra economía y, a la vez, conseguir frenar tantos efectos negativos como genera.
José Aranda. Economista y estadístico