TRIBUNA

Inmigración: cambio de ciclo histórico

No hay duda de que estamos ante un cambio de ciclo histórico. Durante casi 10 siglos los europeos hemos emigrado hacia otros continentes de forma continua y tan masiva como la inmigración que hoy padecemos. Con el fin del segundo milenio, se abría un nuevo ciclo en los movimientos migratorios de la Humanidad: Europa se ha erigido en el continente de destino de las migraciones masivas del resto del mundo.

Desde América, África y Asia, cuantos padecen miseria e indignidad se embarcan en una aventura llena de esperanza con rumbo hacia Europa. Poco a poco, de forma apenas perceptible a partir de los ochenta, de forma visible en los noventa, y con una dimensión desbordante y muchas veces trágica según avanza el nuevo milenio. Lo grave es que este fenómeno de la inmigración hacia Europa apenas si ha comenzado y perdurará decenas de años. Tendremos que extraer consecuencias políticas, económicas y sociales de este giro de la Historia.

Se dice que la inmigración actual hacia Europa es masiva y que la nuestra fue escalonada y con puesto de trabajo en destino. Craso error. La búsqueda de las especias, la exploración y extensión territorial, el comercio, las hambrunas, la persecución religiosa y política, etcétera, impulsó a millones de europeos a dejar el Continente en diferentes siglos. Cientos de miles de portugueses y españoles, así como de pioneros ingleses, emigraron a las Indias orientales y occidentales.

Más tarde, en el siglo XIX, un millón largo de alemanes emigraron a EE UU en apenas 10 años. Con el mismo destino, 1,5 millones de irlandeses dejaron atrás la hambruna de la patata de los años 1846 y 1847. También 18 millones de británicos, o el 25% de la población sueca -por seguir poniendo ejemplos de la hoy Europa rica-, y una decena larga de millones de españoles e italianos tomaron rumbo hacia América.

Aunque con frecuencia sólo se recuerda el tópico de la emigración española después de la Guerra Civil y en los años sesenta del siglo pasado, todos los europeos hemos emigrado masivamente durante siglos atrás.

En el nuevo ciclo de la Historia nos toca acoger, regular y controlar el movimiento migratorio. Encauzarlo. Aceptada la inevitabilidad del fenómeno, como la Historia no se puede detener, habrá que adoptar políticas que lo encaucen. Lo que no se puede hacer es dejar que lleguen de cualquier forma, esclavizados o al precio de su vida, por avión o en cayuco, en convoyes masivos de autocares por los Pirineos, soltándolos campo a través una vez aterrizados los aviones procedentes de Canarias o de Ceuta… Un Estado serio y civilizado no puede seguir haciendo lo que han hecho los sucesivos Gobiernos españoles. Ni es humano ni es propio de un Estado de Derecho.

La inmigración viene de todo el mundo pero sólo hacia la UE. Desde hace años sólo un porcentaje menor (que no supera el 20%) se dirige a EE UU y Canadá. Por cierto, debería hacernos pensar que la emigración mejor preparada de África y Asia encuentra destino legal en EE UU. Tampoco debe consolarnos a los españoles que este fenómeno lo padece toda Europa, pues no es cierto; sólo España de forma masiva por sus propias culpas, que es desde hace varios años el Estado que acoge cada año el mayor número de inmigrantes de la UE.

Desde 2005 casi la mitad de la inmigración que llega al Continente entra y se queda en España; sólo una pequeña parte va hacia otros Estados debido al endurecimiento de la política de expulsiones y de vigilancia en las empresas, así como a las escasas facilidades que se dan a la inmigración ilegal en Estados como Francia, Holanda, Alemania, Dinamarca, etcétera.

Esto debería hacer pensar al Gobierno de España, porque es un fenómeno alarmantemente español, en buena medida generado por la irresponsable política de las Administraciones públicas españolas. No podemos ni debemos seguir endosando la responsabilidad de las decisiones a la UE, aunque alguna tenga, pues es una competencia compartida y apenas ejercida. Claro que sería deseable que los Gobiernos nacionales y el europeo adoptasen decisiones en consecuencia con el largo ciclo que vamos a experimentar y porque el grueso del fenómeno migratorio está aún por llegar. Pero España sigue siendo un Estado soberano que debe controlar por sí mismo sus fronteras y adoptar una política de control y gestión de la inmigración.

Cientos de africanos muestran cada día que la soberanía territorial de España puede ser vulnerada sin que pase nada, pese a la retórica huera del Gobierno; saben que en su orilla más próxima hay un Estado europeo que carece, por laxitud consciente de sus tres Gobiernos últimos, de una política coherente y responsable de inmigración.

Otros miles de inmigrantes por vía aérea y terrestre, ilegales algunos en el momento de cruzar la frontera y los más, ilegales sobrevenidos, al caducar el visado de falso turista, confirman que en España se puede entrar de cualquier manera y permanecer ilegalmente años. Y que pasados 40 días -nada que ver con la cuarentena médica que pasaban los emigrantes a América-, son ciudadanos libres de vagar por nuestro país pero ilegales, pues se les dota, irónicamente como documentación identificadora, de una orden de expulsión que ninguna autoridad tiene intención de ejecutar.

Sin permiso de residencia, pero invitados a censarse en los ayuntamientos, y el INE los incluye en el censo oficial de población a todos los efectos, incluida la UE y el peso del voto de España en el Consejo. Sin permiso de trabajo, pero una gran mayoría lo encuentra. Así, cada año más de 400.000 gracias a esa cínica e inmoral política gubernamental que hipócritamente establece un cupo de 19.000 inmigrantes legales para favorecer esta apoteosis del trabajo barato y el tráfico ilegal de personas; y si permanecen dos años de residencia ilegal o tres trabajando sin permiso de trabajo, tendrán premio por violar nuestras leyes: por prescripción se legaliza su situación.

Si la economía española y el censo necesitan de esos 400.000 inmigrantes cada año, y hay una insaciable demanda de mano de obra barata para nuestro alto crecimiento, la única forma de parar la inmigración ilegal es poner fin a la política gubernamental tradicional de mantener canales estrechos para el mercado legal de trabajo y cupos ridículos para la inmigración legal. Una política de inmigración creíble y una gestión eficaz de las fronteras hará de la inmigración ilegal un fenómeno menor. Al menos se salvarán centenares de vidas humanas y la dignidad de decenas de miles sometidas a la trata y al tráfico de los nuevos negreros.

Araceli Mangas. Catedrática de Derecho Internacional de la Universidad de Salamanca