COLUMNA

Asignación tributaria, modernidad y democracia

Hace unos días el Gobierno, a través de su vicepresidenta primera, anunció la consecución de un acuerdo con la jerarquía de la Conferencia Episcopal para modificar el sistema de financiación de la Iglesia católica española a través del sistema de asignación tributaria. Según el anuncio de la vicepresidenta, los cambios acordados son básicamente dos. De una parte se aumentaría el porcentaje que cada contribuyente puede destinar de modo voluntario a sufragar los gastos de la Iglesia desde el actual 0,5239% hasta el 0,7%. De otra, desaparecería el límite inferior de financiación pública del que a modo de suelo garantizado dispone en la actualidad la Iglesia católica. Sin duda, el acuerdo anunciado es importante desde varias perspectivas.

En el plano social o sociopolítico es importante por ser la católica la Iglesia que, con mucha diferencia, tiene más seguidores en España. Por ello, cualquier acuerdo entre su jerarquía y el Gobierno es indudablemente positivo. No obstante, Zapatero se ha apresurado a rebajar el nivel del anuncio, manifestando que aún no hay nada firmado. No se comprende bien el alcance de dicha manifestación pero sí que viene motivada por las críticas de determinados sectores de su partido, y es que evidentemente los católicos no forman parte de la singular coalición arco iris que tanto cultiva y mima Zapatero. Por otra parte, llama la atención que en el proceso hayan estado aparcados el vicepresidente Solbes y sus colaboradores, cuando lo habitual ha sido el protagonismo de los componentes del equipo económico del Gobierno en estas negociaciones.

En el plano económico el acuerdo es importante por la dimensión potencial de las cifras vinculadas al mismo. Desconocemos el importe de la cuota íntegra global del IRPF correspondiente a 2005, dado que las últimas estadísticas oficiales de dicho impuesto que ha hecho públicas la Agencia Tributaria son ¡las de 2003! Aparcaremos la valoración del aludido apagón estadístico, aunque llama la atención el actual silencio de las voces que hace años clamaban, desde posiciones bien explícitamente políticas bien farisaicamente disfrazadas de técnicas, contra cualquier leve demora en la publicación de los datos tributarios. En todo caso, partiendo de los datos conocidos de la cuota íntegra global de 2003 y considerando que ha crecido al mismo ritmo que la recaudación líquida del impuesto, podemos estimar el importe máximo de asignación que, de haberse aplicado en 2005 el nuevo acuerdo, hubiera podido obtener la Iglesia católica en 385 millones de euros. Esta cifra es notablemente mayor que el límite superior que ha tenido en 2005 (289 millones) y que el importe que realmente ha percibido en dicho año (141 millones).

Finalmente, también la teoría de la Hacienda Pública proporciona un plano de análisis. En este punto, recordemos que el Gobierno de Felipe González introdujo como novedad la opción de los contribuyentes de decidir individualmente el destino de una parte de sus impuestos -sufragar los gastos de la Iglesia católica, los gastos de otras ONG elegidas por el Gobierno o los fines generales del Estado-. Esta reforma supuso una contribución más que interesante como aplicación práctica de los postulados teóricos de la moderna Escuela de Elección Pública. Posteriormente, en 1999, el Gobierno de Aznar mejoró el sistema al evitar que la elección entre la Iglesia católica y el resto de ONG fuera disyuntiva, permitiendo que cualquier contribuyente eligiera simultáneamente ambas opciones, repartiéndose en ese caso el importe de su asignación tributaria entre los dos destinos.

Pues bien, en la actualidad, dados los medios tecnológicos de la Agencia Tributaria y la eficacia mostrada en su uso -varias veces ponderados ambos desde estas líneas-, es frustrante que la reforma no vaya más lejos. No se trata tanto de pretender que satisfechas las necesidades básicas del Estado -defensa, justicia y seguridad, según la visión reduccionista de Adam Smith- cada contribuyente decida el destino de sus impuestos. Sin duda hay muchas más necesidades colectivas que deben financiarse por la vía impositiva.

Pero sí es cierto que hoy resulta técnicamente posible, y además deseable en términos de democracia, ampliar las posibilidades de elección del contribuyente. En este sentido, no se justifica que cuando un contribuyente opte total o parcialmente por destinar su asignación a 'otros fines sociales', deba dejar en manos del Gobierno la elección de las ONG beneficiarias. Lo razonable y lo democrático es que se le presentara una relación de ONG homologadas, y que fuera él quien eligiera las destinatarias. De ese modo se evitaría que, como ocurrió antaño, su impuesto sirva para financiar contra su voluntad a Las Valkirias. O bien que, como puede suceder hogaño, su contribución se destine contra su deseo a subvencionar cualquier asociación vinculada a Pedro Zerolo, a los Legionarios de Cristo o a los presos de ETA, por citar posibles ejemplos sin ninguna vinculación entre sí.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex director general de la Agencia Tributaria (1998-2001), presidente del Consejo Asesor de PAP-Tecnos y de EDG-Escuela de Negocios y ex presidente de la SEPI