Protección social en el Presupuesto de 2007

Las funciones del Estado en una economía de mercado son producir servicios no de mercado y redistribuir la renta originada por el funcionamiento del mercado. Vamos aquí a abordar el tema de la redistribución de la renta, o gastos de protección social como se denomina por Eurostat, cuyas principales prestaciones son las pensiones, la sanidad, la educación, el desempleo y los servicios sociales, si bien no trataremos aquí la educación, que fue tratada en mi artículo del 9 de octubre pasado. Vamos a ceñirnos a las pensiones y a la sanidad.

La política de protección social supone más del 50% del gasto de la Administración central (Estado, organismos autónomos administrativos y Seguridad Social), constituyendo el instrumento más idóneo para conseguir la cohesión social. El principal programa es el de pensiones, que crece el 5%, con una dotación de 91.453,18 millones de euros, crecimiento que es superior al del PIB previsto para la economía española. Las pensiones constituyen el principal instrumento que tenemos de cohesión social. Si no se tienen en cuenta los recursos que las familias reciben del Estado y de la Seguridad Social por pensiones y asistencia sanitaria gratuita, la mayor parte de las personas mayores caerían por debajo de la línea de la pobreza, por lo cual el Estado debe adoptar las medidas oportunas para hacer viable el sistema público de pensiones.

He puesto de manifiesto en varias ocasiones que nuestro sistema de pensiones contributivas no es viable. En 2003 un informe conjunto de la Comisión y del Consejo de la UE estimó que en 2050 el gasto en pensiones representaría el 17,3% del PIB, con un aumento sobre el año 2000 de ocho puntos del PIB, lo que supone en porcentaje un aumento del 84% en el periodo. ¿Qué hace el Presupuesto 2007 ante este hecho? Nada, inclusive lo agrava ya que el gasto crece en porcentaje por encima del de PIB y las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de Seguridad Social suben por encima del crecimiento del PIB, y para todas las pensiones se mantiene su poder adquisitivo revalorizándolas según la inflación real. Las pensiones del SOVI crecerán un punto por encima de la inflación. Sin embargo nada se hace para enfrentarse con los dos retos que tiene en el futuro el sistema público de pensiones: el demográfico y el de equidad (proporcionalidad).

La mejora de la eficiencia en la gestión de la prestación sanitaria tiene que venir de la implantación de un mercado mixto regulado

En cuanto al primero, un indicador del envejecimiento viene dado por el porcentaje de las personas mayores en la población total: en 2001 fue del 17% y en 2050 será superior al 30% de la población total. Otro indicador es la relación entre el número de ancianos y el número de jóvenes: a comienzos de este siglo, la relación entre unos y otros era igual a uno; en 2050, por cada joven existirán dos personas mayores, lo que hace insostenible para los activos la carga financiera de las pensiones. En relación con la equidad, el sistema adoloce de una falta absoluta de proporcionalidad, como lo muestran las tasas de sustitución entre el último salario de activo por el que haya cotizado y el importe de las pensiones del primer año: del 93% con 35 años cotizados, la más generosa de la UE, ya que debería ser para que exista equilibrio financiero del 63%. El Gobierno incluyó las pensiones dentro del campo del pacto social, sin que se adoptara ningún acuerdo.

Para hacer viable el sistema las soluciones serían: retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años; calcular la base reguladora de las pensiones en función de todo el periodo contributivo; que todos los regímenes de la Seguridad Social tengan la misma pensión contributiva; que el porcentaje que se aplique a la base reguladora para calcular la pensión sea proporcional al número de años cotizados. Para que exista equidad, las tasas de sustitución serán del 62,8% para los que trabajen 35 años, del 43,2% con 25 años y del 24,8% con 15 años. æpermil;ste es el panorama de nuestro régimen de pensiones públicas, que no se resuelve, como algunos dicen, con el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En cuanto a la sanidad, esta prestación corre a cargo de las comunidades autónomas, que la financian con sus propios impuestos, y genera los siguientes problemas:

¦bull; El de la fuerte inmigración, que hace necesario adaptar la infraestructura de la sanidad española a esta realidad.

¦bull; El segundo problema deriva del envejecimiento de la población, ya que según estudios empíricos realizados, cada persona de 65 años y más consume entre 3,5 y 5 veces más que una menor de 65 años, problema que se agrava por el alargamiento de la esperanza de vida; cuatro millones de personas engrosarán en el periodo 2001-2050 el grupo de los mayores. El envejecimiento se acelerará fuertemente a partir de 2015, cuando la generación del baby boom empiece a cumplir los 65 años.

¦bull; La mejora en la calidad de la prestación sanitaria es otro de los factores que propician el crecimiento del gasto. Bajo la rúbrica de prestación real media se incluye la introducción de nuevas tecnologías de mayor coste en equipo capital, cuya aplicación requiere además la utilización de personal más preparado y por tanto con mayor retribución, y la mejora de la relación personal sanitario por paciente.

¦bull; Hace 50 años que la asistencia sanitaria era suministrada por el mercado y pagada con la renta de cada persona, ya que se trata de un bien que reúne todas las características de los bienes privados (demanda individualizada y principio de exclusión). Los que carecían de renta eran atendidos por los médicos de la beneficencia. Al no funcionar el mercado de manera eficiente, se trasladó al poder público la satisfacción de esta necesidad, financiándola vía impuestos. Pero la financiación pública no implica que la producción tenga que ser también pública, pues al suprimirse la competencia en el suministro de un bien privado se originan un conjunto de ineficiencias que deberían eliminarse. La mejora de la eficiencia en la gestión de la prestación sanitaria es otro de los problemas pendientes de resolver, que tiene que venir precisamente de la implantación de un mercado mixto regulado, donde accedan agentes públicos y privados en competencia en la producción, pero manteniendo la financiación pública.

¦bull; Por último, existe el problema de si la prestación sanitaria debe ser totalmente gratuita o si por razones de eficiencia debe establecerse un copago para evitar consumos innecesarios. El copago debe incidir sobre todos los beneficiarios de la prestación, si bien por razones de equidad deberían quedar exceptuados los de baja renta, y no como sucede actualmente en el caso de los medicamentos en función de la categoría socioeconómica (pensionista).

José Barea.Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid