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Blindaje

Hacienda evita el fraude fiscal en el cambio de uso del suelo rústico

El Gobierno ha decidido redefinir específicamente lo que se entiende por suelo a efectos fiscales, para evitar que posteriores cambios normativos que efectúen las comunidades autónomas en sus leyes regionales sobre suelo acaben perjudicando la lucha contra el fraude fiscal.

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Cerca de 1?6 millones de propietarios, pendientes

La enmienda socialista al proyecto de ley de Prevención del Fraude afectará a un buen número de contribuyentes. En estos momentos y según los últimos datos actualizados por la Dirección General del Catastro, adscrita a Hacienda, hay 1,65 millones de contribuyentes con parcelas rústicas que están pendientes de renovación catastral, repartidos entre 1.500 de los 7.600 municipios de España. Una buena parte de ellos residen en pequeños municipios (menos de 2.000 habitantes). Otra buena parte, se encuentra en ciudades de mediano tamaño, que son, precisamente, las que están registrando un mayor dinamismo ligado a actividades inmobiliarias. Las valoraciones de suelo afectan a buen número de impuestos, entre ellos, el de bienes inmuebles (IBI), la llamada plusvalía municipal y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales.

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