Una norma con los pies en el suelo
El elevado precio de la vivienda es uno de los problemas -reales- que más preocupa a los ciudadanos, sobre todo a aquellos jóvenes que ven cómo su entrada al mercado laboral está muy lejos de abrirles la puerta de una casa en que vivir. En esa inflación del precio de la vivienda, advertida con insistencia entre otros organismos por el Banco de España, hay un componente que pesa de manera determinante, y demasiadas veces de forma artificial: el suelo. Un problema al que las autoridades tienen la obligación de buscar solución.
La nueva ley estatal del suelo, actualmente en trámite parlamentario, fija la división del suelo en dos tipos básicos, el urbano y el rústico, al margen de que este último pueda ser o no urbanizable. Pero la ley, según las competencias que ya tienen atribuidas, también reconoce a las comunidades autónomas la posibilidad de precisar la definición en cada uno de sus territorios, basándose en criterios medioambientales y de acceso a la vivienda. Además los ayuntamientos tiene competencia para acometer las recalificaciones que consideren convenientes. No es necesario esforzarse mucho para concluir que este escenario puede llevar a confusiones y divergencias interpretativas. Sobra recordar la creatividad normativa de que a veces hacen gala las Administraciones territoriales, no siempre con sentido común.
Por eso resulta más plausible la enmienda al proyecto de Ley de Prevención del Fraude Fiscal presentada por el Gobierno, a través del PSOE, en el Senado, para definir -con un cambio en la Ley del Catastro- qué se entiende por suelo urbano a efectos catastrales y tributarios, es decir, para blindar la definición de suelo 'ante la diversificación de las denominaciones del suelo y de sus clases ya vigentes o que se aprueben en el futuro por las normativas autonómicas'. Situaciones ambiguas, como un nuevo inmueble en suelo rústico que, en vez de uso agrícola, se emplee como vivienda, necesitan una clarificación. Un marco bien definido, además de poner los impuestos en su justa medida, puede ayudar a mejorar el mercado de la vivienda.