José María Cuevas opina sobre el Presupuesto
La favorable evolución de la economía española está amenazada por la inflación y los costes laborales, según el autor. En su opinión, los Presupuestos elaborados por el Gobierno para 2007 son insuficientes como instrumento de política económica para frenar estos dos puntos débiles y contribuir a la mejora de la competitividad
En los últimos años, la economía española ha mostrado una gran fortaleza, sin síntomas de debilitamiento, lo que la ha conducido a tasas de crecimiento iguales o superiores al 3% desde 2003, por encima de su potencial. Y, previsiblemente, acabará 2006 con un incremento PIB del 3,6%.
Sin embargo, no hay que olvidar que la economía española tiene dos puntos débiles, que a la larga pueden dañar la evolución favorable descrita. Primero, hay que destacar la inflación que, medida a través del crecimiento medio anual del IPC, está anclada en valores iguales o superiores al 3% desde 2000. Es más, los expertos señalan un crecimiento del 3,9% en 2006.
El proceso de descentralización de ingresos y gastos no debe poner en peligro la eficiencia de las funciones propias de la Administración general del Estado
En segundo lugar, y no menos importante, está el mayor incremento de los costes laborales por unidad de producto en España con respecto al registrado en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Siendo similares los costes de las materias primas y otros de producción, así como los costes financieros, entre las empresas españolas y europeas, los costes laborales adquieren una especial importancia.
El crecimiento de los costes laborales unitarios (CLU) ha venido moderándose desde 2000, pasando del entorno del 3% a situarse en el 2,2% en 2005. Sin embargo, han crecido entre 1998 y 2005 un 7,6% más en España que en el conjunto de la UEM. Como bien señala Ángel Laborda al aportar este dato, 'los aumentos salariales pueden calificarse de moderados cuando se analizan sólo en el contexto interno de la economía española, pero dejan de serlo cuando la comparación se hace con los del área del euro'.
Tengo que destacar que CEOE, al igual que el resto de los agentes sociales, ha contribuido al menor crecimiento de los CLU a través de la moderación salarial año a año. Pero los datos demuestran que es necesario que este esfuerzo de contención salarial continúe, con el fin de paliar la diferencia entre el crecimiento de los CLU en España y en la UEM, y al menos CEOE continuará perseverando para lograr este objetivo.
Volviendo a la inflación, hay que destacar que al problema de su elevada cifra debe añadirse que el crecimiento de nuestros precios supere el registrado por nuestros socios comunitarios, clientes y competidores, con los que intercambiamos más de dos tercios de nuestro comercio exterior. Esto nos hace perder competitividad, vía este diferencial de precios, no sólo frente la UE, sino también a otros países de la OCDE. Como muestra de este diferencial, basta observar la evolución de los precios en España y en la UEM, y comprobar que desde 1998 hasta la mitad de 2006, el IPC ha crecido en España casi un 10% más.
La pérdida de competitividad en los últimos años está reflejándose, desgraciadamente, en los datos de cuota de mercado de exportaciones y de saldo comercial, aun contando con el efecto positivo ejerce la mejora de la economía europea en nuestras ventas a esta zona. En 2005 España ha bajado un puesto en la clasificación de países exportadores en el comercio mundial de mercancías, del 16 al 17, con una cuota de peso en el comercio mundial del 1,8% frente al entorno del 2% de los dos años anteriores.
En cuanto al saldo exterior, la pérdida de competitividad y su efecto perjudicial sobre las exportaciones, junto a la fortaleza de las importaciones, derivada del vigor de la demanda interna, están haciendo mella, claramente, sobre el saldo de los intercambios de bienes y servicios con el exterior, que aumenta año a año a pasos agigantados. Nuestro déficit de la balanza por cuenta corriente en porcentaje del PIB está ya en los primeros puestos entre los países más avanzados, superando a países como Italia, Francia, Alemania, Reino Unido y EE UU. En términos monetarios, el saldo negativo sólo se ve superado por EE UU. Desde CEOE hace tiempo que venimos insistiendo en que el principal obstáculo para el sostenimiento de nuestro crecimiento, del empleo y de la aproximación de la renta per cápita española a la media de la UE es la inflación.
Un factor que está afectando de forma perjudicial al crecimiento de los precios es la fortaleza de la demanda interna, el principal motor actual de nuestra economía, y que está formada por la inversión y el consumo de las familias y del sector público.
Llegados a este punto, nos encontramos con que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2007 muestran un aumento del gasto similar al previsto para el PIB en términos nominales, con lo que el crecimiento del gasto del Estado tendrá un efecto neutral sobre la demanda agregada y mantendrá su tamaño dentro de la economía. Desde este punto de vista, nos parece que estos PGE son insuficientes como instrumento de política económica que podría ser utilizado para frenar la inflación y contribuir a la mejora de la competitividad.
Pero la lucha para mejorar la competitividad debe ser una tarea emprendida no sólo por el Estado, sino por el conjunto de las Administraciones públicas. No sólo debería obtenerse que el superávit de las cuentas del Estado para 2007 superase el 0,2% del PIB previsto, sino que además, las propias comunidades autónomas y las corporaciones locales deberían implicarse en mayor grado en mejorar, o al menos detener, el progresivo deterioro de la competitividad y no mostrar, para el conjunto de ambas un déficit equivalente al 0,2% del PIB.
En cuanto a la estructura del gasto, se acierta al potenciar las partidas dedicadas a impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. En este punto sería deseable que estos gastos se ejecutasen, en mayor proporción que hasta ahora, directamente por las empresas para responder a sus necesidades claramente orientadas al mercado.
Igualmente importante es el apoyo a la introducción y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto por las Administraciones como por las empresas y los ciudadanos. El conseguir, por ejemplo, que todos los ciudadanos tengan DNI electrónico supondrá un enorme avance. Asimismo, las competencias propias de la Administración general del Estado, como la seguridad de las personas y sus bienes, la justicia y la defensa exterior, deben contar con los recursos necesarios para un eficaz funcionamiento. Lo mismo se puede decir de la educación y la formación.
La subida que exige la UE del impuesto sobre hidrocarburos debe ser graduada en el tiempo para mitigar el efecto sobre los precios e ir acompañada del llamado gasóleo profesional, de forma que el sector de transportes pueda mantener su eficacia. Siendo España un país periférico, alejado del núcleo de los grandes consumidores de Europa, resulta fundamental preservar la eficiencia de este sector para que los bienes producidos en España y los que necesitamos importar transiten con los menores costes y la mayor eficiencia en su libramiento.
Es de destacar la importancia que tiene para nuestra competitividad el mantener el peso presupuestario en el desarrollo, mejora y conservación de las infraestructuras. Más allá de la información de que disponemos, las valoraciones del PGE quedan matizadas por la menor influencia del mismo sobre la actividad y los efectos de las políticas del sector público, debido al proceso de transferencia de competencias del Estado a otras Administraciones sobre las que no se dispone del mismo nivel de información. Así, en 2005 los ingresos y gastos del Estado eran menos de la mitad de los recursos y empleos que gestionaron las Administraciones públicas.
El proceso de descentralización de ingresos y gastos no debe poner en peligro la eficiencia de las funciones propias de la Administración general del Estado, ni la garantía que ésta supone en la necesaria y conveniente solidaridad interterritorial.
Presidente de CEOE