Las cajas están dispuestas a debatir bajar el peso político en sus consejos
Una vez que comience el curso, tras el periodo vacacional, las cajas están dispuestas a debatir con el Banco de España y Economía todas las recomendaciones señaladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el sector. Pretenden zanjar los recurrentes ataques a su modelo jurídico.
Salvo excepciones, todas las cajas de ahorros están satisfechas con las conclusiones emitidas por el FMI en su informe sobre la estabilidad del sistema financiero español, publicado el 14 de junio. En este análisis el FMI dedica una parte importante a las cajas de ahorros y a su papel dentro del panorama financiero del país. Destaca 'su favorable contribución a la expansión de los servicios financieros'.
El sector tampoco olvida la defensa que acaba de realizar el Parlamento Europeo a su modelo, al admitir la conveniencia para la competencia de la pluralidad de entidades financieras. Creen que con estos apoyos suficientemente solventes están a salvo de cualquier nuevo ataque en contra de su estatus jurídico. Las cajas son fundaciones privadas sin ánimo de lucro.
Pero reconocen que existen algunos puntos que deben mejorar y en los que hace hincapié el FMI, y las voces críticas al modelo de las cajas.
El Fondo Monetario insiste en que estas entidades financieras deberían reducir en sus órganos de gobierno 'los actuales techos de participación pública'. Ahora, el peso político en los consejos de administración de las cajas no debe superar el 50%.
Pero en muchas ocasiones, este límite se sobrepasa a través de la lista de impositores, personas o entidades fundadoras. Estos consejeros no están considerados, sin embargo, representantes políticos, ya que están en representación de otros sectores de la sociedad, como los clientes.
Es cierto, no obstante, que los partidos políticos aprovechan para incorporar a estas listas personas afines, que incluso pertenecen a los propios partidos. Un ejemplo está en Caja Madrid, última que ha celebrado elecciones para designar a los consejeros por la parte de impositores y trabajadores. Pero no es la única.
Estos sistemas de elección son totalmente legales y es una práctica bastante generalizada, pero también ha provocado varias críticas.
Por esta razón, el sector está dispuesto a bajar otra vez el porcentaje político o de representación pública en sus consejos y asambleas. Hace unos tres años que comenzaron a reducir a menos del 50% este peso, consecuencia de la Ley Financiera.
Admiten, no obstante, que será un proceso lento, y quieren contar con el apoyo del Gobierno y del Parlamento.
Ya el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, explicó en una entrevista a Cinco Días el pasado 7 de junio que una 'de las tareas a medio plazo es revisar la estructura de los consejos. Merece un análisis reposado'. El Fondo Monetario también se mostraba contrario a que bancos y cajas, pero sobre todo a estas últimas entidades, controlasen participaciones industriales. Y recomendaba a las autoridades a que introduzcan 'medidas regulatorias que desincentiven dichas inversiones'.
A pesar de que las cajas siguen comprando, también han comenzado a desinvertir, sobre todo en empresas cotizadas, las que aportan mayores riesgos por su volatilidad.
Ya entre compras y ventas en 2005 el saldo neto arrojó una desinversión en sociedades cotizadas 665,4 millones de euros. Las nuevas normas de contabilidad (NIIC) y la entrada en vigor de los novedosos requisitos de capital con Basilea II, que entrará en vigor el próximo año, penalizan estas participaciones.
Por esta razón, las propias cajas reconocen que es cuestión de tiempo el que poco a poco se desprendan de su cartera industrial. Quintás ya ha puesto fecha: 'en dos o tres años', reitera cada vez que se le pregunta sobre ello. A cambio, el sector quiere el mismo trato que los bancos en su salida al exterior. Quieren poder hacer compras fuera de la frontera española.
En defensa de las cuotas y de las fusiones interregionales
El organismo que encabeza Rodrigo Rato recomendaba al sector la conveniencia de que emitiese cuotas participativas (títulos similares a las acciones pero sin derechos políticos). Hasta ahora ninguna caja ha recurrido a su lanzamiento, pero varias cajas están dispuestas a su emisión. 'Cuando una caja lance cuotas las demás iremos detrás', afirma un alto ejecutivo de una caja mediana. El problema es convencer a los sindicatos de la conveniencia de este instrumento. La CNMV ya ha mostrado su posición favorable. Eliminar las restricciones a las fusiones de cajas de distintas comunidades es algo más difícil de conseguir. Pero el sector está dispuesto a abrir el debate.