Reforma de las pensiones, otra decepción

Se ha lanzado por miembros del Gobierno el mito de que el problema de las pensiones está ya resuelto y por tanto no hay que preocuparse de su viabilidad financiera. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social y la fuerte inmigración han sido los dos argumentos utilizados. Que la Seguridad Social presente desde el año 2000 un excedente, que se ha ido acumulando en el Fondo de Reserva, en ningún caso puede servir para considerar que el sistema de pensiones contributivas es sostenible en el futuro.

A partir de 2015 empezarán a cumplir 65 años los de la generación del baby boom y desde ese momento la Seguridad Social entrará en déficit, cualquiera que sea la cuantía del Fondo de Reserva. Dicho Fondo sólo sirve como un instrumento para financiar el déficit, pero en ningún caso lo elimina. Es el primer error conceptual del Gobierno y de los que piensan como él.

El segundo error conceptual proviene de considerar que con la inmigración tenemos resuelto el problema de la viabilidad del sistema de pensiones, pues mejora de manera notable, como ya ha sucedido, la relación entre cotizantes y pensionistas. Para los países de la UE que tengan un sistema de pensiones equitativo, es decir que lo aportado por cotizaciones sea proporcional a lo que se percibe de pensión, la entrada de inmigrantes será beneficiosa tanto para mantener el potencial de crecimiento de la economía como para la Seguridad Social.

Las causas reales que hacen insostenible el sistema son la falta de equidad y el envejecimiento de la población

En España sin embargo no sucede así, ya que la tasa de sustitución del último salario por el cual se ha cotizado y la primera pensión es del 93%, muy superior a la que correspondería para que existiera equilibrio financiero (63%), lo cual agrava el problema futuro, al estar prometiendo duros a cuatro pesetas. Pagamos una deuda con los cotizantes jubilados a cambio de contraer una deuda mayor para el futuro con los cotizantes en activo, entre ellos los inmigrantes. La consecuencia es la falta de viabilidad financiera del sistema.

Después de más de un año de negociación, el Gobierno y los agentes sociales han llegado a acuerdos puntuales sobre la reforma de las pensiones. Los acuerdos se refieren a que los trabajadores tendrán que cotizar 15 años reales para tener derecho a la pensión, prolongación de la vida laboral después de los 65 años con aumento de la pensión, derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho, jubilación parcial, jubilación anticipada, prejubilaciones y unificación de regímenes, es decir cuestiones puntuales.

Los dos temas fundamentales para hacer sostenible el sistema de pensiones: tomar la totalidad de la vida laboral para el cálculo de la base reguladora de la pensión y prolongar a 70 años la edad de jubilación han quedado aparcados, a pesar de lo establecido en el Pacto de Toledo. Estas reformas son las que marcan claramente a los verdaderos hombres de Estado, ya que soportan el coste político de su aprobación, en tanto que de los beneficios se apropiarán los que les sucedan. En resumen, el problema de sostenibilidad queda sin resolver.

Las causas reales que hacen insostenible el sistema son: la falta de equidad y el envejecimiento de la población. En cuanto a la equidad, nuestro sistema de pensiones públicas contributivas siempre ha pregonado la proporcionalidad entre lo aportado por cotizaciones sociales y lo percibido por pensiones, estableciendo por tanto como indicador de la equidad la proporcionalidad.

El coste del envejecimiento ha sido objeto de un informe elaborado conjuntamente por la Comisión Europea y el Comité de Política Económica. El impacto sobre las finanzas públicas del envejecimiento de la población será importante en casi todos los Estados miembros de la Unión y se acelerará a partir del 2010. Para España, prevé que el gasto público en pensiones aumentará en el periodo 2004-2050 en 7,1 puntos del PIB, en sanidad 2,2 puntos y en el cuidado de las personas mayores subirá 0,2 puntos, sin tener en cuenta el coste del proyecto de Ley de Dependencia.

En el conjunto del periodo el aumento sería de 9,5 puntos de PIB. De no modificarse la política actual, el déficit aumentaría en el 9,5% del PIB en las tres prestaciones de la protección social enumeradas, a menos que se aumentara la presión fiscal en dicho porcentaje. Para conseguir la sostenibilidad del sistema, propuse en estas mismas páginas el 2 de abril del pasado año, las siguientes reformas, permaneciendo dentro del sistema de reparto, que siguen siendo necesarias después del Acuerdo de la Mesa, ya que las reformas estructurales no han sido abordadas:

¦bull; Supresión de las tasas fijas de sustitución: la cuantía de la pensión de cada trabajador vendrá determinada por las aportaciones individuales.

¦bull; Los riesgos derivados del envejecimiento demográfico deberán ser soportados por la generación que recibe la pensión y no por los jóvenes. Por ello se propone que la edad de jubilación forzosa se establezca en 70 años.

¦bull; Entre los 65 y 70 años los trabajadores podrían pedir la jubilación voluntaria; la pensión que les correspondería a los que adopten tal comportamiento sería menor que si se retiran a los 70 años, en virtud de que han aportado cotizaciones sociales durante cinco año menos y en cambio van a percibir pensión durante cinco años más.

¦bull; La suma de las aportaciones de cada trabajador al final del periodo elegido para su retiro (entre 65 y 70 años) se transformaría en una pensión vitalicia para el trabajador, y en su caso para la viuda, de forma tal que exista equilibrio financiero entre lo aportado y lo que va a percibir de pensión.

¦bull; El sistema sería aplicado con generalidad, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social al que esté afiliado el trabajador (general, agrario, empleados del hogar, de la pesca, de trabajadores por cuenta propia...).

¦bull; La gestión del modelo que se propone sería público y dentro de los principios del sistema de reparto.

Desde el punto de vista de la equidad intergeneracional ha sido Suecia la que ha efectuado una reforma más profunda, en 2003. Su objetivo es la neutralidad en el cálculo de la pensión; los pensionistas deberán soportar el riesgo de una mayor longevidad y de la disminución de su base contributiva.

En el resto de los países la línea seguida ha sido el cálculo de la pensión en función de toda la vida laboral y en el aplazamiento de la edad de jubilación. En España no hacemos nada, creo que inclusive vamos por el camino contrario, como lo muestra el último acuerdo de la Mesa del Diálogo Social. El populismo sólo lleva a que los jóvenes que hoy pagan sus cotizaciones sociales estén preocupados por el nivel de su futura pensión.