COLUMNA

El Estatuto de Andalucía

Hace 25 años que Andalucía dio la respuesta adecuada para acceder a su autogobierno por la vía que la Constitución reservaba para Cataluña, País Vasco y Galicia; el referéndum fue el instrumento utilizado. Andalucía no quería ser más pero tampoco menos que nadie; el vencedor fue el PSOE frente al Gobierno de la Unión de Centro Democrático.

Un cuarto de siglo después, la reforma del Estatuto vuelve a abrir una brecha entre los dos grandes partidos de la comunidad andaluza: el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que también gobierna en Andalucía. Después de haber pactado un texto en los que ambos partidos tuvieron que hacerse concesiones mutuas, el Partido Socialista ha introducido en el preámbulo 'la realidad nacional de Andalucía…', tratando así de homologar el futuro Estatuto andaluz al catalán.

El actual Estatuto define a Andalucía como una nacionalidad dentro de la unidad indisoluble de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Según información aparecida en la prensa, este artículo, que ya estaba pactado con el PP, ha sido suprimido, ya que el PSOE incurriría en contradicción si defendía en el Parlamento nacional lo contrario de lo que ha argumentado para aprobar el Estatuto catalán. En defensa de considerar a Andalucía como nación a través de la fórmula 'la realidad nacional de Andalucía', se ha llegado a decir que no hay que olvidar que Andalucía fue un Estado musulmán hasta prácticamente el siglo XVI.

No debe ser lo que nos separa, sino lo que nos une, lo que debería ser la guía para los nuevos estatutos

Ha quedado abierta la veda para que la comunidad que lo desee se considere nación, el café para todos parecer ser la solución para contrarrestar lo aprobado en el Estatuto de Cataluña. El País Vasco, Galicia, Canarias, Aragón y Castilla y León ya han expresado que en sus estatutos harán constar que son una nación; las restantes comunidades, para no ser menos, seguirán este camino. La consecuencia será menos España, un Estado débil, con escasos recursos y sin solidaridad.

Creo adivinar que todo acabará convirtiendo a España en una confederación de naciones, como ya se decía en el Estatuto de la comunidad vasca remitido al Congreso, y que éste rechazó, en el que el País Vasco se consideraba como un Estado asociado con el Estado español y con la configuración que de la nación catalana se hacía en el Estatuto aprobado por el Parlamento catalán como una confederación con el Estado español, concepción que ha sido reformada en el trámite del Congreso, aunque la idea de Cataluña como nación ha permanecido. El propio presidente de la Generalitat ha dicho que el Estatuto es el encuentro de dos soberanías: la del Estado y la de Cataluña. Como ya hemos visto, el virus se está contagiando a otras comunidades autónomas.

En un Estado confederal, cada una de las naciones son soberanas y el Estado sólo tiene las competencias que los Estados confederados quieran delegarle, que en la práctica suele ser la defensa y los asuntos exteriores. Algunas confederaciones ni siquiera aceptarían esto, optarían por la independencia total. Adiós a la solidaridad entre las naciones, las más ricas, cuatro o cinco, saldrían ganando ya que no aportarían nada al Fondo de Solidaridad, que desaparecería, mientras que las restantes saldrían perdiendo, ya que dejarían de percibir lo que hoy reciben del Fondo de Solidaridad. Un alto responsable del PSOE ha dicho que cuando en una mesa algún comensal se levanta para comer solo, es que quiere comer mejor.

No hay que hacerles el juego a los insolidarios, pidiendo como ellos, lo que nos llevaría a un Estado confederal donde, como hemos visto, sólo ganarían los más ricos, el resto a perder. Los privilegios no deben ser el norte de los estatutos de las comunidades autónomas, que en general proceden de etapas feudales, donde los señores recibían del rey determinados privilegios para los territorios que dominaban, a condición de prestarles obediencia y proporcionarles soldados para las guerras. Todo ello se ha ido trasladando de generación en generación, dando lugar a nacionalismos que han originado guerras en los tres últimos siglos. La Constitución prohibió los privilegios tanto personales como de territorios, sólo reconoció expresamente las de los territorios forales del País Vasco y Navarra.

A mi juicio, no debe ser lo que nos separa, sino lo que nos une, lo que debería ser la guía para los nuevos estatutos. Es bien cierto que cada pueblo tiene una identidad cultural que debe ser respetada por todos los que constituyen una nación, pero ello no debe ser motivo para que cada identidad se transforme en una nación, como pretenden los nacionalismos. Ello iría en perjuicio de todos, pero principalmente de los pueblos más pobres, donde desaparecería la idea de solidaridad.

Los pueblos de España tienen una cultura común que nos fue transmitida por los romanos, que a su vez bebieron de las raíces griegas, por el cristianismo, con la idea de que el hombre es portador de derechos individuales que deben ser respetados por los poderes públicos, y por una lengua común, el español, que hablan en torno a 500 millones de personas, aunque en determinadas regiones se habla además como lengua materna y de identidad cultural, el catalán, el vascuence, el gallego y el valenciano, lo que enriquece sus raíces, ya que son bilingües.

No hagamos girar los estatutos sobre las identidades sino sobre lo que nos une, que es la mayor parte, y sobre la solidaridad, que debe ser el instrumento fundamental para la cohesión de todos los pueblos de España. Las identidades culturales deben ser respetadas e inclusive fomentadas en los estatutos de cada comunidad autónoma, pero sin que ello les lleve a considerarse una nación, con disgregación de lo que nos es común y en detrimento de la solidaridad como aglutinante de todos los pueblos de España.