Lo que la liberalización eléctrica pudo ser

A escasamente un año de la liberalización eléctrica total en la Europa comunitaria, y tras ocho años de proceso liberalizador en España, la realidad es que lo poco logrado durante todo este tiempo en nuestro país se está perdiendo a marchas forzadas. ¿Por qué? Porque desde el principio se han hecho las cosas a medias, sin una vocación clara de ruptura con el sistema actual y sin un objetivo determinante de conseguir un mercado eléctrico competitivo. Son muchas las acciones que se pudieron haber tomado:

l La separación jurídica implantada en España ha permitido que convivan las divisiones generadoras y comercializadoras de los grupos verticalmente integrados, creando una cobertura financiera entre ambas, de modo que si el precio del pool es alto, gana la generadora, y si es bajo, la comercializadora. Una buena medida sería la de separar sus cuentas de resultados por actividades, ofreciendo así una mayor transparencia de cara a sus accionistas, y permitiendo de este modo demostrar casos de dumping que hacen imposible competir a las comercializadoras no verticalmente integradas.

La separación jurídica española no ha impedido la transferencia de información de la distribuidora a la comercializadora, facilitando el acceso y la captación de clientes y creando una vez más una situación discriminatoria hacia los nuevos comercializadores. Por lo tanto, lo que se debería de haber hecho es afrontar el problema al estilo inglés, rompiendo los monopolios regionales en tres sociedades accionarialmente independientes: una generadora, una distribuidora y una comercializadora autónomas entre ellas. Otra medida interesante hubiese sido impedir a la comercializadora del grupo empresarial que en la zona fuese la distribuidora competir en el mercado libre en dicha zona.

l Está claro que cuantos menos actores operan en un sector hay más tentación de manipulación de precios. Una buena medida hubiese sido atomizar el parque de generación en un número de operadores tal que existiese verdadero interés por competir, como por ejemplo se hizo en Reino Unido a mediados de los noventa.

l Una gran iniciativa hubiese sido el desarrollo o fomento en la creación de otros mercados además del pool eléctrico. Hubiese sido clave la creación de mercados eléctricos a plazo donde cualquier agente hubiese podido comprar y/o vender electricidad a largo plazo de forma física o financiera y no estar expuestos a la incertidumbre del mercado spot. Ocho años después, esta opción sigue sin existir de una forma relevante.

l Un problema endémico en el sistema eléctrico español es la falta de calidad en la medida, dada la poca o nula flexibilidad de los equipos. La solución podría haber pasado por: a) diseñar unos perfiles de consumo estándar, bien hechos a la inglesa, es decir, sin mezclar en un mismo perfil a consumidores pymes y domésticos cuyo comportamiento de consumo en la realidad es diametralmente opuesto; o b) ir por una solución a la italiana, donde cada punto de consumo tenga un contador horario que permita total flexibilidad de comportamiento y, por ende, de ahorro. La realidad española es que un segmento nada despreciable de 22 millones de clientes ha sido, es y será inviable como cliente de mercado libre. La manipulación del tratamiento de los interruptores de control de potencia (ICP) ha sido otro caso evidente de barrera de entrada y convivencia entre distribuidora y comercializadora del mismo grupo empresarial.

l No está justificado que los consumidores pymes y domésticos tengan que pagar unos costes regulados como los ATR, la garantía de potencia y las pérdidas de transporte y distribución de más del doble de cuantía que los consumidores industriales.

l Asimetría en costes regulados cuando se compara mercado libre y mercado regulado. No tiene ninguna explicación lógica porque el mismo problema es mucho más costoso en el mercado libre que en el mercado regulado y me refiero a los costes por excesos de potencia y energía reactiva. En este último caso es aún más ilógico que, a ciertos niveles, en el mercado regulado haya bonificación pero en el mercado libre nunca pueda darse bonificación. Estos costes deberían ser iguales en ambos mercados y no suponer una barrera de entrada.

l La tarifa española es probablemente un caso único y la mayor barrera para la liberalización eléctrica. El hecho de que el Estado se convierta en el principal competidor de las comercializadoras, estableciendo una tarifa que no refleja los costes de generación y creando un dumping oficial, hace inviable la labor de las comercializadoras. No debe confundirse la obligación de prestar un servicio público por parte de las distribuidoras, es decir, que todos los españoles tengan derecho a una acometida eléctrica, con que ese servicio sea un subsidio, financiado además por los mismos consumidores, pero en años futuros. De este modo, se aniquila la competencia y se pasa el problema a legislaturas futuras, por no querer afrontar el coste político de incrementar las tarifas hoy en vez de en 10 años.

l El Estado es quien tenía que haber educado a los consumidores españoles sobre la bondad de la liberalización eléctrica y de sus pros y contras. La realidad ha sido que han tenido que ser las propias comercializadoras las que educaran a los clientes.

l En un proceso emergente de liberalización es preciso un regulador que con mano dura vigile el cumplimiento de las normas. Cuando se perciba que los precios al por mayor aumentan de repente, se tomen acciones inmediatas de investigación y, en caso de encontrar actuaciones anticompetitivas, imponer sanciones ejemplarizantes. Que cuando se detecten incumplimientos de legislación de forma automática adopte al menos medidas cautelares hasta que se aclaren las circunstancias. Que cuando el Gobierno le inste a desarrollos legislativos no se dilate en su implantación.

Por otro lado, me gustaría apuntar que el hecho de marcar los precios de la electricidad que pagan los consumidores como referencia de éxito de un proceso de liberalización no es necesariamente una medida correcta, ya que la electricidad tiene que costar lo que valga generarla, transportarla y distribuirla, ni más ni menos. Hoy en España aún no sabemos lo que vale la electricidad, sólo lo que cuesta, ya que la referencia del mercado está condicionada por variables exógenas como CTC, emisiones de CO2 regaladas, mercados de restricciones manipulables, etcétera. Lo que no puede ser es que cueste menos que lo que vale por un subsidio estatal encubierto como es el déficit de tarifa.

Finalmente, añadir que un proceso liberalizador necesita una estabilidad y seguridad jurídica para que los clientes y los inversores sepan a qué atenerse, y que las decisiones estratégicas no dependan del color del Gobierno de turno en el poder o de que una empresa española o extranjera decida comprar otra.

Con estas actuaciones y alguna más, estoy seguro de que hoy España sería un ejemplo de liberalización eléctrica como lo es Reino Unido.