Las farmacéuticas reclaman la deuda hospitalaria vía tribunales
Los servicios regionales de salud llevan cinco años acumulando las facturas que remiten los laboratorios. Tienen dificultades financieras y han optado por retrasar los pagos de los fármacos que consumen los hospitales de la red pública. Las empresas han decidido acudir a los tribunales para cobrar esta deuda, que asciende ya a 2.192 millones de euros.
La industria farmacéutica ha decidido llevar ante los tribunales a las comunidades autónomas por el impago de 2.192 millones de euros, según ha confirmado a este periódico Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. æpermil;sta es la deuda que acumulan desde el año 2001 los servicios regionales de salud con los laboratorios que suministran medicamentos a los hospitales de la red sanitaria pública. Según la patronal, Roche, Novartis, Juste, Esteve, Bristol-Myers Squibb y Boehringer Ingelheim son las compañías más afectadas por la decisión de las administraciones sanitarias de retrasar sine díe el pago a estos proveedores.
En los últimos cinco años la deuda ha crecido una media anual del 24,3% y ha pasado de 918 millones en 2001 a 2.192 millones en 2005. A finales del pasado ejercicio equivalía al total de ventas efectuadas en 2005 por los laboratorios a la red de hospitales públicos.
La comunidad valenciana y Andalucía son, por este orden, las regiones con más facturas en el cajón. La consejería que dirige Vicente Rambla adeudaba 607 millones de euros al cierre del año y el gobierno de Manuel Chaves, 591 millones. Los plazos de demora de ambas comunidades alcanzan los 759 y los 517 días, respectivamente, cuando la ley estipula que los pagos a proveedores deben realizarse en 60 días; y la demora media nacional se sitúa en los 392 días. Por su parte Madrid acumula el 9% de los impagos y Galicia el 5%.
Ante el silencio administrativo, la mayoría de las empresas afectadas han decidido a título particular poner el asunto en manos de los tribunales. Se trata de reclamar por la vía contencioso-administrativa las cantidades impagadas y sus intereses de demora.
A pesar del aumento de los intereses y la creciente judicialización del problema, Humberto Arnés asegura que siguen sin producirse signos de cambio en los servicios de salud.
Es más, el director general de Farmaindustria denuncia el hecho de que las administraciones públicas estén diseñando instrumentos para eludir los pagos, y pone como ejemplo la Recomendación 1/2005 de la Junta de Andalucía, que aconseja a sus centros de compra que en los concursos públicos puntúen más alto a aquellos proveedores que no exigen intereses de demora.
En el caso de Valencia, y según fuentes de Farmaindustria, se ha comunicado a algunos afectados que si siguen reclamando los intereses de demora no cobrarán las deudas.
Las consejerías de salud de Andalucía y Valencia no han querido hacer declaraciones al respecto. Un portavoz del SAS, el servicio andaluz de salud, explicó a este periódico que el impago responde 'a una situación de restricción financiera antigua que se irá resolviendo poco a poco, y a medida que se pueda '. Este mismo portavoz aseguró que la factura de 2005, 392 millones de euros, se ha pagado en su totalidad.
A juicio de Arnés, la dimensión del problema pone de manifiesto que la financiación de la sanidad pública en España sigue siendo insuficiente. 'La deuda de Andalucía ó Valencia exige decisiones políticas que van más allá de las medias de gestión. Es preciso destinar más recursos para que la situación vuelva a la normalidad', concluye.
El recurso judicial retrasará el cobro de las facturas
El retraso en los pagos ha empezado a provocar problemas de liquidez a las empresas afectadas, especialmente a las pymes; y está teniendo repercusiones fiscales para las compañías farmacéuticas, que paradójicamente han de anticipar fondos a la Administración -vía liquidación del IVA e impuesto de sociedades- sobre ventas realizadas pero aún no cobradas. La entrada en vigor de la Ley de Morosidad, en el año 2004, por transposición de una directiva comunitaria, no ha contribuido a mejorar la situación, en opinión de los laboratorios. La industria exige el cumplimiento de los plazos marcados en la norma, que fija el pago en un máximo de 60 días, salvo que el contrato entre las partes modifique al alza o a la baja los plazos de reembolso estipulados.Sin embargo, el recurso a los tribunales puede demorar por varios años el cobro, según ha explicado a Cinco Días Carlos Gallego, abogado de la firma Cuatrecasas. Y las compañías lo saben. Pero parecen resistirse, por el momento, a pactar con las administraciones públicas un calendario de reembolsos y la renuncia a los intereses de demora.El trámite habitual en estos casos es presentar un recurso contencioso-administratico ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente. Pero las resoluciones de estas instancias judiciales son, en la mayoría, de los territorios muy lentas y pueden alargarse entre tres y cuatro años. Los recursos de las partes pueden prolongar aún más el conflicto.En ningún caso las farmacéuticas se han planteado cortar el suministro, entre otras cosas porque la mayoría de estos medicamentos son vitales para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el sida o la hepatitis.