La deuda hospitalaria
Si hay una medida que debería estar proscrita entre las opciones para contener el gasto farmacéutico de las Administraciones públicas es la de no pagar a las empresas que suministran los medicamentos. La administración sanitaria adeuda a las compañías farmacéuticas cerca de 2.200 millones de euros y la demora media en el pago se acerca a un año, a pesar de que la normativa establece claramente que los cobros deberían realizarse en un plazo medio de 60 días. Las comunidades autónomas incumplen así de manera flagrante los plazos que fija la ley de morosidad, cuya entrada en vigor no ha mejorado la situación, según la queja expresada de manera reiterada por los propios laboratorios. Paradójicamente, las empresas se ven obligadas a anticipar fondos a la Administración a través de la liquidación del IVA y del impuesto de sociedades.
La lista de comunidades autónomas morosas en materia de gasto farmacéutico está lógicamente encabezada por las que tienen un mayor volumen de población. Sin embargo, resulta curioso ver cómo los diferentes gobiernos regionales mantienen un comportamiento similar en este asunto, sea cual sea el signo político del partido gobernante. El silencio administrativo ante las reclamaciones hechas por las compañías farmacéuticas es la nota dominante. Una situación que empieza a colocar en una situación difícil a algunas de las empresas.
Tras reclamar los pagos insistentemente durante años y expresar sus quejas en diversos foros públicos, algunas farmacéuticas han decidido buscar una solución al problema mediante la reclamación de su deuda por vía judicial. Un camino largo y costoso que, sin embargo, se les presenta como única alternativa. Las Administraciones públicas deberían evitar que el problema se judicializase, pero no por la vía de presionar a las empresas, como están haciendo algunas, sino por la de pagar sus deudas en un plazo razonable.