El Consejo de Estado concluye que no es posible convocar elecciones en Marbella
El Consejo de Estado dictaminó ayer que no procede celebrar elecciones anticipadas una vez disuelto el Ayuntamiento de Marbella, una medida que tiene previsto adoptar hoy el Gobierno tras recibir el miércoles el apoyo del Senado y ayer mismo el de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL).
El pasado martes, al iniciar los trámites para la disolución del consistorio andaluz tras destaparse una trama de corrupción municipal, el Consejo de Ministros solicitó los informes preceptivos de la Cámara Alta y la CNAL sobre esa medida y pidió al Consejo de Estado que dictaminase si es posible o no convocar elecciones. La Comisión Permanente del Consejo de Estado indica que según los plazos que establece la Ley Electoral, que obliga a convocar los comicios 55 días antes de su celebración, estos no podrían tener lugar antes del 26 de mayo de este año.
La ley establece que tras la disolución de un ayuntamiento deben convocarse comicios excepto si el mandato resultante fuera inferior a un año, situación que se produciría en Marbella debido a que los comicios municipales en toda España están previstos para el 27 de mayo de 2007.
El Consejo de Estado recuerda que estos plazos no se pueden acortar y añade que por lo tanto lo que procede es aplicar la otra previsión que establece la Ley de Bases de Régimen Local: crear una comisión gestora que se encargue de la administración de la ciudad hasta las elecciones del año próximo. Pese al dictamen del Consejo, el líder del PP, Mariano Rajoy, insistió en convocar comicios anticipados en lugar de crear una gestora una vez que se apruebe la disolución del Ayuntamiento. Para ello, no dudó en proponer una reforma de la ley para que 'en circunstancias excepcionales se puedan reducir los plazos y, por tanto, convocar elecciones'.
Por otra parte, el juez que investiga la trama de Marbella ha imputado al jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo, dos delitos de encubrimiento, tres de tenencia ilícita de armas, uno de tráfico de influencias y otro por omisión del deber de perseguir el delito, según informaron fuentes judiciales. Del Pozo está en libertad tras pagar una fianza de 20.000 euros.