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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Inevitable reforma de las pensiones

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE debatieron ayer en Bruselas el impacto del envejecimiento de la población europea en las finanzas públicas. Y lo hicieron a la sombra de dos pirámides de población, la de 2004 y la potencial de 2050. Del perfil de cintura ancha (el grueso de población entre 29 y 53 años) se pasa al peor escenario, un inquietante cono invertido en el que muy pocos han de mantener a muchos. Con la evolución demográfica actual, en 2050 la base se habrá estrechado y las capas de edad más numerosas estarán en torno a los 57 años.

No sorprende que los ministros concluyeran que 'los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas continúan siendo un gran desafío para muchos Estados miembros'. Aunque resalten que son proyecciones (basadas en las políticas actuales) y no previsiones inevitables, no ocultaron la señal de alarma que suponen.

España, según el informe de Bruselas, es uno de los países peor preparados ante el reto demográfico a partir de 2030. En un acto de responsabilidad, el vicepresidente y ministro de Economía, Pedro Solbes, admitió la gravedad de las proyecciones y la necesidad de reformar cuanto antes el sistema público de pensiones y, más adelante, el gasto sanitario y farmacéutico. Aunque sigue convencido hay tiempo y vincula el inicio de la revisión del sistema al cierre de la reforma laboral. Una reforma que no avanza y, por tanto, un incierto plazo para afrontar una amenaza tan seria.

Los expertos comunitarios calculan que si no se acometen las reformas el gasto público en pensiones, salud, dependencia, educación y desempleo pasará en España del 8,6% del PIB en 2004 al 15,8% en 2050, sólo superado por países mucho menos poblados, como Portugal, Chipre o Hungría. La mera posibilidad de que esos cálculos se cumplan recomienda acometer sin dilación las reformas. Porque la inmigración no va a resolver el problema, y los cambios necesarios son de tal envergadura y tan sensibles para la opinión pública que las fuerzas políticas y sindicales deben buscar cuanto antes el consenso suficiente para llevarlos a cabo.

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