El temor al dumping social limita la liberalización del los servicios
El esfuerzo de la Comisión Europea por abrir a la competencia intracomunitaria el sector servicios (70% de la economía) se estrellará esta semana contra los temores de una buena parte de la opinión pública a que se erosionen las normas nacionales de protección social, derechos laborales y respeto al medio ambiente. El Parlamento europeo debate hoy el proyecto de directiva de liberalización y el único resultado posible pasa por una rebaja drástica de la ambición del texto o su rechazo total.
Los grupos Popular y Socialista, mayoritarios en la Eurocámara, intentaron la semana pasada fraguar un acuerdo que permita salvar el proyecto de directiva. Pero la mayor parte de las enmiendan disgustan a los partidarios de una liberalización global del sector terciario y no contentan a quienes defienden el mantenimiento de importantes restricciones a la prestación transfronteriza de servicios. La votación está prevista para el jueves y la Comisión todavía confía en que el resultado le permita presentar una directiva revisada que recoja el espíritu de la inicial.
La polémica sigue girando en torno al principio de país de origen, un elemento que Bruselas incorporó en 2004 en su proyecto original de directiva para permitir que las empresas del sector servicios que operan en varios países de la UE estén sólo sujetas a las normas de registro, autorización y control de su país de origen.
La Comisión intentaba trasladar al sector servicios el principio imperante en el mercado interior de bienes, en el que un producto autorizado en un país se puede comercializar sin ninguna limitación en el resto de la Unión Europea. El organismo comunitario confiaba en que la reforma de un sector que supone el 70% de la economía europea aumentase el potencial de crecimiento de la UE y facilitase la creación de empleo.
Pero el Parlamento no sólo aspira a suprimir ese principio esencial, sino también a excluir importantes áreas del sector servicios de la aplicación de la directiva y a ofrecer una gran discrecionalidad a las autoridades nacionales para que puedan bloquear la presencia en su país de ciertas empresas.
Contraproducente
'Si estas propuestas no desaparecen, la directiva que tanto prometía acabará siendo peor que inútil', advierte Paul Stephenson, del instituto de estudios independiente Open Europe. 'Puede implicar más regulación, no menos'.
La Confederación europea de sindicatos, que hoy ha convocado una manifestación en Estrasburgo, mantiene exactamente la posición contraria. 'Los cambios introducidos van en la buena dirección y esperemos que los grupos parlamentarios sigan por ese camino'.
Un campo minado para empresas con iniciativa
Certificados de solvencia, estudios de mercado, permisos de residencia ... Las empresas que intentan ofrecer sus servicios en otro país de la Unión Europea se topan, según Bruselas, con una maraña de condiciones administrativas y jurídicas que en muchos casos (sobre todo, a las Pymes) les obliga a renunciar a sus planes de expansión y en otros, les cuesta hasta el 3% de los beneficios potenciales del proyecto.La Comisión Europea elaboró en 2004 un proyecto de directiva para acabar con todas esas barreras en el mercado de servicios, con la esperanza de potenciar un sector que supone el 70% de la economía.La ley plantea la creación de una 'ventanilla única' para llevar a cabo todos los trámites necesarios antes de ejercer una actividad u ofrecer un servicio en un país distinto al de residencia (el texto prevé que antes de 2008 todos los trámites se puedan hacer por vía electrónica). El texto prohibía a las autoridades del país de destino imponer condiciones a las empresas de otros países, como la notificación previa de su actividad o la obligación de abrir una sucursal.La directiva excluía a ciertos servicios de interés público (abastecimiento de agua, energía) y excepciones relacionadas con el mantenimiento del orden público, la protección de la salud pública o del medio ambiente. El texto preveía, además, que los empleados enviados por una empresa al extranjero durante más de ocho días estarían sujetos a la legislación laboral (en cuanto a salario mínimo, tiempo de trabajo, o normas de seguridad e higiene) del país donde se presta el servicio. Pero todas esas salvaguardas no impidieron la rebelión sindical en Francia, Bélgica o Alemania.