Cifras contra la sociología partidista
Es siempre alarmante que de un artículo de carácter científico, sea sobre aspectos económicos o sociales, pueda derivarse una polémica visceral y cargada de crispación, porque si de algo debe servir el análisis de la realidad es precisamente para lo contrario, que no es otra cosa que facilitar a las fuerzas políticas y sociales, así como a la opinión pública, un diagnóstico riguroso del problema analizado, base imprescindible para que el problema pueda debatirse serenamente y con la debida racionalidad.
Buen ejemplo de este peligro que se cierne sobre el propio fundamento de la investigación es lo que está ocurriendo con el artículo publicado por Amando de Miguel en el número 9 de Cuadernos de Pensamiento Político de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), titulado La violencia de género y otras iniquidades, que está provocando muchas reacciones airadas, como las del PSOE, IU y CC OO, que han exigido el cese de De Miguel como consejero del Consejo Económico y Social de Madrid, cargo que ocupa por designación del Gobierno regional.
Sin embargo, estas reacciones no están suficientemente explicadas y aparecen bajo titulares que denuncian que se culpe a la inmigración y a las parejas de hecho de la violencia sexista, como si ello fuera insólito pero sin dar razones que demuestren lo injusto de esa conclusión. De este modo, las respuestas a las tesis del conocido sociólogo pierden fuerza y parecen inspiradas en la poca simpatía que despierta, sobre todo por sus beligerantes intervenciones en la cadena COPE y desde que se dirigiera groseramente a la directora general de la Mujer el pasado mes de octubre, o en el hecho de considerar que cuanto emane de una Fundación como la FAES no puede por menos de estar contaminado políticamente.
Leyendo con atención el artículo se aprecia que las reflexiones metodológicas de De Miguel sobre la definición de conceptos, como por ejemplo el término 'género', incorrecto bajo su punto de vista, y sobre el mal planteamiento legal del delito de la violencia, que según su criterio dificultan la solución del problema, están suficientemente documentadas y expuestas con el debido rigor como para no levantar una polvareda que el propio De Miguel parece anticipar cuando habla de pudibundez progresista y se sitúa contra los actuales autores de textos legales y políticos con los que, evidentemente, no está de acuerdo.
Pero, con ser importantes estas reflexiones, tienen más importancia sus conclusiones, habitualmente ocultas según De Miguel por no ser políticamente correctas, que consisten en ver más frecuencia de actos violentos en parejas de hecho poco vertebradas y en extranjeros. De las primeras no da cifras que avalen su afirmación y, sobre los extranjeros, aporta el dato de que, siendo uno de cada 10 los residentes de nacionalidad no española, las mujeres extranjeras muertas en 2005 son cuatro de cada 10, de lo que parece derivarse una criminalidad en este colectivo cuatro veces mayor que entre los españoles.
Pues bien, si el sociólogo se hubiera fijado en datos de agresores por nacionalidad, que dice en su artículo que no existen, habría podido hacer más escandalosos los titulares porque, según el Instituto de la Mujer, en el año 2005 la tasa de asesinos de su pareja extranjeros, 9,13 por millón de extranjeros, fue casi cinco veces superior a la tasa de asesinos españoles, que se situó en 1,92 por millón de españoles.
No obstante, profundizando mínimamente en la cuestión, ésta abrumadora diferencia en las tasas de criminalidad comienza a matizarse. Si se tiene en cuenta que, en los últimos cinco años, el 68% de los homicidios los han protagonizado hombres de 21 a 50 años, parece obvio que la edad juega un papel importante en este tipo de delitos y, precisamente, un 69,1% de extranjeros están en dicho intervalo, mientras que entre los españoles, son un 46,9% los que tienen esas edades. Si se recalculan las tasas de criminalidad tomando como denominador este grupo de población, los extranjeros superarían a los españoles en 3,2 veces y no en cinco, como ocurría al tomar únicamente la variable nacionalidad.
Si esta reducción se produce con sólo considerar la edad imaginemos lo que ocurriría si hubiera datos para elaborar tasas que tuvieran en cuenta el nivel de estudios y de cultura, el empleo, la renta y otras variables en las que los extranjeros presentan clara desventaja respecto a la población española. Y esto es lo que la sociología tiene la obligación de analizar y difundir, sin criminalizar a nadie gratuitamente ni alimentar políticas partidistas, por lucrativo que resulte.