La Junta culmina la reforma que frena la presión urbanística en Andalucía
Andalucía busca un 'crecimiento sano y ordenado' que ponga freno a una presión urbanística que ha hecho saltar todas las alarmas. Más de un millón de viviendas se proyectan sólo en el litoral, mientras que las áreas metropolitanas empiezan a quedar colapsadas y, paradójicamente, se restringe el acceso a una vivienda. La Junta, enfrentada a promotores y municipios, acaba de culminar una reforma que prima la VPO y castiga la especulación.
Los polémicos planes urbanísticos de la Junta de Andalucía, liderados por la consejera Concepción Gutiérrez, marchan en paralelo a la apuesta por el transporte público y el crecimiento territorial sostenible. Se trata de un nuevo modelo de desarrollo que implica una diversificación productiva que también acometen otros departamentos del Gobierno de Manuel Chaves como la Consejería de Innovación.
Obras Públicas quiere que la vivienda quede al alcance de la mayoría y los núcleos residenciales se diseñen acompañados de todos los servicios, incluidas las soluciones de transporte y el abastecimiento de agua. Estas prioridades, que según constructores y promotores dañarán gravemente el motor del crecimiento económico andaluz, han quedado consagradas en la ley que reforma la norma urbanística regional.
Aunque la llamada Ley de medidas para la vivienda protegida y suelo todavía tiene pendiente su desarrollo reglamentario, la Consejería acaba de poner en pie mediante una orden el último de sus cuatro pilares, el que endurece las condiciones de la VPO y pone fin a la especulación que afecta a estas viviendas protegidas. A partir de ahora, se blindan los requisitos que ya dictaba la ley y se obliga a notarios y registradores a que comuniquen a la Junta todas las operaciones de compraventa que se hagan con viviendas protegidas posteriores a 1978. En las VPO entregadas a partir de 1992, la Administración podrá ejercer los derechos de tanteo y retracto si se superan los precios máximos legales y se intenta vender la vivienda a los altos precios del mercado libre. En este caso, la Junta cedería la casa a otro beneficiario. Esta limitación ha paralizado miles de operaciones y levantado fuertes protestas.
Los municipios pueden perder sus competencias y deberán reservar el 30% del suelo para viviendas protegidas
Los otros puntales de la reforma urbanísticas, todos ellos también controvertidos, son la obligación para todo los municipios sin excepción de reservar el 30% de cada suelo urbanizable para VPO, así como la creación de un cuerpo de inspectores que vigilen el urbanismo y las medidas extraordinarias de disciplina. Este último punto, que ha llevado al PP a denunciar la inconstitucionalidad de la ley, permitirá la retirada de las competencias a municipios como Marbella cuando exista vulneración de la legalidad.
¿Están justificadas estas reformas? En los últimos años se ha triplicado la construcción de viviendas en Andalucía hasta computar más de 140.000 anuales. Sólo el 10% de ellas eran protegidas, una tasa que la consejera Gutiérrez quiere elevar al 30% para amortiguar una escalada de precios de un 110% desde 1998 que ha excluido a los jóvenes del mercado libre. Además, según las estimaciones del sector, más de un millón de viviendas se proyectan a medio plazo sólo en el litoral andaluz, la mitad de ellas en la Costa del Sol. Otras zonas como Almería, que ha adelantado a Málaga en presión urbanística, también preocupan. Se sumarían con ello una población nueva de más de cuatro millones de personas.
Blindaje para la VPO
Promotores, afectados y la oposición del PP han reclamado a la Junta de Andalucía que la normativa que trata de atajar la especulación en la VPO no tenga carácter retroactivo y se aplique sólo a las nuevas viviendas.La asociación andaluza de defensa de propietarios de viviendas protegidas calcula que hay unas 30.000 personas 'perjudicadas' en estos momentos por la orden de la Junta que regula las segundas y posteriores transmisiones de este tipo de construcciones. Se trata de ciudadanos que se encuentran en pleno proceso de venta de sus viviendas y que, según la asociación, ven mermado el precio en un 50% con respecto al valor de mercado de una vivienda equivalente. Según los afectados, se están creando situaciones 'dramáticas e injustas'.La Consejería de Obras Públicas señala que gracias a los coeficientes correctores que fija la ley estas casas se pueden revalorizar hasta un 200% con respecto al precio de adquisición. Sin embargo, esta prima se queda muy lejos de la subida del mercado libre.