El poder adquisitivo de las pensiones
Es ya una costumbre que, cuando se determinan los aumentos que han de aplicarse a las pensiones, tal y como recientemente se ha hecho con el Real Decreto del pasado 30 de diciembre, se haga referencia a que dichos aumentos garantizan el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y del resto de prestaciones sociales públicas. Este objetivo también se esgrime cuando, por haber sido el aumento de precios superior al previsto, se abona a los pensionistas una paga complementaria, como se está haciendo durante estos días por esos 1,4 puntos porcentuales en los que el índice de precios de consumo (IPC) de noviembre de 2005 ha superado el 2% anual que se había previsto.
El hecho de intentar mantener el poder adquisitivo de cualquier grupo de población, como en este caso los pensionistas, sobre la base de incrementar sus rentas en la misma medida en que lo haya hecho un índice general de precios es una pretensión difícil de conseguir. Si se presta atención a la metodología del IPC, se observa que las variaciones de precios de los productos representados en la denominada cesta de la compra (que se mantienen secretos para evitar intentos de manipulación del índice) son ponderadas de acuerdo con el peso específico que los diferentes subgrupos y grupos de bienes y servicios tienen en la estructura del gasto de las familias.
Ahora bien, las estructuras de gasto difieren considerablemente según la tipología de los hogares y, como siempre ocurre con los valores de posición, el gasto medio es una medida abstracta que expresa una posición central y que, por tanto, no refleja un comportamiento concreto sino el de un conjunto social heterogéneo. Por ello, puede decirse que elevar las rentas en la misma cuantía en que se haya incrementado ese IPC medio cumple el objetivo de mantener el poder adquisitivo de un irreal consumidor medio pero no de colectivos ciertos de población cuyos IPC particulares, caso de que se elaboraran, arrojarían valores muy dispares.
En este sentido, la subida de rentas en función del IPC general beneficia a aquellos colectivos cuyo consumo habitual ha registrado crecimientos de precios inferiores al valor medio y perjudica a los que han visto su estructura de consumo más encarecida de lo que expresa el IPC general. Si se observan los resultados de la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) se aprecia que en la estructura de consumo de los pensionistas tiene mucho más peso relativo que en la media de hogares el capítulo de alimentación (21,6% frente a 18,54%) y el de vivienda, agua y electricidad (38,1% frente a 31,7%). Si, por otro lado, se aprecian los IPC por grupos, se ve que precisamente en estos capítulos dichos índices han aumentado más que el IPC general. Así, los alimentos y bebidas no alcohólicas han aumentado sus precios un 4,2%, las bebidas alcohólicas y el tabaco un 5,1% y la vivienda, agua y electricidad un 6%. Por el contrario, otros grupos de gasto a los que los pensionistas dedican muy pocos recursos, como ocio y cultura o comunicaciones, sólo han crecido un 0,6% o han disminuido los precios un 1,7%, respectivamente.
De este modo, la pretensión de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas por la vía de incrementar el IPC general quedará lejos de poderse cumplir, salvo en aquellos casos en los que, por tratarse de pensiones mínimas, se va a incrementar en mayor grado.
El citado Real Decreto, por otro lado, insiste en revalorizar las pensiones para 2006 en otro 2%, objetivo difícil de conseguir y que, previsiblemente, dará lugar a que el año próximo, de nuevo, haya que restituir a los pensionistas por el dinero de más que han gastado por subidas de precios superiores a las estimadas.
Con este panorama, no es de extrañar que en las ECPF o en las Encuestas de Condiciones de Vida del INE, aparezcan cada vez más familias de pensionistas en el umbral de pobreza. Y que en este grupo de población haya cada vez más hogares que confiesan tener dificultades para llegar a fin de mes con sus ingresos mensuales netos, lo que en el cuarto trimestre de 2004 ya ocurría al 57,2% de las familias de pensionistas, a pesar de tener su vivienda generalmente pagada, gastar poco en bienes duraderos y tener una amplia cobertura para su quebrantada salud por razón de edad.
Todo indica la necesidad de hacer un enfoque global de las políticas redistributivas en las que, como se demuestra, el IPC tiene un importante papel, por más que esté encubierto.