El entorno del nuevo año
La actividad económica, como el fuego, crece con una atmósfera favorable. La autoridad económica mueve el fuelle que enrarece el aire o lo oxigena, pero el ritmo cambia y, con él, lo hace la pertinencia o no de las medidas que adopta y el vigor que aporta o detrae al crecimiento. Con cada nuevo ejercicio económico se estrenan modificaciones fiscales y cambios en la regulación que se que espera introduzcan más racionalidad y aporten incentivos para el aumento de la inversión y del empleo. Sin embargo, como en todos los países se hace lo mismo y la economía está abierta en un grado tal que la interferencia es mutua, continua e intensa, también es necesario contrarrestar decisiones ajenas que pueden tener efectos perjudiciales.
Para mejorar la competitividad y atraer inversiones se rebajan los tipos impositivos que afectan a la actividad productiva y se intenta compensar su efecto en la recaudación modificando los de otros tributos o creando nuevos. Esta reconfiguración continua del entramado tributario, aunque vaya en la buena dirección, puede tener efectos indeseados en la medida en que hace que las decisiones de inversión y creación de empleo se tomen dando más peso a estas ventajas circunstanciales que a la bondad intrínseca del proyecto. Así, cualquier retorno a la situación inicial elimina la base en que se sustenta y lo conseguido puede revertirse.
Una política monetaria que sitúa el coste del crédito en un nivel inferior al tipo de interés natural (el que iguala la oferta de ahorro y la demanda de financiación), ayuda a que prosperen proyectos que serían inviables en una situación menos intervenida. Una intervención monetaria continua a través de una oferta monetaria artificialmente elevada termina por distorsionar la fijación de precios, deteriora el poder de compra de los ahorros y propicia burbujas bursátiles e inmobiliarias que comportan riesgos de estallidos perniciosos. En la zona euro la tasa de crecimiento de la oferta monetaria (M3), entre septiembre y noviembre de 2005 fue del 8% y del 6,6% en 2004. El aumento del crédito al sector privado fue en octubre del 8,9% frente al 7,1% en diciembre de 2004 y al 5,5% en 2003.
En lugar de funcionar a golpe de normas, el activismo social debería evitar duplicaciones y simplificar procedimientos
Las ventajas de la intervención deben sopesarse con sus inconvenientes y valorarlas frente a alternativas mejores. El control de los precios es, paradójicamente, una de las víctimas pues, aunque el Índice de Precios de Consumo (IPC), es bajo, la relación entre el aumento del crédito y del IPC ya no guarda el vínculo estrecho que tenía antes de la Unión Monetaria Europea y de la profundización registrada en la mundialización económica, pero otros precios que suben con fuerza, como los de la vivienda o los de títulos cotizados en Bolsa, están inequívocamente ligados a la marea de financiación barata actual.
Otra consideración sobre la política monetaria deriva de la diversidad del comportamiento dentro de un área como la del euro, de modo que si el crecimiento del crédito en el área ya excede con mucho el del PIB monetario, en España la diferencia es mucho más amplia. Así, en octubre de 2005 los préstamos a empresas crecían a una tasa interanual del 17,6% en España, tras un 12,9% en 2004 mientras que los destinados a familias lo hacían en un 20,7% y un 20,1% en las mismas fechas. Esto ayuda a explicar algo del crecimiento obtenido y mucho del diferencial de precios que perjudica la competitividad y genera el déficit externo.
Los impulsos monetarios y fiscales, aunque cada vez menos, aún contribuyen a gestionar la demanda agregada, si bien, al precio de otras distorsiones que se añade a las cargas de una regulación desmedida y costosa que incluye exigencias de certificación y auditoría en muchos ámbitos. Estos inconvenientes resultan de que la regulación se hace con prisas, sin consideración adecuada del coste que impone y, en ocasiones, sin adecuada consulta a los afectados. El activismo social se realiza desde dentro de las instituciones y a golpe de normas, cuando debiera hacerse minimizando la carga que impone, evitando duplicaciones y simplificando procedimientos.
La dificultad para tener la certeza de veracidad en la información ofrecida no se reduce sino que, por el contrario, crece, pues se acumulan datos y hechos de relevancia secundaria, ínfima o nula y, sin embargo, en los balances de las empresas ni siquiera figura el coste que requeriría el ajuste de plantillas que impondría un cambio apreciable en el coste del crédito.
Se impone la prohibición de fumar sin que se sepa qué autoridad puede sancionar y por qué vía. Se multiplican las normas, pero la regulación del ejercicio del derecho de huelga que manda la Constitución aún está inédita. La petición de 'menos pero mejor' es más oportuna que nunca.