Jubilación y ahorro familiar

Muchos jubilados se ven obligados a subsistir con una pensión baja a pesar de disponer de una vivienda en propiedad. El autor plantea el recurso a una hipoteca inversa como una opción útil para lograr que el patrimonio inmobiliario complete los ingresos del hogar

La considerable revalorización del precio de los activos inmobiliarios a lo largo del último decenio, junto con la concentración del ahorro de las familias españolas en esta clase de activos ha traído consigo multitud de efectos indirectos y algunas interrogantes respecto al papel que podría jugar el sector público. Por ejemplo, un segmento considerable de personas jubiladas, con bajos niveles de ingresos, cuenta con importantes patrimonios inmobiliarios que no saben cómo movilizar (sin costes excesivos) para poder completar sus ingresos y mejorar sus niveles de vida cotidianos. ¿Debe el sector público incentivar, favorecer, regular ese proceso de movilización del ahorro o no?

Buscar un área de consenso en el análisis de este problema entraña algunas valoraciones previas. Primera, el ahorro de las personas no es otra cosa que consumo diferido, cuando alguien ahorra está pensando en que posteriormente se lo gastará. Segunda, ese consumo puede que sea efectuado por la misma persona que ahorró en su día, o por terceros (hijos, cónyuge, familia, Estado, etcétera). Tercera, las motivaciones del ahorro pueden ser muy diversas y todas ellas entremezcladas, pero se podrían sintetizar en dos: por precaución, esto es, para prevenir el futuro, bien sea a corto (enfermedades, pérdida temporal o permanente de empleo, etcétera), bien a largo plazo (gastos familiares, adquisición de bienes inmuebles, jubilación), o, segundo motivo, por el propio deseo de acumular un patrimonio creciente para sí o para los suyos (herencia).

En épocas pasadas los bajos niveles de renta de la sociedad determinaban una baja tasa de ahorro y un stock de capital estable, de generación en generación, que se concretaba en la tierra (base de la actividad agraria y del sustento familiar) y la casa familiar (donde convivían diversas generaciones). La herencia era una forma de pasar de padres a hijos ese patrimonio de supervivencia y jugaba un papel clave en la estabilidad social. La familia amplia jugaba, a su vez, un papel clave como elemento de seguridad frente a la jubilación y las eventualidades del corto plazo.

En la actualidad muchas de esas motivaciones han desaparecido. El Estado garantiza unas ciertas coberturas frente a las necesidades a corto (desempleo, sanidad, educación) y largo plazo (pensiones), y la finalidad de la herencia ha sido sustituida por los apoyos a los hijos a lo largo de su vida (educación, búsqueda de empleo, adquisición y montaje del hogar, etcétera). Adicionalmente, el alargamiento de la esperanza de vida aleja la fecha de percepción de la misma y anula su papel estratégico y vital precedente. A su vez, los mercados financieros han evolucionado y se han desarrollado espectacularmente, han aparecido nuevos productos financieros, se ha aislado el riesgo, se han consolidado mercados secundarios importantes para la práctica totalidad de los grandes productos financieros. En definitiva, los mercados pueden alterar cualquiera de las características básicas de una cartera (plazos, riesgos, rentabilidades, liquidez), tanto a nivel micro como macroeconómico.

Si las motivaciones finales del ahorro en el ámbito particular han cambiado y el sistema financiero puede modificar las características básicas del mismo, parece necesario revisar algunas de las estrategias históricas de potenciación y apoyo de dicho ahorro, al discriminar unas formas frente a otras, bien sea en el momento de la adquisición del activo bien en el de salida. Al fin y al cabo, todas tienden a cumplir los mismos objetivos particulares (prevención y acumulación) y sociales (financiar la inversión).

Un elemento adicional relevante: la política de apoyo a la adquisición de vivienda en régimen de propiedad llevada a cabo durante decenios en España, junto con el deseo de las familias de contar con una casa propia que les asegure un vejez tranquila, ha traído consigo que el 90% de la riqueza de las familias se concentre en activos reales y sólo un 10% en activos financieros.

Con todas estas premisas básicas como referente, el paso siguiente no puede ser otro que plantearse qué puede hacer la sociedad para atender al millón de personas que viven solas en viviendas de su propiedad y percibe unos ingresos por debajo de 400 euros al mes, y a los otros dos millones que viven en pareja en viviendas propias con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales.

Productos financieros existen, por ejemplo, las hipotecas inversas, esto es, líneas de préstamo abiertas que permiten disposiciones periódicas contra la garantía del activo por un monto total y un plazo predeterminado, o los sistemas que garantizan una determinada cantidad mensual de por vida y toman como contrapartida el inmueble, entre otros.

Los problemas que se plantean son múltiples. Por un lado, el marco legal y la tipología de los productos no están perfectamente definidos, ni su uso lo suficientemente generalizado, por lo que el grado de prevención y recelo frente a los mismos es muy elevado. Por otro, a los posibles beneficiarios de dichos productos les asusta agotar su patrimonio y, si se prolonga la vida más allá de lo esperado, no tener posteriormente ningún recurso adicional con el que afrontar el último tramo de sus vidas. Incluso las propias familias ven todas estas iniciativas con mucha desconfianza pues interpretan que las entidades financieras acaban por quedarse con el bien (inmueble, habitualmente) ofreciendo unas contrapartidas claramente inferiores al valor del mismo.

Las entidades de crédito, por su parte, también tienen sus recelos. No asumen productos a largo plazo con periodos de maduración, en algunos casos, indefinidos, que presentan una imagen pública dudosa, que podrían acabar por enfrentarlos con sus clientes y, sobre todo, que al final del proceso les suponen un alto riesgo de acabar teniendo que asumir la garantía (el inmueble) obligándoles a realizar actividades que se encuentran fuera de sus competencias habituales.

Sin embargo, y por encima de todas estas dificultades, no cabe la menor duda de que la sociedad debe articular toda una serie de medidas tendentes a facilitar y favorecer la movilización del ahorro acumulado por un segmento de población, el más necesitado de apoyo, con menor capacidad de respuesta y de maniobra, para mejorar los últimos años de su vida. Tal vez, un ejemplo pueda facilitar la comprensión del impacto que podría ocasionar la generalización del uso de estas medidas.

Supongamos una persona de 70 años que vive sola, en una casa de su propiedad valorada en 200.000 euros y que recibe una pensión de 400 euros al mes. Con un adecuado diseño y apoyo al producto (por ejemplo, con ligeros retoques fiscales en gastos de notaría, y otros asociados a la transacción) podría concedérsele una hipoteca inversa por 100.000 euros (la mitad del valor del inmueble) a lo largo de 15 años contra la garantía del activo, lo que se traduciría, a los tipos de interés fijos vigentes en este momento, en una percepción mensual complementaria de unos 370 euros al mes adicionales.

Si la persona fallece antes de los 15 años la familia podría recuperar fácilmente el inmueble abonando la cantidad dispuesta hasta ese momento, o acordando con la institución financiera la posibilidad de la venta del activo, liquidar el préstamo y recibir el resto. Si la persona beneficiaria vive más del periodo pactado, siempre puede renegociar otro nuevo préstamo contra la garantía del mismo bien, y con el contravalor de la parte no dispuesta del mismo, obviamente actualizada.

En definitiva, movilizando la mitad del valor presente del ahorro acumulado a lo largo de su vida, manteniendo la propiedad del activo, evitando el desarraigo de las personas de su entorno vital, obviando las críticas y reticencias de sus familias, podría prácticamente duplicar sus ingresos, con el consiguiente impacto en la mejora de su nivel de vida.

En resumen, teniendo siempre como objetivo el cumplimiento de una función social, tal vez se debería pensar cómo articular todo un conjunto de actuaciones que favoreciera la desinversión del ahorro acumulado por estos colectivos, evitando que resulten penalizados, en el último tramo de sus vidas, por unas decisiones de ahorro e inversión, que en su día fueron en parte impulsadas por la propia acción de gobierno, y cuyos costes se concretan en lo fundamental en el margen para hacer líquidos dichos activos. Al fin y al cabo, los planes de pensiones de la mayor parte de los españoles durante decenios no eran otros que la propia adquisición de sus viviendas. Favorezcamos ahora la utilización de los mismos y no los penalicemos por ello.