Nueva etapa en la SEPI
Hace unos días, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para modificar determinados artículos de la norma legal que regula el funcionamiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Con la reforma se abandona el principio de autonomía presupuestaria que ha regido el funcionamiento de la SEPI desde 1996.
El cambio es importante y, según la exposición de motivos del proyecto, se realiza debido a que en la nueva etapa empresarial que ha iniciado la SEPI no puede mantenerse la citada autonomía presupuestaria. Es decir, estamos ante un cambio de rumbo en la institución, cuya valoración requiere comparar los parámetros de la etapa que se cierra con los correspondientes a la etapa que se abre.
Así, en 1996 la SEPI recibió el encargo de realizar un ambicioso programa de privatizaciones de empresas públicas, en el marco de un proceso amplio de reformas económicas liberalizadoras que aspiraba a modernizar la economía española.
En cumplimiento del encargo, durante el periodo 1996-2004 la SEPI privatizó cerca de 50 empresas públicas, con un balance claramente positivo. En relación con el método y a fin de evitar los errores previos a 1996, se adoptaron los principios de publicidad, concurrencia y transparencia y se diseñó un procedimiento que combinó eficacia, garantías y control. Se separó la gestión de las compañías de la gestión de la venta, se realizaron valoraciones independientes de las empresas a privatizar, se combinaron los controles ex ante y ex post Respecto a sus efectos, es relevante que todas las sociedades privatizadas siguen vivas, y que su evolución ya como privadas está siendo satisfactoria para la economía española, toda vez que, globalmente consideradas, han aumentado un 40% su facturación anual, un 20% su inversión anual y un 10% el número de sus empleados.
En términos financieros, con las privatizaciones del periodo 1996-2004 se obtuvo un precio neto de 19.000 millones de euros. Estos recursos se emplearon básicamente en: pagar obligaciones anteriores a 1996 -deuda histórica del INI y externalización de compromisos laborales- (un 50%); reestructurar empresas y cubrir pérdidas (un 28%); aumentar los activos de la SEPI (un 12%); pagar dividendos al Estado (un 4%).
Pero además, la SEPI también realizó reestructuraciones empresariales en las sociedades no privatizables para mejorar sus cuentas de resultados, reduciendo las pérdidas en aquellas que son deficitarias o aumentando los beneficios en las que son rentables -valgan como ejemplos respectivos los casos de Hunosa y de Tracsa, respectivamente-.
Por otra parte, el Gobierno fue procediendo a asignar a la SEPI empresas públicas que estaban en la órbita de la Dirección General de Patrimonio del Estado, para sustituir a ésta por un accionista más activo (SEPI) y que incorporaba más experiencia y mayor capacidad de gestión, dirección y coordinación (Trasmediterránea o Cetarsa, entre otras, en 2000 y Tracsa o Mercasa como ejemplos en 2003).
A su vez, la SEPI desarrolló un innovador plan de promoción empresarial para propiciar la realización de iniciativas empresariales privadas. Se puso en marcha la construcción de 27 parques empresariales con una superficie de 26 millones de metros cuadrados y una inversión pública (recuperable) de 763 millones de euros, una inversión privada inducida de más 7.000 millones de euros y 53.000 empleos. Se constituyó la sociedad Sepides para apoyar, asesorar y promover las inversiones privadas, llegando a participar transitoriamente en más de 400 proyectos empresariales, con una inversión pública (también recuperable) de 160 millones de euros, una inversión privada inducida de 1.800 millones de euros y 15.000 empleos. Con el Patrimonio Nacional y la Onlae se puso en marcha la rehabilitación del Hipódromo de la Zarzuela, lo que ha permitido reiniciar las carreras de caballos en Madrid.
En conjunto, este dinamismo de la SEPI, en su faceta de agente privatizador, gestor de empresas e impulsor de iniciativas privadas, ha contribuido a la evolución positiva de la economía española que ha vivido la mejor década de su historia, pues además de sanear las cuentas públicas -eliminación del déficit y reducción significativa de la deuda- ha crecido a un ritmo alto y continuado y ha aumentado el nivel de empleo en un 50%.
Frente a lo expuesto, la nueva etapa que se inicia en la SEPI, según se desprende de las memorias económica y justificativa que acompañan al proyecto de ley, se caracteriza por: paralizar el proceso de privatizaciones (pese a que en la SEPI, y sobre todo fuera de ella, existen aún muchas empresas públicas privatizables); frenar la migración de empresas públicas hacia la SEPI (renunciando así a extender la función de accionista activo de ésta), y ralentizar el proceso de promoción empresarial de la SEPI (desaprovechando las posibilidades que ofrece). De este modo, el abandono de la autonomía presupuestaria de la SEPI es la menos mala de las noticias, pues en realidad no es sino la consecuencia de algo aún más decepcionante, como es haber abandonado las potencialidades que la SEPI tiene como agente económico del Gobierno.