Competencia insta al Estado a revisar sus concursos en los seguros sanitarios
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) ha detectado 'diversos aspectos claramente mejorables desde el punto de vista de la competencia' en la concertación de los seguros sanitarios. En un dictamen del pasado 26 de septiembre, insta al Gobierno a analizar dicho procedimiento en las mutualidades del Estado.
Las mutualidades de funcionarios civiles, Fuerzas Armadas y Poder Judicial, que proporcionan cobertura sanitaria a 1,8 millones de personas -Muface, Isfas y Mugeju, respectivamente- podrán ser objeto de investigación por parte del Servicio de Defensa de la Competencia sí el Consejo de Ministros aprueba la medida adicional incluida en el último dictamen del Tribunal.
Dicha medida ha sido incluida en el informe que el Tribunal ha emitido al autorizar, con tres condiciones, la compra del 25% de Igualatorio Médico Quirúrgico Seguros (IMQ Seguros) por parte de Adeslas, la entidad líder en el seguro de salud y que también opera en la prestación de servicios. Adeslas está controlada en un 65% por Agbar, participada a su vez por La Caixa.
Entre los requisitos para aprobar la operación se ha exigido que las entidades garanticen la no exclusividad en la contratación de asistencias sanitarias. Además, el Tribunal reclama como condición que la entidad resultante extienda la contratación a quiénes lo soliciten, así como contratar por un periodo de tres años con las tres mutualidades del Estado en condiciones de mercado.
Pero además de los requisitos específicos para la operación de Adeslas, la normativa de Competencia permite la inclusión de unas condiciones 'a las que podría subordinar su aprobación' y 'las medidas apropiadas para el restablecimiento de una competencia efectiva'.
Implicaciones nacionales
Este ha sido precisamente el caso, ya que la investigación llevada a cabo sobre el mercado de la asistencia sanitaria ha levantado las alarmas sobre los procedimientos de concertación públicos y privados en todo el Estado. El documento del Tribunal señala que 'en el mercado del seguro de asistencia sanitaria concertado la sanidad pública debe ser considerada un competidor más' a diferencia del mercado de 'libre elección dónde la sanidad pública es un condicionante'. Las tres mutualidades implicadas mantienen conciertos con entidades de seguro privado para ofrecer a los mutualistas esta alternativa dentro del seguro obligatorio.
En consecuencia, el Tribunal propone al Gobierno analizar 'las características competitivas del proceso de elección de la entidad sanitaria por parte de los funcionarios con el fin de indicar a las mutualidades posibles medidas para incrementar la competencia'.
Las aseguradoras del ramo de vida, que hasta junio mantuvieron en primas 2.209 millones, un 25% de las cuáles corresponden a las tres mutualidades, se encuentran, en la actualidad, inmersas en una batalla por ganar peso en un negocio con economías de escala claves. Así mismo, se mantienen expectantes ante el desarrollo e impacto de la nueva Ley de Dependencia.