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Presupuestos

El Gobierno propone pagar la sanidad con más impuestos

El Gobierno pondrá en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de obtener 2.500 millones de euros anuales adicionales para financiar la sanidad, a través de la subida de los impuestos que gravan el tabaco, el alcohol, los combustibles y el consumo eléctrico.

A este bloque de medidas fiscales que ayudarían a aumentar los ingresos de las comunidades, el Gobierno ofrece incorporar una partida adicional de 500 millones de euros en los Presupuestos de 2006 y otra similar en los de 2007. Además, propone aumentar de forma transitoria los anticipos a cuenta por los impuestos cedidos del 98% al 100%. Si las comunidades aceptan, podrían disponer ya este año de otros 800 millones de euros.

Este conjunto de iniciativas está incluido en el documento que Economía remitió ayer a las 17 comunidades, teniendo en cuenta que sus presidentes se reunirán para debatirlo el próximo día 10. Para preparar esta cumbre habrá dos reuniones previas, una el lunes y otra el miércoles, cita fijada para el Consejo de Política Fiscal.

La propuesta presentada ayer a los medios de comunicación por el vicepresidente Pedro Solbes, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, la titular de Sanidad, Elena Salgado y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, sintoniza con el criterio expuesto desde el principio por el Gobierno de que cada comunidad debe disponer de mayor corresponsabilidad fiscal para actuar sobre sus ingresos dado que desde el año 2001 tienen transferidas las competencias sobre sanidad.

Ingresos extras

Economía calcula que el aumento en un 10% de los impuestos especiales que gravan los alcoholes reportaría a las comunidades 25,4 millones extra. El tipo normal pasaría de 754,77 euros por hectolitro a 830,25 euros. La elevación del tipo aplicable a los cigarrillos en un 5%, desde los 3,99 euros actuales por cada mil unidades a los 4,20 euros, aportaría 101,8 millones adicionales. Con este baremo, el paquete de Ducados pasaría de los 2,20 euros actuales a 2,31 y el de Marlboro, de los 2,75 a 2,88.

El Gobierno también ofrece a las comunidades duplicar la capacidad normativa sobre ventas minoristas de hidrocarburos. El actual recargo de 24 euros por cada mil litros pasaría a 48, con unos ingresos estimados por Economía de 819 millones para el conjunto de las comunidades. El llamado céntimo sanitario sólo es aplicado en la actualidad por cinco territorios. Si lo utilizaran los 17 ingresarían alrededor de 696 millones.

Por último, un recargo de dos puntos en el Impuesto sobre la Electricidad, cuyo tipo pasaría del 4,864% al 6,864%, aportaría unos ingresos extras de 321 millones.

Mejorar la gestión para un mayor control del gasto

El documento que el Gobierno remitió ayer a las comunidades recoge buena parte de las propuestas elaboradas el pasado mes de julio por el grupo de expertos coordinado por la secretaria de Política Económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero. Una parte importante de estas medidas tienen relación con el control del gasto sanitario.El Gobierno ofrece en ellas la implantación de criterios racionales en la gestión de las compras, la aplicación de un uso racional de los medicamentos y de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas, la consolidación de los incentivos a los profesionales sanitarios, el reforzamiento de las agencias de evaluación de las tecnologías y el aumento de los recursos para la atención primaria, que es desde la que se desarrollan la mayoría de las políticas preventivas. El objetivo es que el gasto sanitario no crezca por encima del PIB.La aportación presupuestaria de 1.000 millones de euros a la que el Gobierno se comprometió ayer se desarrollaría en dos tramos. El primero se canalizaría a través de Sanidad y contaría con una aportación de 50 millones de euros. El tramo restante de 450 millones de euros se encauzaría a través de las transferencias a las comunidades autónomas y tendría, al igual que el primero, una vigencia de dos años. No sería consolidable y se repartiría con los mismos criterios con los que se asignó el sistema de financiación vigente desde 2001, con los datos de población correspondientes a 2004.

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