Financiar la sanidad
El Gobierno presentó ayer una propuesta para reforzar la financiación sanitaria que puede poner en manos de las comunidades autónomas unos 2.500 millones de euros adicionales por año. De esta cifra, 1.000 millones serían aportados por el Estado (sólo durante dos ejercicios) y el resto procedería del incremento de impuestos en alcohol, tabaco y electricidad. Además, el Ejecutivo propone duplicar el margen con que cuentan las comunidades autónomas para imponer recargos a los hidrocarburos. Un incremento del llamado céntimo sanitario que podría traducirse en más de 800 millones de euros adicionales para las arcas regionales. Para ello sería necesario, eso sí, que los Ejecutivos de las comunidades autónomas estén dispuestos a retratarse ante sus votantes, elevando la fiscalidad sobre los carburantes para costear su creciente factura sanitaria. Un ejercicio de responsabilidad fiscal que hasta el momento sólo han aplicado cinco comunidades autónomas.
El plan incluye, además, una amplia batería de propuestas para impulsar la eficacia en la gestión de recursos y mejorar el control del gasto. Pasos esenciales que deberían aplicar con esmero y rigor todos los gestores autonómicos, sean del signo político que sean.
La respuesta inicial del Partido Popular ha sido un rechazo frontal. Es de esperar que se trate sólo de la escenificación previa a un proceso negociador serio. Al igual que es previsible que el Gobierno se haya guardado cartas en la manga para ponerlas encima de la mesa una vez avanzada la negociación. El Ejecutivo central y los responsables autonómicos tienen la obligación política y moral de apartar los intereses partidistas y sellar una reforma que permita garantizar la calidad del servicio y la viabilidad económica futura del sistema sanitario.