La sequía
Generar alarma social no es el mejor método para afrontar los problemas relacionados con la sequía en España. Se trata de una situación que se presenta periódicamente y que se resuelve mediante medidas coyunturales, que deben adoptarse a veces con cierta urgencia en casos concretos, y otras de carácter estructural y ligadas a las estrategias nacionales en materia de política hidráulica y de regadíos. En ambos aspectos existe suficiente experiencia como para no tener que dar crédito a alarmismos injustificados.
Desde la perspectiva de la agricultura, 2005 está siendo un año muy malo, que se inició con pérdidas por heladas y sigue con una sequía que se prolonga desde el último otoño-invierno, aunque la producción de vino fue récord histórico y la de aceite de oliva puede calificarse de normal. Por tanto, los primeros efectos de la actual sequía se reflejan en la cosecha de cereales. Se anuncia una baja cosecha de cereales (13 millones de toneladas) y, probablemente, también lo serán las próximas producciones de vino y de aceite.
Desde hace una década, no nos enfrentábamos a una situación similar. Entonces se inició en el otoño-invierno de 1993-1994, culminando con una cosecha catastrófica de cereales en el verano de 1995 (11 millones de toneladas). La situación se normalizó ese otoño-invierno. Por tanto, fueron dos años, uno malo y otro fatal. También entre 1981-1983 las cosechas de cereales se vieron afectadas por la sequía y, sin embargo, el promedio quinquenal volvió a registrar récord histórico de producción.
España no se puede permitir modificar su política hidráulica y de regadíos con cada cambio de mayoría parlamentaria
Fueron por tanto, en ambos casos, dos años de angustia y pérdidas económicas que, no obstante, apenas tuvieron impacto en los promedios quinquenales salvo ligeramente en cereales en 1990-1994. Ello es prueba de que una agricultura moderna y tecnológicamente avanzada, como es hoy día la española en aceite de oliva, en frutas, en hortalizas y en vino, está suficientemente preparada para asumir el impacto negativo de oscilaciones climatológicas muy conocidas.
Sin embargo, el caso de los cereales es algo distinto. La escasez y elevados precios de los cereales castigan de un modo especial a la ganadería, incrementando los costes de producción y haciéndole depender de las importaciones en mayor medida de lo ya habitual. El impacto sobre los regadíos es variable, según el nivel de reservas en cada zona regable. Además, los cultivos con ayudas de la PAC mantienen un cierto nivel de garantía en las rentas.
La actual Ley de Aguas establece claramente los usos prioritarios del agua y, en épocas de sequía, pueden suspenderse los riegos agrícolas y otras utilizaciones económicas para garantizar los abastecimientos de consumo humano. Por tanto, no hay motivo de alarma. La situación a día de hoy no lo requiere. Pero la sequía es un fenómeno que nos recuerda periódicamente que España no puede prescindir de una estrategia de medio-largo plazo en materia de aguas. Se trata de un tema tan vital que no admite frivolidades. Algunos de los aspectos de dicha política son asumidos por todos: modernización de regadíos, de conducciones, sistemas de ahorro de agua, planificación y ordenación de la demanda, introducción de tecnologías de medición de consumos y previsión de déficit También existen aspectos más discutibles y opinables: nuevos embalses, trasvases, nuevos regadíos, tarifas Lo que no se puede permitir este país es modificar su política hidráulica y de regadíos cada vez que se produce un cambio de mayoría parlamentaria. Ni tampoco el aprovechamiento electoral de la problemática del agua.
En planes y programas que representan un enorme esfuerzo presupuestario y cuyas inversiones se ejecutan en horizontes de muchos años, es preciso buscar el consenso de las principales fuerzas políticas. En regadíos se logró dicho consenso en los planes de modernización, consolidación y ahorro de agua, aunque en mucha menor medida en lo referente a los planes de nuevos regadíos (canal de Navarra, Segarra-Garrigues ), o a los programas en ejecución desde hace décadas (Riaño, Monegros ), donde las estrategias de las comunidades autónomas son incompatibles con la estrategia del Estado. Además, no hay que olvidar que la competencia administrativa en materia de regadíos es autonómica, aunque la competencia hidráulica es estatal.
Los dos grandes partidos políticos nacionales alcanzan el consenso hidráulico en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León pero son incapaces de lograr algo similar en España. Ello se debe a razones de oportunismo electoral, en un tema muy sensible para la opinión pública en todas las regiones.
Ante la realidad del cambio climático, las sucesivas reformas agrícolas, la actual dinámica económica y la especial problemática medioambiental de nuestro país, es preciso volver a revisar el conjunto de las estrategias nacionales y regionales en materia de agua en busca de un consenso nacional que evite la inestabilidad e incertidumbre y para ello, ya se sabe, todos tendrán que ceder algo.