Inseguridad jurídica en Bolivia
Bolivia atraviesa momentos de seria inestabilidad política que dieron lugar a la renuncia del presidente, Carlos Mesa, tras varias semanas de disturbios en demanda de la 'nacionalización' de los hidrocarburos. Además, Santa Cruz, la provincia más rica y que agrupa la mayor parte del empresariado, presiona por la autonomía. Algo descartado completamente por las autoridades de La Paz. Un escenario en el que cobra fuerza el movimiento indigenista, aglutinado en el MAS del diputado cocalero Evo Morales, partidario de estatalizar todo el sector energético en un país que cuenta con las reservas de gas más importantes de Latinoamérica, por detrás de Venezuela.
En este contexto era previsible que la actividad de las petroleras que operan en el país -entre ellas Repsol YPF, que controla el 30% de las reservas de hidrocarburos- se viesen afectadas. Lo que no era esperable es que el golpe proviniese de un Gobierno provisional, nombrado para convocar elecciones anticipadas, y con una virulencia normativa inusitada.
El Gobierno provisional de Eduardo Rodríguez ha aprobado tres 'decretos supremos' para empezar a aplicar la Ley de Hidrocarburos promulgada el 17 de mayo, que establece la recuperación del control estatal en 'boca de pozo', es decir, en la superficie de los yacimientos. En base a ellos, se crea con carácter retroactivo a mayo un impuesto a la producción del 32%, adicional al fijo del 18%, se establece un sistema estatal de fiscalización de los trabajos de las compañías y se encarga al Ejército y la Policía que controlen las instalaciones.
Lo último que necesita un país pobre es espantar a las empresas internacionales que han apostado por él. Aprobar tales normas en un momento de interinidad política es la mejor forma de crear una reprobable inseguridad jurídica de consecuencias imprevisibles.