Una cuestión de fondos
La economía española viene registrando, desde su incorporación hace 20 años a la hoy Unión Europea, un fuerte impulso basado en diversos factores. Desde la liberalización interior y exterior que supuso el ingreso al club y la apuesta por el mercado único comunitario, con la consiguiente entrada de inversión extranjera directa, hasta la masiva recepción de ayudas estructurales, pasando por la participación en la coordinación de políticas macroeconómicas, al principio, y la adhesión al euro y el plan de estabilidad, con posterioridad. Sin todos estos estímulos la economía española estaría en peor forma de la que presenta en la actualidad gracias a ellos, a igual esfuerzo por parte de los agentes domésticos.
Entre los factores citados destacan las ayudas estructurales y de cohesión que España ha recibido de manera preferente, al menos en términos absolutos, desde su incorporación y muy especialmente desde que se reformaron los Fondos Estructurales en 1987. Como media durante el período 1989-2006, las ayudas europeas han representado un 0,98 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) español, estimándose que dichas ayudas han generado un estímulo acumulativo del 4,74 por ciento en la producción real, elevando la tasa de crecimiento real anual en 0,4 puntos porcentuales. Ello se ha traducido también en un incremento medio de 5,78 puntos porcentuales en la ratio de renta por habitante española respecto a la media comunitaria de la Europa de los Quince, lo que explica más de la tercera parte de la convergencia real dicho grupo de países en el periodo. Asimismo, estas ayudas europeas han hecho posible la creación o mantenimiento medio de unos 299.000 empleos y una disminución media en la tasa de paro de 0,17 puntos porcentuales durante el período 1989-2006.
Es bien natural pues que, desde la perspectiva española, se contemple con preocupación y ansiedad el futuro de estas ayudas en las Perspectivas Financieras de la Unión Europea para el período 2007-2013 que se debaten en el Consejo de Bruselas entre ayer y hoy. Dichas perspectivas constituyen una herramienta de planificación plurianual que desempeñan un papel clave en el diseño y ejecución de la política económica comunitaria, por cuanto proveen de estabilidad a los presupuestos anuales, promueven la disciplina presupuestaria y hacen posible un enfoque de largo plazo.
España debe profundizar en las reformas económicas para que la retirada de las ayudas no sea perceptible
La urgencia de alcanzar un acuerdo para el período 2007-2013 se fundamenta no sólo en razones presupuestarias (sería muy difícil lograr acuerdos para el presupuesto anual de 2006 o 2007) o técnicas (se necesitan entre 12 y 18 meses como mínimo para preparar todos los instrumentos legales y financieros asociados a estas perspectivas), sino sobre todos políticas (para demostrar que Europa no se ha parado, que sigue en marcha a pesar de la incertidumbre constitucional) y económica (restaurar la confianza de los agentes económicos y reforzar la apuesta por alcanzar un mayor crecimiento, más empleo y más competitividad).
Idealmente, de esta cumbre tendría que salir una política de cohesión aún más ambiciosa, con la que dar una respuesta adecuada no sólo al aumento de las disparidades socioeconómicas asociadas a la ampliación y la reestructuración provocada por la creciente globalización, sino también a la expansión de una nueva economía basada en el conocimiento y a los retos demográficos derivados tanto del envejecimiento de su población como del incremento de la inmigración. Ello requeriría una mayor dotación presupuestaria, pero la UE se enfrenta a una revisión profunda de sus cuentas financieras en un contexto de escaso crecimiento económico y con 20 millones de parados, y en el que seis de los contribuyentes netos más importantes (Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia, Suecia y Austria) reclaman una reducción en el presupuesto comunitario.
En términos generales varias son las opciones abiertas, no todas excluyentes. En primer lugar, la de modificar el denominado 'cheque británico', congelando su cuantía en 4.700 millones de euros en 2007 y reduciendo progresivamente cada año esa cantidad. En segundo lugar, renegociar la Política Agrícola Comunitaria (que canaliza el 40% del presupuesto comunitario a un sector que apenas representa el 4% del PIB comunitario), realizando un esfuerzo adicional para reducir los fondos destinados a esta partida. A continuación, la introducción de cierto gradualismo, a través de medidas de transición que permitan a los países más afectados (entre ellos España) asumir de manera más cómoda su nueva situación financiera. En cuarto lugar, el reciclaje de los fondos comprometidos pero no utilizados, mediante la aplicación de la regla 'n+2'. Finalmente, el reconocimiento del efecto estadístico nacional (además del regional), que reconozca una salida gradual del Fondo de Cohesión para aquellos países que hayan superado el 90% de la renta media de la UE ampliada, pero permanezcan por debajo de dicha renta en la UE-15.
Será una tarea harto complicada, por cuanto han de buscarse nuevas alternativas, nuevas posibilidades y nuevas opciones que den lugar a nuevas oportunidades creativas mutuamente beneficiosas, preferibles a todas las propuestas iniciales. Se trata de avanzar en el verdadero sentido del consenso: aquel que se basa más en lo que ganan todos que en el lo que pierde cada uno. Se necesita un esfuerzo por flexibilizar posturas y enfocar la negociación desde una perspectiva comunitaria, una cuestión que está por encima de los intereses nacionales. Sólo así el proyecto europeo se vería reforzado mediante una renovada visión común de esta expresión de la solidaridad comunitaria representada en las ayudas estructurales y de cohesión, máxime cuando los proyectos financiados con estas ayudas permiten hacer visibles a los ciudadanos las ventajas de ser miembros de la Unión.
Sea cual sea el resultado final, es necesario que España y sus regiones sigan profundizando en las políticas económicas encaminadas a resolver los desequilibrios macroeconómicos estructurales, la liberalización de mercados de factores y productos, y el desarrollo (y mantenimiento) de una adecuada capitalización productiva y humana para que la reducción o retirada de las ayudas comunitarias no sea perceptible. Ello representa también una exigente agenda para nuestro país, que haría muy bien en dedicar al menos tanto esfuerzo a prepararse para poder decir adiós a las ayudas comunitarias lo antes posible como el que dedica a procurar su mantenimiento.