Las eléctricas deberán separar la gestión de sus redes en 2007
Las eléctricas se enfrentan a la directiva que exige la independencia de la gestión de las redes de distribución para evitar que prime sobre el interés público el de las compañías. El Gobierno elabora la adaptación de esta norma, que ha de aplicarse antes de julio de 2007, y se debate entre las dos opciones (radical y moderada) que plantea la CNE.
La cuenta atrás para la adaptación de las directivas sobre electricidad y gas, que el Ministerio de Industria ha prometido terminar en las próximas semanas, ha puesto en guardia a las eléctricas. Y es que el Gobierno está obligado a adaptar a la legislación española el precepto comunitario que establece que si el gestor de la red de distribución forma parte de una empresa integrada verticalmente, dicha gestión 'deberá ser independiente de las demás actividades no relacionadas con la distribución'.
Este es el caso de España, donde el distribuidor eléctrico es simultáneamente propietario de las redes, gestor de las mismas y suministrador de los consumidores a tarifa. Dicha independencia se refiere a la 'personalidad jurídica de la actividad, la organización y la toma de decisiones', si bien, la directiva eléctrica no impone que las empresa pierdan la propiedad de los activos de distribución.
En la adaptación de esta norma, que lleva un retraso de un año y fue la causa del expediente que Bruselas abrió a España en otoño, el Gobierno cuenta con un informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que plantea, por desacuerdo del consejo, dos opciones contrapuestas para cumplir con la directivas, en función de quién tenga la propiedad de las redes y de cómo se definan las zonas de distribución. La aplicación de la norma, obligatoria desde julio de 2004, se puede aplazar hasta el 1 de julio de 2007. El Gobierno que, según fuentes del sector, ha querido tranquilizar a Bruselas remitiéndole dos borradores, cuyo contenido no ha trascendido, trabaja sobre ambas opciones.
Pros y contras
La primera plantea dejar la situación como está, esto es, que la gestión de las redes en cada zona eléctrica siga en manos del propietario de la red. Sin embargo, en este caso, las empresas deberán separar la actividad del suministro, creando un comercializador a tarifa, tal como propuso hace tiempo la CNE.
La segunda posibilidad del regulador es más radical y supone crear un gestor totalmente independiente sin activos de distribución, en cuyo caso, las empresas no necesitarían separar de la distribución el suministro a tarifa. En este gestor podrían participar todas las eléctricas que operan en una zona, además de las comunidades autónomas (que tienen las competencias en materia de distribución), el operador del sistema (REE) y los transportistas.
Para los partidarios de la primera opción, ésta cumple con la directiva y evita que las empresas se 'troceen' y que las comunidades autónomas participen en la gestión. Algo que, según esta propuesta del informe, puede producir 'confusión entre competencias'. Frente a quienes consideran que la presencia de las comunidades en los gestores independientes puede resolver los problemas de calidad del suministro, sus opositores consideran que este modelo puede romper 'la tarifa única'; convertir al distribuidor 'en un mero contratista sin vocación de continuidad en el negocio (pues no decide dónde invierte, ni como explota ni mantiene)' y hacerlo más ineficiente económica y operativamente.
Con esta alternativa se pretende evitar que las empresas sufran 'un importante daño patrimonial al variar de contenido uno de los negocios básicos de su actividad', opinan sus defensores.
Por el contrario, para la línea partidaria de la existencia de un gestor independiente, éste impedirá que 'predominen los intereses del propietario de las redes sobre el interés público de la gestión de la red'.
En este sentido, el informe de la CNE recoge las ventajas que enumeran los partidarios de un gestor sin activos: será 'más neutral' en la adjudicación de capacidades y en su diseño; 'mejor árbitro frente a los conflictos'; 'más crítico con la información a transmitir a la Administración' que si es el responsable de las redes; 'mejor supervisor y más efectivo' en cuestiones como la eficiencia energética.
¿Cambiar las actuales zonas eléctricas?
Entre las recomendaciones de la CNE para aplicar la directiva sobre el mercado de la electricidad, figura la definición de zona eléctrica de distribución, pues de su número, dependerá el número de gestores de las redes de distribución, cuya independencia exige la norma comunitaria.En este caso, el consejo del regulador también ha expresado dos opiniones contrapuestas. Una de ellas propone mantener las actuales áreas de gestión independientes (ver mapa), un total de 18, más Ceuta y Melilla, que no coinciden con los límites administrativos de las 17 comunidades autónomas. La otra pide que la definición de zonas eléctricas se haga por comunidades, ya que éstas tienen plenas competencias legales sobre la distribución, según la Constitución y los Estatutos.Si se opta por el primer caso, el regulador considera que en una zona eléctrica que abarque más de una región, el gestor de las redes debe designarlo el Gobierno de acuerdo con el autonómico y la propia CNE. Para esta opción, se prevé la existencia de un gestor combinado de redes de transporte (REE) y distribución.Para los partidarios de establecer zonas autonómicas, mantener la situación actual supondría dar 'rango normativo a algo que no es más que la historia de las fusiones, intercambios de activos, escisiones, etc. de las empresas'. Por el contrario, hacerlas coincidir con los territorios autónomos es una opción 'más sólida', porque hay normas regionales diferentes y es necesaria una información desagregada de las distribuidoras, ya que de ésta depende la retribución de sus costes.
Informes a Bruselas
El Gobierno ha querido tranquilizar a Bruselas remitiéndole dos borradores sobre las directivas de luz y gas. La CE abrió expediente a España en octubre por haber incumplido el plazo de aplicación de estas normas, que terminó el 1 de julio de 2004.