El pulso de los registradores
Francisco Silvela habló de la España sin pulso pero hay excepciones notables. Ahí está como caso paradigmático el de los registradores de la propiedad, dispuestos a resistir de manera argumentada y valerosa las medidas que desearía aplicarles el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero incluidas en el proyecto de ley de reformas para el impulso a la productividad.
Los registradores vuelven a sentirse bajo amenaza pero su reacción, según aclaran, está fuera de todo corporativismo y se centra sólo en sostener la garantía de los usuarios. Parece como si no se concediera tregua alguna a los esforzados registradores ahora que acababan de neutralizar las normas que quiso aplicarles el anterior ministro de Economía Rodrigo Rato a partir de 2001, de las que se dio alguna referencia en estas mismas páginas de opinión el pasado viernes (véase en Cinco Días del 3 de junio la columna titulada Todo por los registradores).
La tramitación del citado proyecto de ley en el Congreso de los Diputados ha ido dejando su huella, como puede comprobarse mediante la lectura del Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, de 1 de junio, donde se recogen todas las enmiendas al articulado. Los registradores tuvieron que avivarse para hacerse oír por los padres de la patria. Buena prueba de ello es que las enmiendas correspondientes al título II, Mejora en el funcionamiento de la Administración, capítulo II, Fe pública, disposiciones adicionales y disposiciones derogatorias, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y numeradas del 49 al 90, sean reproducción exacta de las paseadas por los Ministerios de Justicia y de Economía por el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España (Corpme), salvo alguna poda retórica en las justificaciones aducidas.
Los registradores vuelven a sentirse bajo amenaza, pero su reacción, según aclaran, está fuera de todo corporativismo
En su oferta de enmiendas, el Corpme evitó incurrir en discriminaciones y de ahí que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en sus enmiendas 110 a 120, vuelva a reproducir la inmensa mayoría de las anteriores asumidas por el PP, agrupando algunas de ellas, lo que para nada impide que se mantengan los textos y las justificaciones con puntos y comas. Veamos algunos ejemplos. La enmienda 110 de ERC reproduce la 59 del PP; la enmienda 11 de ERC transcribe la 60 del PP; la enmienda 112 de ERC endosa la 62 del PP; la enmienda 113 de ERC copia la 63 del PP; la 114 de ERC coincide con la 64 del PP; la 115 de ERC es idéntica a las 65 y 66 del PP; la 116 de ERC es exacta a la 72 del PP; la 117 de ERC es igual a la 84 del PP; la 118 de ERC es la 86 del PP; la 119 de ERC es la 90 del PP, y la 120 de ERC está tomada directamente del texto del Corpme.
Como se decía en esta misma columna el pasado viernes, el precedente de la reforma legal que ahora intenta el Gobierno es la Ley 24/2001, mediante la cual el ministro Rodrigo Rato se proponía agilizar el sistema registral conforme a una concepción liberalizadora. Pero la erosión de ese texto, de la que se encargó el Ministerio de Justicia durante las etapas, primero de Acebes y enseguida de Michavila, acabó neutralizando los nuevos preceptos. Los citados próceres lograron por las Leyes de Acompañamiento 53/2002 y 62/2003 trastocar el veto que impedía al registrador saltarse la vía jerárquica y recurrir las resoluciones de su propia Dirección General.
Además, la paralización reglamentaria terminó por hacer inviable la comunicación con los registros en la manera prevista por la Ley 24/2001, y mediante el Real Decreto 1.039/2003 dictado un 1 de agosto, al amparo de las vacaciones, lograron abortar la posibilidad legal de que el usuario eligiera al registrador más experto o más eficiente del cuadro de sustituciones que preveía la tan invocada Ley 24/2001. Continuará.