París, ¿valía un referéndum?
El referéndum es un escrutinio cuyos resultados son siempre delicados de interpretar, especialmente cuando el debate cacofónico sobre el Tratado Constitucional de la UE ha mostrado claramente la ambigüedad de esta consulta. Sí se pueden, sin embargo, extraer dos conclusiones indiscutibles de la larga campaña de los referendos francés y holandés y de la intensidad y riqueza de los debates, así como de la elevada participación de los ciudadanos.
Primero, el interés de la ciudadanía por el debate público y la voluntad de decidir con conocimiento de causa. Es decir, y dicho sea de paso, justo lo contrario de cómo se desarrolló el acelerado referéndum en España. Después, la clarividencia de los votantes al hacer caso omiso de los espantajos con que algunos dirigentes políticos intentaban disuadir el voto del no.
Frente al acierto de las encuestas de opinión al vaticinar el rotundo rechazo de la Constitución hay que contraponer el error y la ligereza del presidente Chirac cuando hace un año convocó un referéndum para ratificarlo.
Pero también se equivocó Europa al marcar con el sello constitucional una reforma institucional ordinaria (de hecho menos trascendental que la de Maastricht) sin un valor añadido particular, enmascarando las lagunas con una etiqueta que no estaba a la altura de las exigencias y necesidades de la Unión de 25 que pronto llegará a 27.
El mejor ejemplo que evidencia esta forma de proceder ha sido la creación de un ministerio de Asuntos Exteriores que tendría a su cargo la política exterior y de seguridad comunes. En realidad se quiso inventar un ministro de Asuntos Exteriores sin asuntos exteriores, un ministro in partibus, pues la política exterior quedaba sometida en el Tratado a la unanimidad, como naturalmente exigía perentoriamente el Reino Unido. Y no se ve qué política exterior común se puede así llevar a cabo.
Esta pudo haber sido una de las razones que han llevado a algunos ciudadanos al no. También pudo haber actuado en el mismo sentido que la Constitución es un documento excesivamente largo y farragoso. Su principal arquitecto Valery Giscard d' Estaing ha reconocido públicamente que 'el texto es más eficaz contra el insomnio que la mayor parte de los somníferos'. Pero mucho más importante como motivo para rechazo pudo haber sido la ausencia de la ciudadanía en la Convención que hizo de asamblea constituyente. Sus miembros no fueron elegidos ni tenían el mandato de hacer una Constitución. Al establecerla por vía de Tratado, los Parlamentos y los Gobiernos de la UE han actuado como si fuesen propietarios de la soberanía popular.
En la extraña alquimia política que dio la victoria al no estos contestatarios de la Constitución unían sus voces a las de un amplio y abigarrado colectivo que iba desde los antiotomanos a los soberanistas, pasando por el voto de protesta contra la política interior. Pero la balanza la inclinó al no una parte mayoritaria del Partido Socialista liderado por Laurent Fabius, antiguo primer ministro con François Mitterrand, que denunciaba el Tratado por peligrosamente neoliberal y dejaba el modelo social europeo dominado por el capitalismo de librecambio de estilo anglosajón.
Al radicalizar el Partido Socialista Fabius emplea cínicamente el referéndum para cultivar sus ambiciones presidenciales, pues de sobra sabe que de ser elegido se vería irremediablemente condenando a actuar en contra de lo que ahora preconiza.
Quienquiera que observe la elevada y creciente tasa de desempleo estructural y el práctico estancamiento de la economía francesa no puede dudar seriamente de su absoluta necesidad de una buena dosis de desregulación y liberalización de algunos mercados, empezando por el de trabajo. En el estilo británico, por ejemplo, que tan buenos resultados está dando.
El claro rechazo de la Constitución, primero por Francia y luego por Holanda, no es ni antieconómico ni antieuropeo y aunque ha provocado una fuerte convulsión en los países miembros de la UE, Europa no va a entrar en agonía.
Al enjuiciar la situación actual el sentido común aconseja huir de los extremos. De la complacencia de quienes, cada vez menos, piensan que el proceso de ratificación puede proseguir como si tal cosa, y del catastrofismo de los que temen un bloqueo de las instituciones, olvidando que si es difícil crear una nueva también lo es destruirla.
Pero el rechazo de la Constitución va a tener lógicamente consecuencias. Ya las tiene en Francia con el cambio de Gobierno y habrá también probablemente cambios en la cúpula dirigente del Partido Socialista. Y las tendrá a nivel comunitario. Como en otras crisis anteriores de la UE, la situación actual se acabará resolviendo. Cuando en el artículo IV-443 del Tratado se establece la posibilidad de que el Consejo examine la situación creada por la falta de ratificación de cinco países al cabo de dos años, los autores de la Constitución tenían en mente sin duda alguna salida, por ejemplo, una renegociación.
Después de todo, puede que los noes francés y holandés tengan, además del aspecto negativo como problema, el positivo de provocar un debate fundamental y necesario sobre la forma de la UE en el futuro.