El otro referéndum

El examen a la Constitución. Tras el varapalo recibido de los votantes franceses, el texto de la Constitución europea pasa hoy el examen en referéndum del electorado holandés. Los autores subrayan la trascendencia del proceso que se vive en estos momentos en la construcción de la UE y analizan sus consecuencias

Después del no francés, las miradas de toda Europa están puestas en Holanda, que celebra hoy su referéndum sobre la Constitución europea.

Durante décadas los holandeses han sido uno de los pueblos más entusiastas con el proceso de integración europea. No en vano grandes hitos de la historia de la construcción europea han tenido lugar en esas tierras. En 1948 el Congreso de La Haya estableció los fundamentos del proyecto europeo. En 1992, en Maastricht, se decidía el lanzamiento del euro que le daba impulso definitivo. Sus políticos, el ministro Beyen, y sus ciudadanos (¿qué sería la UE sin el caso promovido por la compañía holandesa Van Gend en Loos en el que se estableció la doctrina del efecto directo?) siempre se han situado en la vanguardia de la creación de esa 'unión más estrecha' que propugnaban los Tratados originales y se reafirmaba en el Tratado de Amsterdam.

Tras el no francés, el referéndum holandés ha cobrado nueva importancia. Si se cumple lo que anuncian las encuestas y se produce una segunda victoria del no, la ratificación de la Constitución entraría en dificultades todavía más graves. Por eso merece la pena dirigir nuestra mirada hacia este país de indudable fervor europeísta y, al igual que Francia, uno de los fundadores del proyecto europeo.

A diferencia de Francia, el referéndum holandés no ha concitado gran interés en su ciudadanía. En Francia ha existido un gran debate social en torno a la Constitución, pero en Holanda la desmovilización ha sido notable, al menos antes del domingo. Un reciente sondeo del instituto Maurice de Hond a mediados de mayo mostraba una posible abstención del 62%. La campaña lanzada por el Gobierno no parece haber dado los frutos apetecidos y muchos la han criticado por su incapacidad de hacer llegar a los ciudadanos un mensaje positivo sobre la integración europea.

La gran cuestión presente en la campaña del referéndum holandés ha sido la inmigración y el control de fronteras. Holanda se interroga sobre su modelo de convivencia, que se vio puesto en duda con los salvajes asesinatos del líder político Pyn Fortuyn y más recientemente del cineasta Theo Van Gogh. Dos asesinatos de naturaleza diferente pero que han mostrado la fragilidad de su modelo social a un país muy seguro de sí mismo y que ha sido siempre ejemplo de tolerancia y convivencia pacífica.

Estos asesinatos han exacerbado la tensión étnica e incrementado los sentimientos antimusulmanes en una Holanda con gran número de inmigrantes. Como resultado, los miedos a que la Constitución europea aporte consecuencias negativas en las cuestiones relacionadas con la inmigración, han estado muy presentes en la campaña del referéndum. La apertura de negociaciones para la adhesión de Turquía el pasado diciembre, no ha hecho sino aumentar esos temores.

Otro aspecto que ha incidido de manera importante es el creciente desencanto con respecto a un proyecto europeo que no es fácilmente comprensible para el ciudadano de a pie y que tampoco se explica demasiado bien. Se corre el riesgo de que, como en Francia, el miedo a Europa sea más fuerte que el sueño europeo.

También ha estado muy presente que los holandeses sean los europeos que más pagan per cápita a las arcas de la Unión. Pero al tiempo es innegable que se encuentran entre los ciudadanos que más beneficiados se han visto por el proceso de integración. Su estratégica situación geográfica, la tradicional apertura de su economía y la influencia notable que, pese a su tamaño, han tenido en los asuntos de la UE, les ha favorecido mucho en los avances de la construcción europea.

Otro sentimiento muy presente, aunque no tenga ningún fundamento en la Constitución, es el temor a la pérdida de identidad nacional y a una negativa influencia de la UE, en particular, en relación a las tradicionales políticas sociales progresistas del país, pionero, por ejemplo, en el matrimonio homosexual y la despenalización de la eutanasia.

También se ha acusado a la Constitución de transformar a la UE en un 'superestado' en manos de los grandes Estados, que dejaría de lado los intereses de un pequeño país como Holanda. Argumento también sin fundamento porque la Constitución en ningún caso pone en cuestión los modelos nacionales y, por el contrario, aclara el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros, exigiendo que cualquier proyecto sea aprobado por al menos un 55% de los Estados.

El euro y el aumento de la inflación han ejemplificado estos temores. El reconocimiento hace pocas semanas de la devaluación artificial de la antigua moneda nacional, el florín, frente al marco alemán, en vísperas del lanzamiento de la moneda única espoleó este argumento. Esta acusación contrasta con la experiencia de más de 50 años de integración europea donde se ha demostrado todo lo contrario. Los Estados como Holanda, defienden mejor sus intereses y adquieren mayor capacidad de influencia en el seno de una UE más fuerte y con más capacidad de acción.

Finalmente, pese a que muchas de las razones del no francés no son exportables más allá de sus fronteras, hay en Holanda un sentimiento de protesta contra el establishment político parecido al revelado en el caso francés, que se ha expresado a través del voto negativo a la Constitución.

Es indudable que una nueva victoria del no constituiría un serio revés que debería hacernos reflexionar muy seriamente a todos sobre sus razones profundas. Pero en ningún caso debería enterrar la Constitución europea. El proceso de ratificaciones debe continuar hasta el final para permitir a todos los europeos dar su opinión.

Nueve países con aproximadamente 220 millones de habitantes (49% de la UE) ya han dicho sí a la Constitución, y ni Francia, ni Holanda, ni ningún otro Estado, deben decidir por el conjunto de Europa.

Aunque ya sabemos que la Constitución requiere la unanimidad para su entrada en vigor, también se acordó que el proyecto sólo sería enterrado si menos de 20 países lo ratificaban. Por tanto, el proyecto europeo sigue vigente, ahora más que nunca.