Tarifas eléctricas, precios y déficit
El procedimiento que rige los precios de la electricidad está creando gran incertidumbre y es fuente de discriminaciones, según el autor. A su juicio, evidencia dos males endémicos: la difícil compatibilidad entre precios de mercado y tarifas reguladas y la desconfianza en el mercado mayorista
Las circunstancias no acompañan a la política energética. Estamos en un mal año. Atravesamos uno de los periodos más secos de los últimos 50 años y el precio del petróleo se resiste a abandonar los 45/50 dólares por barril y recuperar los niveles que hace año y medio la OPEP se fijó como objetivo.
En consecuencia, la producción de electricidad está resultando este año más cara: aumenta el coste de los combustibles primarios y hay menos agua. Los precios del mercado mayorista de electricidad han llegado hasta casi duplicar los que había el año pasado por estas fechas. Todo indica que este año nos toca 'déficit'.
Los precios de la electricidad, los que pagamos la mayor parte de los consumidores (un 97% de los consumidores y un 70% del consumo para ser exactos) no se rigen por los precios de los mercados internacionales o del mercado mayorista, sino por el real decreto de la denominada 'metodología de tarifas' que se aprobó en el año 2002. En base a esta norma, las tarifas se calculan una vez al año asumiendo una determinada evolución de los precios del mercado mayorista hasta 2010.
Los años en que los precios del mercado mayorista resultan inferiores a los previstos en las tarifas, con la diferencia entre ingresos y pagos, se nutre la bolsa de CTC, como ocurrió en 2004. Esta bolsa se destina a garantizar la recuperación de las inversiones en las centrales de generación que estaban funcionando bajo el antiguo marco regulatorio, el denominado Marco Legal Estable, MLE, que estuvo vigente a finales de los ochenta y principios de los noventa.
Cuando, como está ocurriendo en lo que llevamos de 2005 y ya ocurrió en 2002, los precios del mercado mayorista superan las previsiones de las tarifas, las diferencias provocan 'déficit'. Los ingresos de las tarifas son insuficientes para pagar los costes de transporte, distribución, las primas de renovables y extrapeninsulares y el precio de la energía en el mercado mayorista. La diferencia entre ingresos y pagos se vuelve negativa y, en principio, la financian los generadores que estaban funcionando en el MLE. En 2002, este déficit se recuperó por quienes inicialmente lo habían financiado con cargo a las tarifas de años sucesivos.
Este procedimiento, que como es fácil de comprender resulta difícil de entender, está creando una gran incertidumbre y es fuente de discriminaciones. Trata de manera distinta a los suministradores tradicionales y a los nuevos comercializadores (que no cobran CTC ni déficit y que sólo pueden comprar la energía en el mercado mayorista), y trata de manera desigual a cada generador del MLE, que financia el déficit según unos porcentajes aprobados en un real decreto cuya lógica económica no es explícita ni conocida.
En el fondo, todo esto evidencia dos males endémicos: la difícil, por no decir imposible, compatibilidad entre precios de mercado y tarifas reguladas y la nula confianza que reguladores, empresas y consumidores tenemos hacia el precio del mercado mayorista, objeto de múltiples denuncias, una veces por alto y otras por bajo, en los últimos meses.
Con los precios como están, el déficit de 2005 podría superar los 2.000 millones de euros, lo que puede provocar una catarsis total del sistema que arrancó con la Ley del Sector Eléctrico en 1998. Tanto si este déficit se recupera en años sucesivos como si no, algunos de los fundamentos del actual sistema quedarán muy resentidos.
Si las tarifas de los años siguientes a 2005 contemplan la recuperación del déficit de este año, los comercializadores sin generación quedarán discriminados respecto a los comercializadores a tarifa y la poca comercialización nueva que ha ido apareciendo en los últimos años puede desaparecer. Además, hacer un pass-through de los precios del mercado, cada mes o cada tres meses, sin cambiar el mercado y sin generar confianza hacia el precio no parece razonable. Por otro lado, si el déficit no se recupera, las tarifas reguladas dejarán de ser suficientes para recuperar los costes del suministro y esto puede impactar severamente las cuentas de las empresas.
Cualquier solución de corto plazo puede suponer un parche que genere más incertidumbre y más problemas que los que se pretenden evitar. No dejaría satisfecho a casi nadie. De momento, en el reciente paquete de competitividad, el reparto de CTC y la imputación del déficit se han pospuesto hasta el cierre del año 2005. El Gobierno parece decidido a esperar a la publicación del Libro Blanco, en el entendimiento de que este sistema de tarifas y precios, de mercados parciales que sólo lo son en parte, de terrenos de juego en los que se participa en condiciones muy desiguales entre unos y otros, necesita una reorientación, una nivelación y una mayor claridad y seguridad. Pero esperemos que no se pase el arroz. También es cierto que determinados problemas, cuanto más tarde se aborden, peor.
En fin, nada indica que salir de este lío vaya a resultar fácil, pero esperemos que el Libro Blanco apunte hacia una solución adecuada y que el Gobierno acierte en cómo implementarla.