COLUMNA

La soledad de quien paga

El debate, aún no iniciado, sobre la financiación autonómica solicitada desde el Gobierno catalán, vuelve a poner de relieve incomprensiones que se arrastran por lo menos, desde mediados del siglo XIX. No se trata de que haya negativas a pagar impuestos, ni siquiera de rechazo a la progresividad fiscal. Tampoco se trata de una negativa a aportaciones solidarias sin contrapartida, ni de solicitar privilegios, cosas que nadie ha propuesto pero que se han atribuido, lo que da la impresión de que no se desean modificaciones. Por eso es conveniente precisar algunos ejes en torno a los que se desarrolla la propuesta.

En el debate propuesto hay varios temas. Uno de los más importantes en Cataluña es la distribución del gasto público. Aceptado el pago progresivo no parece equitativo ni eficiente ni sostenible que la dotación de capital público y la inversión anual representen una proporción inferior a la que supone el PIB catalán respecto al español, ni siquiera la proporción de población. Así, por poner un único ejemplo, en el año 2002, con datos del Anuario Estadístico de España del INE, Cataluña con el 16,83% del parque de vehículos de todo el Estado cuenta con el 7,33% del total de kilómetros de carretera y, con una población del 15,53% (año 2001), tuvo el mismo año un 20,1% del número de víctimas de accidentes de circulación, y no por exceso de velocidad.

Si, a la vez, se redistribuye a través del pago personal de impuestos, de la no percepción de servicios personales, de la dotación regional de infraestructuras y de financiación territorial, de los fondos recibidos desde Bruselas y se añade el diferencial de tributación municipal y autonómica, el sistema fiscal sólo es sostenible con una adhesión amplia, máxime cuando las regiones con una aportación elevada tienen menos dotaciones y menor crecimiento relativo.

Una Agencia Tributaria autónoma reduce la eficiencia en la recaudación y la capacidad de control

Esto es así porque el mayor ingreso con que se paga el diferencial de progresividad no se obtiene gracias a la dotación de recursos naturales sino que deriva de más amplitud (tasa de actividad en Cataluña 59,56 frente a 55,38 del total español en el cuarto trimestre de 2003, según el Anuario INE 2004) e intensidad de trabajo realizado (tasa de paro en Cataluña del 8,9% frente al 11,2% del total).

La sociedad democrática española no acepta privilegios, sean por exceso de dotaciones recibidas o por insuficiencia de aportaciones realizadas. Ambos aspectos son discutibles en base al aumento de población, al cambio en nivel de renta, a las exigencias de competitividad del entorno económico, a la concentración de la población y otras particularidades.

En días lejanos se configuraron algunos derechos 'históricos' respetables, en otros más cercanos se pactó un sistema de financiación autonómica, pero nadie se comprometió a cerrar la historia o a ignorar los cambios en la población y actividad económica. En la actualidad se empieza a cuestionar la asignación de recursos no finalistas, los pagos sin compromiso de resultados y los programas sin vencimiento ni evaluación.

Durante décadas se han mantenido las diferencias interregionales en cuanto a generación de renta per cápita, a pesar del apoyo dado a los receptores y del freno al crecimiento de los que más contribuyen. Esto aconseja valorar seriamente si el tirón de las regiones con más crecimiento puede aportar más a las otras que el empujón de la ayuda externa.

El debate es difícil porque el daño percibido cuando se pierde algo que se tiene es superior al que se siente cuando no se logra algo a lo que se aspira. Esta desigualdad de frustración en pérdida de realidades o de expectativas explica, por un lado, la dura resistencia de los primeros y la tendencia a petrificar situaciones y, por otro lado, la inhibición de la Administración Central que prefiere que la discusión se dirima en un entorno que no precise su labor mediadora y, por tanto, evite tensiones impopulares.

El aumento de atribuciones en la regulación fiscal y el de capacidad recaudatoria se convierten en temas litigiosos añadidos a la cuantía de pagos y cobros. Contar con una Agencia Tributaria autónoma tiene la ventaja de disponer de los recursos antes del reparto, lo que ayuda en la negociación. Además aporta alguna información útil para el diseño y modulación de las diferentes figuras tributarias. Por el contrario reduce la eficiencia en la recaudación al perder economías de escala y capacidad de control de operaciones entre distintas comunidades, hace que esa agencia sea más vulnerable a los intentos de captura por parte de grupos de interés y menos resistente a los intentos de utilizarla para conseguir adhesiones políticas. Es necesario debatir, pero con cámaras enfrente o elecciones a la vista el debate será difícil.