Soldados y soldadas
En aras de la corrección política, el nuevo proyecto promovido por el Ministerio de Defensa fue aprobado el pasado viernes en la reunión del Gobierno bajo la denominación de Ley de Tropa y Marinería, después de haber descartado la alternativa de Ley de Soldados y Marineros.
Vivimos momentos en que los vientos de la paridad arrasan también en el ámbito lingüístico. Por eso, si decimos vascos y vascas, catalanes y catalanas, ciudadanos y ciudadanas, jueces y juezas, y así sucesivamente, habríamos llegado de modo inevitable a titular la norma como Ley de Soldados y Soldadas, Marineros y Marineras. Con el consiguiente equívoco derivado de intentar un neologismo, porque en el diccionario no existe el femenino de soldado y además el vocablo soldada sólo tiene dos acepciones. La primera es de 'sueldo, salario o estipendio' y la segunda, la de 'haber del soldado'.
Más allá de su título el proyecto trata de abordar la cuestión básica del reclutamiento de la tropa y marinería profesional, que es una de las peores herencias recibidas del aznarismo precedente. Porque sin una solución adecuada en este campo la propia Ley Orgánica de la Defensa que acaba de iniciar su andadura parlamentaria quedaría colgada de la brocha. Las cifras y los datos aportados por el actual equipo del departamento producen vértigo y permiten comprobar las dosis de irresponsabilidad, de improvisación y de aprovechamiento partidista de los Gobiernos del Partido Popular.
Es interesante a este respecto seguir el tránsito que nos ha llevado del servicio militar obligatorio al modelo actual que ahora se quiere dotar de sostenibilidad. Partíamos de la Constitución, donde se mencionan los derechos y deberes de los españoles en relación con la Defensa y se establece que una ley fijará el servicio militar obligatorio y regulará la objeción de conciencia. Esta última y la prestación social sustitutoria quedaron reguladas por la Ley 19/1984. Siete años después, mediante la Ley 13/1991, se inició el modelo mixto de Fuerzas Armadas con los primeros contingentes de soldados y marinería profesional que se unían a los de la leva obligatoria.
Pero José María Aznar, tras las elecciones de marzo de 1996, carecía de mayoría para su investidura y para lograrla entre otras componendas ajenas a su programa hubo de incluir en su discurso previo a la votación que le haría presidente del Gobierno la propuesta de Convergència i Unió con el compromiso de 'iniciar la paulatina sustitución del modelo mixto de Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional, que ya no exigiría el servicio militar obligatorio'. Ese anuncio lanzado sin reflexión ni estudio previo alguno desencadenó un crecimiento vertiginoso de las solicitudes alegando la objeción de conciencia para eximirse del cumplimiento del servicio militar, que pasaron de 93.274 en 1996 a 164.428 en 1999. Si la mili iba a ser suprimida, nadie quería ser el último de los pringados.
El dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado concluido en mayo de 1998 fijó que el proceso de plena profesionalización de las Fuerzas Armadas 'debería estar terminado no más tarde del 31 de diciembre de 2002'. Así quedó recogido en la Ley 17/1999 de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, cuya disposición adicional decimotercera suspendió el servicio militar obligatorio a partir del 31 de diciembre de 2002. Todavía Aznar en su discurso de investidura del 25 de abril de 2000 se comprometió a adelantar esa fecha y así lo hizo en marzo de 2001 con el Real Decreto 247/2001 por el que se fijó la extinción del servicio militar obligatorio al 31 de diciembre de 2001, es decir, un año antes de lo establecido inicialmente.
La justificación de ese adelanto, según el Real Decreto, venía dada por 'el nivel alcanzado en el proceso de profesionalización y las previsiones que sobre el mismo existen'. Pero la realidad desmentía esa afirmación porque el objetivo establecido en el Plan Estratégico Conjunto era de 120.000 soldados y marineros y el reclutamiento profesional estaba estancado en 71.000 efectivos con tendencia a disminuir. Se pretendió pasar de la mili obligatoria al modelo de recluta profesional a coste cero, compensando los sueldos a pagar con la disminución de efectivos pero el resultado demostró que ha sido inviable. Continuará.