¿Cómo damos el dinero a nuestros hijos?
Hace poco escuché una conversación entre madres de hijos adolescentes. Se quejaban de lo difícil que les resultaba controlar sus salidas. Todas, excepto una que les explicó su método: 'Yo les dejo hacer todo lo que quieran, pero no les doy apenas dinero'. '¿Y qué haces con lo que les pasan las abuelas?' 'Me lo quedo yo para los gastos imprevistos', y, guiñándoles un ojo, señaló las sandalias que estrenaba ese día. Una de las amigas, visiblemente impresionada, preguntó '¿Y tus hijos tragan?' 'Claro -contestó ella- ya están acostumbrados, son catalanes'.
Y es que esa es la realidad de unas competencias transferidas por el Estado que no llevan incorporado el sistema de financiamiento. Es una libertad nominal que no puede ser puesta en práctica. Pero no es éste el único problema o malentendido en todo este tema candente de la financiación de las autonomías. Aún hay otro, y permítanme un nuevo símil doméstico. Comparemos dos familias: los Barra y los Castillo. En casa de los Barra, los sueldos de los hijos se ingresan, cada mes, en una cuenta a nombre sólo de los padres, y éstos les otorgan una asignación, que no depende del sueldo obtenido, sino del criterio que los padres tengan sobre las 'necesidades' de cada uno. La familia Castillo se organiza de otra forma: los hijos trabajadores reciben en sus cuentas particulares los pagos a su trabajo. De forma proporcional a los ingresos, los buenos hijos transfieren parte de sus sueldos a la cuenta familiar común para hacer frente a los gastos comunes y dejar un remanente para gastos inesperados. ¿Cuál de las dos familias es más 'solidaria'?
Creo yo que el debate está muy polarizado hacia extremos pasionales que nada tienen que ver con la cuestión técnica que subyace en el fondo del problema. Por ello me gustaría centrar el tema en dos aspectos. El primero: ¿está la solidaridad condicionada por la forma en que se recaudan los impuestos? La opinión generalizada parece defender el 'sí'; sólo así se explica que la propuesta de descentralizar la Hacienda Pública pueda exacerbar tanto los ánimos como para perderse las formas y pasar al lenguaje del insulto y la grosería. En cambio, es evidente que la respuesta es un no rotundo, y a las pruebas me remito: España lleva muchos años siendo receptora de los Fondos de Cohesión, que son el mecanismo de solidaridad europea, en cambio no es el Gobierno de Bruselas quien recauda los impuestos de los países miembros, sino que los Fondos se nutren de las aportaciones de cada país. O sea, que Europa funciona como la familia Castillo: de forma solidaria y descentralizada al mismo tiempo. ¿Por qué no debería poder funcionar este modelo también a nivel nacional? Es una pregunta que nadie ha respondido hasta el momento, quizá porque no interesa que la discusión se plantee en estos términos más 'técnicos' que forzarían a una transparencia fiscal que sigue brillando por su ausencia.
El segundo tema: ¿la compensación que del Estado central recibe Cataluña es justa en comparación a lo que aporta, o con referencia a su territorio y población? La respuesta vuelve a ser otro no, y de nuevo me remito a los datos:
El déficit fiscal de Cataluña (diferencia entre lo que paga al Estado, vía impuestos, y lo que recibe, vía transferencias o gasto en infraestructuras) es de un 7% del PIB, según recientes y fiables estimaciones. En Alemania, su Tribunal Constitucional ha fijado el tope máximo de déficit fiscal en el 4% del PIB. La razón: evitar que el 'exceso' de solidaridad reduzca el crecimiento económico regional y nacional. Más datos: de los 2.515 kilómetros de autopistas de peaje que existen en España (2003), un 20,5% están en Cataluña; de los 7.776,8 kilómetros de autopistas libres de peaje y autovías, un 9,6% están en Cataluña. Comparemos esas cifras con otras comunidades autónomas: 0% de peajes en Extremadura, 7,6% en Andalucía o 1,9% en Madrid; 74,45 kilómetros de autovía por cada 1.000 km2 de territorio en Madrid, frente a 9,6 en Cataluña y casi 20 en Andalucía. En Cataluña, para mantener la calidad del sistema sanitario, del que también se beneficia la población no residente, se paga un impuesto especial sobre la gasolina.
Una última reflexión: No nos engañemos, el problema de quién recauda y quién deja de recaudar no es tanto un problema económico ni ético: en ambos casos los recursos recaudados serán los mismos y el 'fondo común' solidario también podría serlo. Es un problema de poder: quien tiene el saco del dinero puede decidir cómo repartirlo, y siempre cuesta renunciar al poder.