TRIBUNA

Andalucía ante los fondos europeos

Es un hecho evidente que la Unión Europea constituye una de las zonas más desarrolladas del mundo y que tras su reciente ampliación la dimensión de su mercado interior, compuesto por 25 países y más de 450 millones de ciudadanos, se ha convertido en el mercado más grande del mundo. Igualmente, el grado de bienestar alcanzado por sus ciudadanos, de forma global, puede considerarse como uno de los más avanzados si realizamos cualquier tipo de análisis comparativo con otras zonas del mundo.

No obstante, este nivel de desarrollo económico y social alcanzado contrasta con las disparidades económicas y sociales que aún persisten entre sus Estados miembros y entre sus regiones, lo que supone un pesado lastre y una limitación a las potencialidades de una economía muy dinámica. Estas desigualdades se han visto agravadas con la entrada de los nuevos países de la ampliación y es que, por dar un dato significativo, el PIB medio por habitante de los nuevos 10 países es inferior a la mitad de la media de los antiguos 15 miembros.

Por ello, parece totalmente justificado, cuando no indispensable, la articulación de mecanismos de corrección de estas situaciones que actúen como una eficaz fuerza impulsora de integración girando alrededor de dos conceptos fundamentales: cohesión y solidaridad. Esta solidaridad comunitaria, que se materializa a través de la política regional europea, no es algo puramente instrumental: es parte sustantiva de una filosofía política que está en el corazón mismo del proceso de construcción de la Unión.

Así, ente 2000 y 2006 se están movilizando más de 213.000 millones de euros en concepto de acciones estructurales, que sumados a los 22.000 millones dedicados a los nuevos 10 países, llegan hasta los 235.000 millones de euros. Andalucía, por su parte, recibe en este periodo más de 13.000 millones de euros en concepto de acciones estructurales.

Pero la grandeza de esta política se debe a que su papel no es estrictamente financiero, no se limita a redistribuir los recursos, aunque su efecto macroeconómico es considerable, sino que intenta contribuir a su creación, apostando por el potencial intrínseco y el estímulo de la competitividad de las regiones. Los fondos europeos favorecen no solamente a los países y regiones receptoras de las ayudas sino también a los países contribuyentes, cuyas empresas se benefician a su vez de importantes posibilidades de inversión y de transferencia de conocimientos económicos y tecnológicos.

Prueba evidente de los efectos beneficiosos de los fondos es el impacto que han tenido en nuestra comunidad autónoma tras haber efectuado un buen aprovechamiento de los mismos, contribuyendo a un mayor crecimiento y a una mayor convergencia. Andalucía, durante el periodo 1994-2002, que coincide con el inicio del anterior marco de apoyo comunitario y con los últimos datos oficiales de Eurostat, ha experimentado con la ayuda de los fondos un crecimiento de su PIB real del 41,9%, mientras que España ha crecido el 33,7% y la UE el 23,5%, o sea, hemos crecido 8 puntos porcentuales más que España y 18 más que la Unión Europea. Por citar otra magnitud de referencia y de acuerdo con estudios realizados, en Andalucía los fondos europeos han contribuido a crear y mantener más de 33.000 empleos anuales.

Así, para nuestra región es de suma importancia el debate actualmente abierto sobre las futuras perspectivas financieras, donde se plantea la reforma de la política regional y que pasa, en consonancia con los compromisos de Lisboa y Gotemburgo, por añadir al objetivo de lograr la convergencia real entre las regiones europeas otros nuevos objetivos: competitividad, crecimiento y desarrollo sostenible. No menos importante debe ser conseguir el mantenimiento del actual apoyo de la Unión Europea para que pueda permitirnos en el próximo periodo de programación 2007-2013 seguir avanzando en la citada convergencia.

Los últimos datos de Eurostat a 2002 aparecidos en este año sitúan a Andalucía en el 70,9% del PIB per cápita medio europeo, por lo que tiene asegurada su permanencia en el Objetivo 1 y, por lo tanto, el mantenimiento de un importante apoyo estructural de la Unión Europea. En el próximo periodo 2007-2013 nuestra tierra va a tener por delante la superación de un gran reto que no estará exento de obstáculos y dificultades pero que a su vez supondrá una gran oportunidad histórica que con seguridad va a saber aprovechar: entrar a formar parte del grupo de regiones más prósperas de Europa.

Simultáneamente a estos objetivos económicos, apostamos por una participación más efectiva en las instituciones comunitarias. La reforma del Estatuto que estamos impulsando propugna, precisamente, la presencia de Andalucía en los órganos de decisión europeos cuando aborden asuntos que afecten a nuestra comunidad. Al mismo tiempo, y a la vista de amargas experiencias como la habida con el anterior Gobierno del PP, queremos que se considere la posición de Andalucía en el sentido de que a cada comunidad autónoma se le asignen los fondos europeos que le correspondan realmente, respetando el mecanismo de asignación de los mismos establecido por la Unión.