El socio privado en la M-30 asumirá casi todo el riesgo pese a tener sólo el 20%
Comienza la cuenta atrás para que constructoras y concesionarias de autopistas presenten desde hoy las ofertas para la privatización parcial de la circunvalación madrileña M-30. El ayuntamiento aprobó ayer unos duros requisitos y exigirá al futuro socio privado que asuma la mayor parte del riesgo. Espera así eludir la deuda y escapar del veto de Bruselas.
Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid, busca revolucionar la financiación de las infraestructuras. Estrenará el primer modelo público-privado en España con la privatización parcial de la empresa Madrid Calle 30, que gestiona la remodelación y la gestión de la M-30. Ayer, el ayuntamiento aprobó las condiciones para la compra del 20% de Madrid Calle 30 y la explotación de la vía por 35 años.
Las empresas tienen hasta el 4 de julio para presentar sus ofertas y la adjudicación será ese mismo mes. Las compañías marcarán lo que pagará el Ayuntamiento por los servicios en esta autovía de circunvalación. 'Así, el mercado pondrá el precio', señaló el concejal de Hacienda, Juan Bravo, en la presentación del proyecto. Será la clave, ya que pesará un 60% en la oferta, frente al 40% de la propuesta técnica.
La intención es que la o las empresas que se conviertan en el socio privado de Madrid Calle 30 asuman 'la mayor parte del riesgo'. La deuda del proyecto, con una inversión de 4.000 millones de euros, se transferirá en su totalidad a la empresa mixta. Con ello, el equipo de Juan Bravo, con Juan Alfaro como coordinador, está convencido de que eludirá así computar deuda y podrá recibir el visto bueno de la UE.
El perfil del nuevo socio privado no ha sorprendido a las interesadas. Como adelantó Cinco Días, el ayuntamiento impone como requisito una facturación mínima de 500 millones en los últimos tres años para acotar las ofertas a las grandes empresas. Pero ahora abre la mano y permite que se agrupen un máximo de tres sociedades. Curiosamente, limita tanto el perfil que nombra a 'concesionarias de autopistas' o a 'la división concesionaria o de servicios de una constructora'. Si bien Abertis, el mayor operador de autopistas participado por La Caixa y ACS, no ha mostrado interés.
En exigencia técnica, la adjudicataria deberá tener la mayor puntuación administrativa como contratista de obras o servicios o bien experiencia en gestión de vías o carreteras con al menos cinco kilómetros de túneles.
Posibilidad de vender en 20 años
Las empresas y el ayuntamiento negociaron incluir una cláusula en las condiciones, que se publican hoy en el BOE, de opción de compraventa cruzada del 20% dentro de 20 años. Esto permite al socio retirarse del proyecto una vez cumplida la rentabilidad y a la Administración tener otra vez el 100% para revenderlo o aprovecharlo para apuntarse todos los beneficios.
La aportación inicial será de 45 millones en capital y 57 millones de préstamo subordinado y lo mismo en 2006. Tendrán que realizar una gestión 'con estándares de calidad elevados', apuntó Bravo y puso ejemplos de atención en accidente o emergencias con tiempos de respuesta inferiores a quince minutos. Fuentes del sector apuntan que serán asumibles.
Sin embargo, las empresas afrontan el riesgo de salir penalizadas si no cumplen las condiciones. Esta penalización afectaría al 65% del pago que recibirán del ayuntamiento, que es la parte variable sujeta a objetivos, según fuentes de la concejalía. Y la reducción podría ser de hasta el 20% en este tramo, según experiencias similares en otros contratos europeos. Además de los honorarios por los servicios en la M-30, la adjudicataria percibirá dividendos y los intereses devengados por el préstamo.