Andersen libra su penúltima batalla en los tribunales
Como una de las llamadas Big Five, Arthur Andersen está muerta. Como causa legal, sin embargo, está más viva que nunca. El tribunal Supremo de Estados Unidos escucha desde ayer los argumentos para la apelación del caso en el que se acusaba a la que fuera la mayor firma de auditoría del mundo de obstrucción a la justicia en la investigación sobre la quiebra del gigante energético estadounidense Enron.
El veredicto de culpabilidad forzó a Andersen en 2002 a cesar en el negocio de auditoría, lo que llevó al colapso de la compañía, que entonces contaba con 85.000 empleados.
Con no más de 200 trabajadores, en su mayoría abogados y administrativos, Andersen, en estos momentos, no espera resurgir de sus cenizas si llegara a ganar el caso. Pero desde un punto de vista simbólico, la apelación es muy importante.
Andersen no renacerá de sus cenizas. El veredicto de culpabilidad llevó a la desaparición de la firma
'Si el Ejecutivo pierde el caso, va a debilitar, en la opinión pública, lo que el departamento de Justicia está haciendo sobre fraude en el gobierno corporativo de las empresas', señala un abogado experto en la materia.
La disputa se centra los cientos de documentos y correos electrónicos destruidos por los empleados de Andersen cuando la SEC se preparaba a abrir una investigación sobre las auditorías que la empresa realizó sobre Enron. Arthur Andersen había sido el auditor de Enron durante 16 años.
El Departamento de Justicia optó por no encausar a Andersen directamente por la destrucción de documentos. En su lugar, invocó una ley de protección de testigos, acusando a la firma de instar a sus trabajadores a destruir archivos.
Andersen afirma que el Gobierno le ha indicado que la destrucción en sí misma no era ilegal. El tema, según Andersen es que un socio en una firma auditora puede destruir documentación, pero no pedir a una secretaria que lo haga.
Los argumentos de la defensa han sido rechazados y también se tiene muy en cuenta el papel de la abogada del grupo, Nancy Temple, que según una de las pruebas, urgió en una nota a los empleados a que 'ignoraran' la política de conservación de documentos del grupo y que sólo guardaran aquellos 'más comprometidos'. Los abogados también tienen en cuenta una nota en la que Temple insistía al socio David Duncan, el único que está procesado, a introducir modificaciones en un informe que cuestionaba los beneficios trimestrales de Enron.
El cuerpo de abogados señala que, aceptar esas pruebas, 'pone en solfa un principio fundamental de la actuación de la abogacía, pues impide poner en práctica lo que ellos consideran como asesoramiento legal. 'Los abogados deben tener capacidad de aconsejar la destrucción de documentos, incluso si ello supone afectar a una posible investigación que lleve a cabo el Gobierno', señala Robert N. Weiner, de la Asociación Nacional para la Defensa Penal de los Abogados. Andersen también alega que no puede ser condenado por una conducta que tuvo lugar antes de que la SEC abriera formalmente su investigación.
En el fondo de la apelación subyace un grave problema de terminología. La ley actualmente contempla una pena de hasta 10 años de prisión para aquellos que 'persuadan de forma corrupta' a otro para destruir una evidencia.
Aunque esa normativa ha sido superada por la ley Sarbanes-Oxley, el caso puede tener amplias ramificaciones. La expresión 'de forma corrupta' aparece en más de 20 normas, incluyendo las leyes contra el soborno y el robo.
El tribunal dictaminará sobre el caso a finales de junio o principios de julio. El expediente se conoce como Arthur Andersen contra los Estados Unidos.
La bancarrota que cambió la ley
Enron, que fue el mayor trader energético de Estados Unidos, se declaró en bancarrota en 2001, tras revelarse que había ocultados miles de millones de dólares de deuda en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Varios de sus principales ejecutivos, incluyendo el presidente, Kenneth Lay, afrontan acusaciones penales por su papel en el fraude contable.La crisis fue el detonante de la reforma sobre el gobierno corporativo de las empresas, que se plasmó en la conocida como ley Sarbanes-Oxley, que establecía nuevas normas de buen gobierno.