El cisma del agua
En el año 1977 tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina, la primera conferencia específica de las Naciones Unidas sobre el agua. Desde entonces el interés por este elemento ha ido creciendo de forma acelerada, multiplicándose los encuentros internacionales.
Hasta 1998, la concepción imperante sobre la forma de enfrentar los problemas asociados al agua no había suscitado mayor controversia, sucediéndose las declaraciones programáticas y manifestaciones públicas dentro de una apacible ortodoxia. A partir de esta fecha, sin embargo, tal concepción se vio profundamente alterada por la aparición de una nueva corriente de pensamiento: el denominado Grupo Lisboa, con Mario Soares al frente, constituido para reflexionar sobre la mundialización y sus consecuencias, redactó y presentó al mundo un Manifiesto del Agua que ponía en cuestión principios elementales del pensamiento dominante.
Vino después -en 2002- el Foro Social de Porto Alegre, en el que 25 asociaciones de todos los continentes acordaron constituir una coalición mundial de organizaciones ciudadanas para combatir la privatización y comercialización del agua, y ya en el año 2003 (Año Internacional del Agua Dulce) se organizó en Florencia el primer Foro Alternativo Mundial del Agua (FAME, según las siglas en francés con que es conocido) y se produjo, finalizando el año, la Declaración de Roma, que recoge en tres sencillos principios, la esencia de la nueva filosofía:
l El agua es un bien común de la humanidad que pertenece a todos los organismos vivientes.
l El acceso al agua es un derecho humano y social, individual y colectivo.
l Los poderes públicos han de financiar los costes necesarios para garantizar a todo ser humano el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente para vivir.
Los postulados de la Declaración de Roma fueron recientemente refrendados en el segundo FAME, celebrado en Ginebra el pasado mes de marzo.
Mientras esta filosofía alternativa crecía y se consolidaba, la filosofía oficial seguía su rumbo, celebrando hasta la fecha tres Foros Mundiales del Agua. La concepción defendida en estos Foros, propugnada por el Banco Mundial, el Consejo Mundial del Agua y la Sociedad Mundial del Agua, y seguida por las Naciones Unidas, valora el acceso al agua como una necesidad humana, no como un derecho. Y en tanto que necesidad y no derecho, entiende que puede y debe de ser tratada -como cualquier otra necesidad- dentro de las pautas de la economía liberal de mercado. A partir de su consideración como mercancía, se ha incorporado a la gestión del agua, con carácter general, el principio de la internalización de costes, repercutiéndose éstos en el usuario, a través de tarifas y tributos específicos.
Las sociedades ricas han asumido sin mayor análisis ni conflicto esta internalización. En los países en desarrollo, sin embargo, su aplicación (con la imputación de costes que muchas veces superan la totalidad de ingresos de las familias) está generando multitud de conflictos. Entre el autismo -cuando no corrupción pura y dura- de los Gobernantes y la frialdad de las empresas privadas de abastecimiento, la reivindicación del acceso al agua como derecho universal está cobrando una gran fuerza.
Ocurre también que el pensamiento heterodoxo comienza a introducirse en las sociedades ricas, poniendo en cuestión postulados pacíficamente aceptados hasta ahora. Desde la concepción contenida en la Declaración de Roma surge la valoración crítica y se multiplican las preguntas.
¿Por qué se internalizan los costes del agua y no los de la sanidad o de la enseñanza ?, ¿acaso el acceso al agua es menos importante? ¿Por qué genera tanta oposición el pago del peaje de una autopista (internalización de su coste) y no el del servicio domiciliario del agua?, ¿son acaso comparables estos servicios?; ¿por qué se ha de pagar el consumo del agua y no el uso de las autovías y carreteras ?
¿Es aceptable que una persona con una exigua pensión deba destinar un elevado porcentaje de sus míseros ingresos a la compra de agua ?
Desde los postulados de la Declaración de Roma, el análisis de nuestra realidad doméstica da como resultado la necesidad perentoria de introducir cambios radicales en la política de financiación del acceso al agua, volviendo inválidos -por artificiales, intrascendentes y alejados de lo que verdaderamente importa- muchos de los planteamientos actualmente vigentes.
La internalización de los costes nunca habría de aplicarse a la mínima cantidad de agua que una persona necesita para vivir dignamente; cantidad que no debería ser tratada como mercancía (lo contrario sería claramente inmoral) ni ser objeto de estimación económica. Este podría ser un primer paso en la reconducción del cisma existente.