El rescate de la industria
Zapatero recuperó la política industrial rescatando el ministerio. Reordenación eléctrica, aplicación de Kioto y plan de lanzamiento de la TV digital terrestre, primeras decisiones
Zapatero rescató el Ministerio de Industria, tras un confuso baile de sus competencias en la era Aznar, y ha tenido un intenso trabajo en el primer año de legislatura. Una de las medidas más laboriosas que tuvo que abordar el PSOE fue la elaboración de un Plan Nacional de Asignación (PNA) de derechos de emisión de CO2 para dar cumplimiento a la directiva europea sobre comercio de emisiones, que da respuesta al Protocolo de Kioto. El nuevo equipo abordó un plan sobre el que el Gobierno del PP no había avanzado y que estaba fuera de plazo. Una comisión interministerial liderada por Economía elaboró una propuesta para las empresas afectadas por la directiva (energía, siderurgia, cemento, cerámica y papel) que fue presentada en julio.
El Gobierno hizo un reparto sectorial, que otorgaba gratuitamente un 93% de las emisiones. Las patronales de los sectores afectados presionaron para lograr un reparto ventajoso y se libró un duro pulso en el sector eléctrico (que emite el 50% del total) encabezado por Endesa (con un mayor parque de carbón) e Iberdrola. Aunque el reparto sectorial dejó satisfechas a las afectadas (927 instalaciones), fue en el reparto individual donde se dejó ver el descontento, sobre todo en Endesa que, emitiendo la mitad de todo el sector, recibió un 40% del total. Globalmente, se otorgaron 86,4 millones de toneladas anuales para el periodo 2005-2007.
Tras rematar este plan, el Ministerio de Economía preparó un ambicioso paquete de medidas de dinamización económica, que venía a suplir a la desaparecida ley de acompañamiento y que el Gobierno consideró necesario para evitar la inactividad de la que se le empezó a acusar. Del centenar de medidas aprobadas a finales de febrero, más de la mitad afectaban al sector energético. Porque, tal como señaló en la presentación el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, 'una vez analizado el funcionamiento de los distintos mercados, se ha visto que el que más problemas tiene es el de la Energía'.
Entre las medidas más importantes, que se incluyen en un real decreto ley, aprobado el pasado 11 de marzo, y un proyecto de ley, destacan la modificación de la figura del operador principal y la creación del operador dominante (los que tienen más de un 10% del mercado). A partir de ahora tienen consideración de operador principal (que tiene vetado el ejercicio de los derechos políticos de más de un 3% en dos de ellos) los cinco con mayor cuota de mercado en electricidad, gas, carburantes, gases licuados del petróleo y telefonía. De las listas se descuelgan los operadores técnicos Enagás, REE y CLH. En este sentido, la norma limita la participación en REE de un 3% a un 1% del capital, para lo que los accionistas tienen hasta 2003.
Además de un importante conjunto de medidas para posibilitar el funcionamiento del Mercado Ibérico de la Electricidad, el paquete recogía la obligación de las eléctricas de internalizar el coste de la gestión de los residuos nucleares; el aplazamiento hasta 2010 de la desaparición de la tarifa regulada para la industria y la unificación de las condiciones para facilitar el cambio de suministrador, entre otros.
En materia de gas, el decreto establece que los grandes consumidores (con más de 100 millones de kWh anuales) deben permanecer al menos tres años en el mercado liberalizado y han de solicitar el cambio de tarifa en un plazo mínimo de seis meses.
Otra de las iniciativas más relevantes es la elaboración de un Libro Blanco para la reforma del mercado de generación de electricidad, que fue encargado al catedrático Ignacio Pérez Arriaga y que estará listo en junio. El libro servirá de base para modificar el actual mercado mayorista de la electricidad (pool) y cambiar el sistema de remuneración de la distribución, los dos mayores problemas del sector.
En el área de las comunicaciones, la iniciativa que ha tenido un mayor impacto ha sido la revitalización de la reforma del sector audiovisual. El secretario de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha sido capaz en este tiempo de lanzar un plan para impulsar la implantación en España de la Televisión Digital Terrestre, TDT. El informe de los sabios sobre la reforma de RTVE, a pesar de las polémicas, hace avanzar la necesaria elaboración de la Ley Audiovisual.
El tema más conflictivo ha sido la decisión de trasladar la sede del organismo regulador CMT de Madrid a Barcelona. El conflicto se ha saldado con la dimisión del presidente Carlos Bustelo.
El nuevo Gobierno también ha licitado tres concesiones para la explotación de las frecuencias para telefonía móvil GSM en 900 que dejó libre MoviLine (ayer en el BOE), lo que podría permitir la entrada de algún nuevo operador.
Igualmente, y tras muchos intentos frustrados, el Ejecutivo parece haber encontrado la fórmula para impulsar el uso de las tecnologías de la información entre las pymes y los particulares. En ambos casos, el Ejecutivo subvenciona préstamos bancarios asumiendo los intereses (la dotación es de 200 millones para las pequeñas y medianas empresas y de 100 para las familias). Y ha aumentado del 10% al 15% las deducciones de las inversiones de tecnología en el impuesto de sociedades en el caso de pymes. El Ejecutivo también ha empezado a abordar la regulación de los nuevos servicios de voz sobre protocolos de internet.
Dinamizar dos sectores
TurismoEl sector turístico español está pasando por algunas dificultades debido a la competencia de países más baratos del Mediterráneo. Obligado a bajar los precios para incentivar la demanda, el empresariado hotelero y de viajes está perdiendo rentabilidad si se compara con años anteriores. La sobreoferta, el cambio de hábitos del turista, y el peor comportamiento de la demanda de algunos países emisores ensombrecen aún más el escenario. Para minimizar los efectos de este empeoramiento, el Gobierno socialista ha aprobado una modificación de las tablas de amortización de los elementos patrimoniales de este empresariado. Las medidas permitirán una amortización acelerada de los bienes para que ayude a elevar la inversión futura. También el Ejecutivo redoblará los gastos en promoción para impulsar el turismo de sol y playa, al que destinará el 50% de los recursos, frente al 20% que destinaba el anterior ejecutivo. Además, el Gobierno destinará 100 millones a retornar para modernizar la planta hotelera.
ComercioLa tradicional pugna que mantienen los comercios pequeños con las grandes superficies por la apertura en domingos y festivos, y las posiciones encontradas de Gobierno y oposición, en el primer año de Legislatura se ha sumado también la polémica por la disparidad de opiniones dentro del propio Ejecutivo. Mientras Montilla se escudaba en el programa electoral del PSOE para abogar por los ocho festivos, Solbes le corregía en público apostando por las 12 aperturas. La nueva Ley de Horarios Comerciales que entró en vigor el 1 de enero ha logrado encajar de forma malabárica todas las piezas al dejar un amplio marco de actuación a las comunidades autónomas. Como resultado, 13 regiones de distinto signo político abren ocho festivos y sólo Madrid y Ceuta se sitúan por encima de los 12.
Izar, la primera crisis seria del Ejecutivo de Zapatero
El problema de los astilleros fue la primera crisis seria a la que tuvo que enfrentarse Zapatero, justo a los dos meses de llegar al Gobierno. Solbes le convenció de que la disgregación de la parte civil y la militar era inevitable para que Izar dejara de ser un pozo de pérdidas, pero a los duros planes iniciales del Gobierno se opusieron con fuerza los sindicatos. En septiembre comenzó la movilización de los trabajadores, cuya violencia fue creciendo a medida que el Ejecutivo explicaba los planes: segregación de Izar, venta de la parte civil, prejubilaciones... Finalmente, y tras meses duros en los que Zapatero se vio obligado a prometer que 'ningún trabajador sería abandonado a su suerte', un pacto en vísperas de Navidad entre la SEPI, propietaria de los astilleros, y los sindicatos, logró desbloquear las negociaciones. Las prejubilaciones de más de 4.000 empleados de los astilleros han comenzado, con un coste de 1.900 millones. A pesar de que España perderá casi toda su industria naval civil, que será vendida a la iniciativa privada, la parte militar ha logrado salvarse.