El Supremo de EE UU valora los efectos perniciosos de la prohibición del P2P
La primera vista oral del caso que enfrenta a Grokster y Morpheus, programas que operan en las redes de intercambio de archivos (P2P), con la industria del entretenimiento se saldó ayer con un empate técnico. Los jueces del Tribunal Supremo de EE UU plantearon durante la sesión del juicio que si acabar con los sistemas P2P desalentaría la invención de nuevos productos, al tiempo que sugirieron que el peer to peer podría ser considerado responsable de las violaciones de los derechos de autor que cometen sus usuarios, porque en su momento se promocionaron diciendo que pueden copiar música y películas gratuitamente.
El caso que desde ayer analiza el máximo órgano judicial de Estados Unidos tiene su origen en una denuncia presentada por las discográficas y los estudios cinematográficos, cuyo objetivo es lograr el cierre de las empresas fabricantes de software para redes peer-to-peer (P2P o de intercambio descentralizado de archivos), como Grokster y Morpheus, argumentando que millones de canciones y películas son copiadas cada día a través de esos sistemas, algo que está recortando las ventas. La demanda ha sido vista ya por tribunales inferiores, que consideraron que Grokster y Morpheus no pueden ser declarados responsables por las actividades de sus usuarios porque, al igual que un grabador de vídeo, su software puede utilizarse tanto de forma legítima como saltándose las leyes.
Durante la vista oral los jueces del parecían compartir esa línea de razonamiento. El juez Steven Breyer señaló que otros inventos, desde la impresora de tipos móviles hasta el reproductor digital de música iPod, podrían ser utilizados para copiar ilegalmente obras protegidas, pero han demostrado ser beneficiosos para la sociedad. Si el tribunal declara a Grokster culpable de las prácticas prohibidas de sus usuarios, podría producirse un efecto paralizador en otros inventores, dijo Breyer y otras fuentes judiciales.
Publicidad inadecuada
Pero el tribunal también se centró en una cuestión que ha se ha destacado menos en los casos previos: si Grokster y los servicios de ese tipo deberían ser responsabilizados de incitar o "inducir" a la copia no autorizada.
El abogado de Grokster, Richard Taranto, argumentó que el servicio debería ser juzgado por su comportamiento actual, no por acciones de hace varios años cuando se estaba intentando atraer a los usuarios. Pero el juez David Souter calificó ese argumento de "ridículo". Incluso aunque Grokster ya no anuncie que los usuarios pueden encontrar fácilmente material protegido por derechos de autor, seguirá beneficiándose de la publicidad realizada en el pasado, dijo. "Las ventas de un producto el viernes son resultado de actos de inducción desde el lunes hasta el jueves", dijo Souter.
El uso ilegal de las tecnologías
El abogado que representa a la industria discográfica Donald Verilli insinuó que Grokster no tenía derecho a recibir el mismo amparo otorgado al grabador de cintas de vídeo porque en general se utiliza más para cometer una infracción, no para usos legítimos. "Su actual uso ilegal masivo no les permite especular con que además hay usos del sistema que no violan las leyes".
Ante estas acusaciones, Taranto sostuvo que los usuarios que cumplen con la legalidad son ahora más, pues cientos de miles de canciones y millones de videojuegos han sido vendidos a través del sistema denominado Altnet, que permite a los propietarios de los derechos de autor mantener algún control sobre su material, mientras que los músicos que no quieren vender canciones y vídeos musicales han podido distribuirlos gratis.
Verilli dijo que esos números palidecían en comparación con los 2.600 millones de canciones que son reproducidas sin permiso cada mes. Paul Clement, del Departamento de Justicia, hablando en nombre de la industria discográfica, sugirió que un producto debería disfrutar de protección si fuese utilizado ilegalmente menos del 50 por ciento de las veces.