La financiación sanitaria
Cuál es el problema más complejo que tiene la sanidad pública?. La respuesta a esta cuestión es difícil de contestar, y la aclaración depende de quien la realice. Desde la perspectiva de los ciudadanos, la argumentación sería las listas de espera, tanto quirúrgicas como diagnósticas, o de consultas externas. Para las personas que trabajan en los diferentes servicios sanitarios públicos que pueblan nuestra sanidad, el inconveniente sería la carrera profesional, aunque hay que decir que debido al elevado número de interinos la estabilidad en el empleo constituye para estos la cuestión más peliaguda.
Sí hiciésemos la misma pregunta a los políticos, la solución sería la financiación sanitaria. No es que la sanidad pública no tenga más problemas, antes al contrario. La asimetría en los distintos servicios que pueblan nuestro país, donde la cartera de servicios no es homogénea en toda la nación y la falta de profesionales, que comienza a ser un problema en algunas especialidades, hacen pensar que puede incrementarse considerablemente, de tal forma que el esfuerzo que la sociedad hace para su formación no es rentabilizado aquí.
Así podríamos citar innumerables problemas. Cuando se están realizando las obras para un futuro hospital, incluso el día de la inauguración todo son parabienes, pero a la jornada siguiente, las criticas harán su aparición, y serán continuas y permanentes.
Sin embargo, estaremos de acuerdo que el principal problema estructural que padece nuestra sanidad pública es su financiación. Los déficit presupuestarios que arrastran las comunidades son astronómicos. En esto sí que nos parecemos a otras naciones, siendo peligrosa la situación, cuando no alarmante, y la amenaza de que se vuelva incontrolable a corto plazo es aterradora.
Cualquier solución que se adopte debe ser consensuada entre todas las fuerzas políticas, para así garantizar su mantenimiento. Incluso evitar el dumping sanitario, llegando a establecer acuerdos con otros países. Actuar como se ha realizado otras veces, insuflando los recursos necesarios, es no atacar el problema en su justa medida, y no evitar el desequilibrio que se reitera en cada ejercicio.
Las soluciones que se tomen deben ser matizadas con una serie de consideraciones sobre algunos aspectos. Las conquistas sociales son irreversibles, no serían presentables prestaciones inferiores a las actuales, y mucho menos por el partido que ahora nos gobierna, por mucho que la situación existente sea peligrosa.
Para encontrar respuestas a la pregunta anterior es necesario partir de al menos tres indicaciones. En primer lugar la propia Constitución española, que recoge a la sanidad como un derecho de los ciudadanos, su artículo 43 es suficientemente explícito. De aquí su carácter universal y financiada mediante de impuestos.
Como segunda indicación, la compatibilidad con la política económica actual. La creación de empleo constituye uno de los problemas que sufre nuestra economía. Esta circunstancia limita la solución a adoptar. La indicación precedente señala que los impuestos a considerar deben ser directos, puesto que los indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), gravan el consumo, incidiendo sobre el precio final de las mercancías.
¿En qué cuantía? Una de las respuestas mayoritarias, de los que se han atrevido a responder a esta cuestión, que son una minoría, indica que la cantidad tiene que ser capaz de aumentar en un punto del producto interior bruto (PIB) lo dedicado a la sanidad pública.
Adjetivar estos recursos supone que los contadores se colocan a cero, y los innumerables pagos que las instituciones sanitarias realizan con vencimiento a ejercicios futuros deben salir de los cajones, igual que los que se mantienen del pasado.
La tercera indicación es más fácil de conseguir, pues si todos nos ponemos de acuerdo se podrá evitar que existan servicios diferentes para los ciudadanos de cada una de las comunidades autónomas.
Pajares es médico y Zurita es ingeniero industrial