Los riesgos de una política audiovisual no armonizada

Nunca la Comisión Europea adoptó una política normativa y armonizadora para conseguir integrar los mercados audiovisuales de la Unión. Se gastaron millones de dólares en desarrollo técnico pero se renunció a armonizar y acordar la introducción coordinada de la TV digital (TD), lo que seguramente afectará la integración de los mercados industriales y sus posibilidades internacionales.

Veamos ejemplos. El cable y el satélite también emitirán en digital, y está lanzándose la TV sobre IP. Cualquier política sobre la TD debería considerar los planes de esas plataformas, la evolución de sus descodificadores para alimentar receptores digitales, y revisar su normativa: canales de emisión obligatoria, etcétera.

Los distintos plazos hasta el apagón analógico y la previsible acumulación de la sustitución de receptores en los dos años previos afectará al mercado potencial comunitario anual, a los precios, y a la competitividad internacional de productos como convertidores, descodificadores y receptores.

Debería normalizarse la interoperabilidad en la prestación de servicios concurrentes y complementarios para evitar posibles incompatibilidades entre receptores, difusores, o plataformas.

Faltan normas para proteger las inversiones de los usuarios, por ejemplo, exigiendo que los receptores, convertidores y descodificadores lleven slots para tarjetas de otras plataformas; y facilitando el cambio entre distintos proveedores.

Faltan políticas para introducir la televisión de alta definición (HDTV) y armonizar el formato 16 x 9, lo que produce incertidumbre a los usuarios y puede llevar a situaciones indeseables (si al alcanzarse el 85 % de receptores digitales en un país sólo una minoría fueran de 16 x 9 (ahora el 5 % en muchos países), se podría abandonar la emisión y esa minoría se sentiría engañada, mientras que si en otro país fueran mayoría (en Reino Unido actualmente el 40 %) se uniformaría el formato).

No hay directrices sobre los modelos de incentivación al mercado, como beneficios fiscales para los difusores, o subvenciones a los usuarios, lo que puede favorecer el desarrollo de algunos mercados frente a otros de la Unión, e incluso crear mercados subterráneos como ha ocurrido con los móviles subvencionados.

Falta una normativa comunitaria sobre la concentración de medios por demarcación (número de difusores, emisoras de radio, periódicos, etcétera, bajo una misma unidad de gestión) para salvaguardar la pluralidad informativa, como existe en EE UU.

Aunque la competencia y la eliminación de derechos exclusivos y especiales está en la base del Tratado, no existen directrices sobre el volumen de oferta pública justificable y sus formas de financiación, control y gestión.

No existe una regulación comunitaria sobre los mecanismos de concesión de licencias para distribución de televisión, obligaciones y derechos exigibles, costes, obligaciones de apertura a productores independientes, etcétera. Existe la normativa TV sin Fronteras sobre contenidos, volumen de publicidad, etcétera.

Ante ese vacío armonizador comunitario la situación del audiovisual en España es cuando menos preocupante. No se crea una Autoridad Independiente del Audiovisual para ordenar y racionalizar el mercado (podría otorgar todas las concesiones) y defender a los usuarios, quizá por los posibles conflictos que generaría. Lejos de resolver el caos normativo, por haber regulado la televisión por titularidad, demarcación o tecnología, se insiste en la misma práctica. Se encargaron recomendaciones a unos expertos sobre el papel de la televisión pública, sin, creemos, haberles dado el mandato de considerar toda (también la autonómica y municipal prestan un servicio público aunque no se reconozca, sino ¿por que subvencionarlas?). Ante la carencia de una normativa única y estable fluyen los rumores.

El anuncio de ayudas al cambio puede paralizar el mercado de receptores hasta su aprobación (emigrar 22 millones de receptores supone gastar entre 2.200 millones de euros (en convertidores) y 12.000 millones (en receptores).

Sería necesario serenarse, pensar y consensuar el futuro modelo audiovisual, antes de actuar con precipitación y crear dudas razonables sobre la estabilidad, viabilidad, neutralidad tecnológica y pluralidad del modelo.