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La reforma del impuesto sobre la renta

El nuevo IRPF mejora las rentas del trabajo sin dañar el ahorro

Aunque no hay nada cerrado aún por el Ejecutivo, sobre la mesa del vicepresidente económico, Pedro Solbes, se encuentran ya documentos de estudio muy elaborados de lo que será la próxima reforma del IRPF.

Aunque no hay nada cerrado aún por el Ejecutivo, sobre la mesa del vicepresidente económico, Pedro Solbes, se encuentran ya documentos de estudio muy elaborados de lo que será la próxima reforma del IRPF.

El nuevo impuesto basculará sobre dos máximas principales: simplificar el tributo a la vez que se mejora la situación de las rentas del trabajo (frente a las del capital), sin perjudicar con ello la generación de ahorro en la economía.

El Gobierno se plantea una 'reforma moderada', que continúe el gradualismo iniciado por el Partido Popular pero que incida en mayor medida sobre los contribuyentes con rentas más bajas.

Las tesis moderadas de Solbes han triunfado sobre los cambios radicales

Queda aparcada la tesis defendida en un principio por el jefe de la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno, Miguel Sebastián, partidario de un impulso más radical a los cambios tributarios.

La reforma que tenía en mente el equipo de Sebastián partía de la simplificación al máximo del impuesto sobre la renta, con la implantación de un tipo único (proporcional) en torno al 30%, frente a los cinco tipos actuales. Para no perder progresividad, el modelo de Sebastián incluía elevar el mínimo exento desde los 3.000 euros actuales hasta una horquilla entre 10.000 y 12.000 euros. De esta forma, se 'sacaría' del impuesto a buena parte de los contribuyentes con menores rentas que ahora tributan a un tipo mínimo.

Sebastián proponía eliminar todas las deducciones, incluidas de compra de vivienda, estableciendo en este caso un periodo transitorio (entre cuatro y cinco años) durante el cual se compensaría a los contribuyentes que ya se estuvieran aplicando la deducción.

El tratamiento de las plusvalías también sería radical. Se fijaría un mínimo exento en torno a los 3.000 euros y el resto iría a tributar directamente al tipo proporcional del 30%, desde el primer día de generación. En estos momentos las que se generan a más de un año gozan de una mejor tributación (15%). A los fondos de pensiones se les limitaría la aportación anual con derecho a deducción fiscal.

La reforma de Sebastián se ha ido granjeado, sin embargo, la oposición de parte de los teóricos hacendistas, que la consideran excesivamente ambiciosa; de sectores económicos determinados, como los ligados a la vivienda o a los fondos de pensiones (opuestos a que se recorten las deducciones); y de un sector del partido socialista, temeroso de que un tipo único acabe beneficiando sólo a las rentas más altas.

Finalmente han triunfado las tesis más moderadas del vicepresidente Solbes y del secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

No se irá a un tipo único, sino a una reducción 'hasta donde se pueda' del número de tramos y se mantendrán los incentivos por compra de vivienda, por los que anualmente los contribuyentes del impuesto se ahorran más de 3.000 millones de euros al año.

Sin embargo, Solbes ha recogido parte de la impronta de Sebastián y de los miembros del PSOE incisivos en el retoque de las plusvalías para dotarlas de mayor progresividad, y de la eliminación de parte de las deducciones que, según el programa electoral socialista, complican el impuesto y lo llenan de dirigismo fiscal.

La obsesión de Solbes sigue siendo que el nuevo impuesto mantenga las líneas globales marcadas en la Unión Europea, de forma que cambios, por ejemplo en los rendimientos de capital, no acaben penalizando la captación de ahorro externo e interno.

El impuesto cuenta, además, con la fuerte limitación presupuestaria. El Gobierno ha prometido alcanzar superávit presupuestario de las administraciones públicas en 2005, 2006 y 2007, y una reforma que limara en exceso los ingresos pondría en peligro esta tarea.

Hay que tener en cuenta que el recorte de tipos en el IRPF no sólo afecta a la Hacienda estatal, sino también a las comunidades autónomas, que se reparten el 33% de la recaudación global del tributo.

Por otra parte, el calendario inicial que maneja el Ministerio de Hacienda incluye la presentación oficial de las 'directrices generales' del impuesto a finales de marzo. La aprobación de la reforma en Consejo de Ministros no se hará, al menos, hasta junio, para que dé tiempo a que se diseñen los Presupuestos del Estado.

La tramitación parlamentaria se produciría a partir de septiembre, con el fin de que el nuevo impuesto entre en vigor en 2006.

La vivienda seguirá desgravando al 15%

La deducción por adquisición de vivienda se mantendrá, finalmente, dado su fuerte arraigo en la sociedad (5,5 millones de contribuyentes beneficiados). Y quedará casi en los mismos términos. Hacienda maneja mantener el límite máximo actual de 9.000 euros anuales. A este límite se le podrá aplicar una deducción del 15% por aportaciones a cuentas de vivienda o por amortización de préstamos hipotecarios, como ahora.Sin embargo, está en estudio eliminar los llamados 'porcentajes incrementados', por los que un contribuyente podría aplicarse una deducción del 20% y del 25% en los dos años siguientes al de la compra del inmueble, en caso de que éste haya sido adquirido con financiación ajena (hipoteca) o mediante un préstamo familiar.En cualquier caso, el Gobierno mantendrá los derechos adquiridos por los contribuyentes. El que se haya comprado una vivienda antes de la reforma seguirá disfrutando de los porcentajes de incremento. Hacienda está estudiando también introducir una deducción para los inquilinos de viviendas arrendadas, como ya ocurre en algunas comunidades, en el tramo autonómico del IRPF, y como existía antes de que el PP llegara al Gobierno.

Los hijos deducirán según el ingreso familiar

La reforma del impuesto variará el trato actual por descendientes a cargo. La ley permite ahora una reducción de entre 1.200 y 2.300 euros por cada hijo, de forma progresiva y en función del número de hijos. La reducción, al aplicarse a la base imponible del impuesto, es la misma con independencia de la renta del contribuyente. Este aspecto es muy criticado por el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Angel Fernández Ordóñez, quien ya ha avisado que se retocarán los incentivos para que los contribuyentes con menor renta puedan beneficiarse de un mejor trato fiscal por hijos.Esto se conseguiría llevando las reducciones actuales desde la base a la cuota del impuesto, o bien estableciendo límites en función de la renta sobre las cantidades actuales. Aún no se ha tomado una decisión al respecto. Lo mismo sucede en el caso de discapacitados y ascendientes a cargo, por los que el contribuyente también tiene derecho a deducción dentro de lo que se denomina 'mínimo personal y familiar'. Queda también por delimitar qué pasará con la paga (deducción en la cuota) de 100 euros mensuales a las madres trabajadoras por hijos menores a tres años.

Un coste recaudatorio inferior a 3.000 millones

La consigna impuesta desde el Gobierno es que el nuevo IRPF tenga el menor impacto recaudatorio posible a las arcas públicas, para no dañar a los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2006.En principio, los técnicos trabajan con la idea de no rebasar los 3.500 millones de euros que tuvo de impacto inicial la última reforma del PP, diseñada por Cristóbal Montoro. Y de ningún modo se irá a los 5.000 millones de la primera reforma del Partido Popular en 1998, con Rodrigo Rato al frente.El coste de la nueva reforma dependerá, sobre todo, dónde se coloque finalmente el tipo marginal mínimo del 15%, que afecta a una gran mayoría de contribuyentes. Cualquier variación a la baja en el mismo, aunque sólo sea de un punto, ocasionará grandes pérdidas recaudatorias. Afortunadamente el Gobierno cuenta con una coyuntura favorable. Los ingresos tributarios crecieron en 2004 un 8,2%, fruto del dinamismo del consumo y de los buenos resultados de las empresas, algo que el Ejecutivo espera que vuelva a repetirse este año.El IRPF sigue siendo el impuesto estrella del sistema, con 48.000 millones de euros anuales de recaudación, un tercio del total.

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