Regulaciones y productividad
El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para mejorar la competencia e impulsar la productividad y anuncia que a éste seguirán otros con el mismo objetivo. Es de esperar que los futuros no sólo se centren en los mercados de productos sino también en los mercados de factores, muy especialmente el de trabajo.
Una racionalización de las regulaciones de los mercados, que consiga un equilibrio entre los objetivos perseguidos por las regulaciones y una mayor flexibilidad de las decisiones empresariales es la estrategia adecuada para impulsar la productividad, junto al incremento del capital humano y el desarrollo de infraestructuras públicas estratégicas. En algunos países europeos (y en otros asiáticos con éxito) se está produciendo un esfuerzo continuado en recabar información sistemática de las empresas sobre las restricciones que les imponen distintos tipos de regulaciones y, también, un esfuerzo en realizar un análisis coste-beneficio riguroso de las propias regulaciones. Avanzar en ambas direcciones en nuestro país resultaría altamente relevante.
Hay algunas informaciones que, aunque insuficientes por su carácter excesivamente agregado, tienen algún interés. En un informe titulado Doing Business 2005, realizado por un departamento del Banco Mundial a partir de opiniones de empresarios y asesores de empresas, se obtiene una valoración comparada de algunas regulaciones en 144 países. Una comparación de la realidad española con la de los países de la OCDE aporta algunos resultados interesantes.
Hay aspectos en los que las restricciones a la actividad empresarial en España son sustancialmente mayores que en la media de la OCDE
Hay varios aspectos en los que las restricciones a la actividad empresarial en España son sustancialmente mayores que en la media de la OCDE. Desde luego en las que se refieren al mercado de trabajo, pero también en otras. En las primeras, España está por encima de la media más dos desviaciones típicas (es decir, la realidad española es estadísticamente un atípico) en dificultades para despedir y, casi también, en dificultades para contratar. Y está por encima de la media más una desviación típica en la rigidez en el número de horas trabajadas.
En las restricciones para iniciar un negocio o empresa, España está peor que la media de la OCDE en más de dos desviaciones típicas en la duración que toma el proceso (de nuevo, somos un atípico) y peor que la media más una desviación típica en el coste de ese mismo proceso.
En las dificultades que tienen las empresas para garantizarse el cumplimiento de los contratos, algo fundamental para una buena planificación y para reforzar la disposición a asumir riesgos, las que encuentran los empresarios españoles son mayores que la media de los países desarrollados. Y lo son en una desviación típica en el número de procedimientos y en el coste (como porcentaje del valor de los contratos incumplidos) para asegurar el cumplimiento de los contratos.
No están reflejados en este estudio otros aspectos de las regulaciones que son relevantes. Concretamente, las restricciones administrativas al funcionamiento de algunos sectores. Restricciones que resultan más gravosa por la multiplicidad de estamentos administrativos y por la escasa valoración que los empresarios tienen entre los funcionarios de la Administración (de todos los ámbitos, incluido el judicial). La generalización de la ventanilla única y el establecimiento de mecanismos para que la Administración sea más diligente en la concesión de permisos o en la resolución de conflictos son avances necesarios. Si en el estudio Doing Business 2005 se obtiene que el proceso de inicio de la actividad de una empresa tiene en España una duración 'atípicamente' alta, por la mala calidad administrativa, no debe esperarse que la duración de la toma de otras decisiones administrativas relevantes para las empresas sea en España un ejemplo de diligencia.
Son las empresas pequeñas con capacidad de crecimiento rápido las más negativamente afectadas por las malas regulaciones en los mercados de productos y en el mercado laboral. Y, más que probablemente, entre éstas están las que tienen mayor capacidad innovadora y las que más pueden contribuir a dinamizar mercados y sectores con deficiencias de competencia.
Un sector sensible a regulaciones de varios tipos y que puede estar contribuyendo al diferencial de inflación con los países de nuestro entorno es el de la distribución. Un estudio en profundidad de éste sector, que calibre como están afectados sus costes, su márgenes y su grado de competencia por las distintas regulaciones me parece de singular importancia.
Al final, sin embargo, uno tiene la sensación de que donde las reformas son más necesarias es en el mercado de trabajo. Y éste es el toro más difícil de lidiar.